Impuesto a la riqueza en Argentina: El proyecto estrella de Máximo Kirchner que avanza en el Congreso
El oficialismo argentino consiguió la aprobación del proyecto de ley que establece un impuesto que alcanza a las personas con patrimonios mayores a US$ 2,5 millones, con el objetivo de contener los efectos de la pandemia.
Tras un debate de 13 horas en la Cámara Baja, el oficialismo argentino consiguió la aprobación del proyecto de ley “Aporte Extraordinario a las Grandes Fortunas”, es decir, un impuesto a la riqueza que alcanza a las personas con patrimonios mayores a US$ 2,5 millones, con el objetivo de contener los efectos económicos de la pandemia en el país.
El proyecto fue impulsado por Máximo Kirchner, jefe de bancada del Frente de Todos -coalición oficialista- en la Cámara de Diputados. Eso sí, se demoró siete meses en llegar al Congreso, pese a que fue concebido para paliar los efectos de la pandemia. Según indica el diario argentino La Nación, esta demora no fue caprichosa.
El ministro de Economía Martín Guzmán estaba enfrascado en cerrar la renegociación de la deuda con los bonistas bajo legislación extranjera, y observaba que este impuesto solo le generaba ruido con los acreedores. Se trata así de un proyecto que no estaba dentro de las prioridades del gobierno, pero que el hijo de los Kirchner quiso acelerar a toda costa “marcando la cancha”, como describen los medios argentinos.
El autor del proyecto y titular de la comisión de Presupuesto, Carlos Heller, argumentó que el impuesto a la fortuna “es por única vez porque se pretende alcanzar a aquellas personas que son titulares de grandes fortunas”. Por otro lado, descartó que la iniciativa “estuviese pensada contra determinadas personas (...). No es una confrontación entre los que más tienen y los que menos tienen”, señaló frente a las críticas de la oposición.
El proyecto de Aporte Solidario y Extraordinario alcanzaría a menos de 10 mil personas, según la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), es decir 0,8% del total de los contribuyentes que presentaron declaración jurada de bienes personales, y 0,02% de la población argentina. De acuerdo a la agencia de noticias Télam, “la recaudación se destinará a comprar equipamiento de salud para atender la pandemia, apoyar a las Pymes con subsidios y créditos, urbanizar los barrios populares con obras que empleen a los vecinos y vecinas, hacer obras y equipar a YPF para producir y envasar gas natural y financiar un relanzamiento del plan Progresar para que las/os jóvenes puedan seguir estudiando”. El oficialismo prevé recaudar $ 307 mil millones de pesos argentinos (US$ 3.830 millones).
Se considera que los afectados por el aporte extraordinario son “las personas humanas y sucesiones indivisas residentes en el país”, los argentinos con residencia fiscal en paraísos fiscales y los argentinos que tienen residencia en el exterior (pero exclusivamente por sus bienes en el país) cuando sus bienes declarados superen los 200 millones de pesos argentinos (US$ 2,5 millones). El texto aprobado establece como fecha de valuación el día de promulgación de la ley.
Eso sí, se deja afuera a las empresas, pero no las participaciones en empresas, lo que podría implicar un desaliento a la inversión, según la oposición. Por el total de bienes en el exterior se tributará un recargo del 50% sobre la alícuota correspondiente. Aunque La Nación expone que “se abre una ventana para evitar ese salto tributario: repatriar al menos un 30% de las tenencias declaradas fuera del país en un término de 30 días desde la entrada en vigor de la ley”.
“Los argentinos y argentinas necesitamos encontrar un punto de equilibrio y acuerdo. Necesitamos del sector privado y del sector público invirtiendo juntos. Se trata de encontrar entre todos y todas una salida en común”, dijo Máximo Kirchner en su discurso por video, puesto que pasadas las 23:00 tuvo que dejar el recinto para aislarse de manera preventiva porque le comunicaron que había dado positivo de coronavirus un contacto estrecho.
La oposición, agrupada en la coalición macrista Juntos por el Cambio, criticó duramente el proyecto y sostuvieron que es un “impuesto confiscatorio”. “Es un muy mal impuesto, mal diseñado desde el punto de vista de la técnica tributaria y solamente va a lograr expulsar inversiones del país, esas que tantos necesitamos los argentinos”, señaló el diputado radical Luis Pastori. Otro diputado del PRO -partido de Mauricio Macri-, Jorge Enríquez, atacó directamente contra Máximo y Heller: “Es un impuesto impulsado por un rico heredero y un banquero sensible”.
El jefe del interbloque de Juntos por el Cambio, Mario Negri, señaló que “acá no perseguimos fortunas ociosas multimillonarias, de acá la mayoría son laburantes. Con la devaluación de nuestra moneda, ¿qué es multimillonario, el que tiene una Pyme?, ¿el que tiene cinco centros mecanizados, que salen un millón de dólares cada uno? ¿Y si tiene un tambo con 100 vacas, un galpón, una camioneta y un tractor? Y después le vamos a ir a buscar las retenciones también”.
De todas formas, Heller indicó que “es una falacia que afecte a las Pymes y a la producción” y especificó que 252 personas de esas 10 mil afectadas “aportarían el 50% del total”. El debate ayer, que duró hasta las 3 de la madrugada, estuvo acompañado de una manifestación en su respaldo a las afueras del Congreso. El 17 de noviembre el peronismo celebra el Día del Militante y, en esta instancia, el impuesto a la riqueza fue defendido como un “acto de Justicia y solidaridad” para enfrentar la pandemia.
El proyecto, que recuerda al presentado en Chile en julio por un grupo de diputados de oposición que establece un impuesto transitorio equivalente al 2,5% del patrimonio de las personas más ricas del país, ahora deberá pasar al Senado donde el oficialismo argentino cuenta con una holgada mayoría.
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