Informe 2023 del consejo que evalúa los SLEP alza la voz: “No se recomienda detener la implementación o retornar a lo municipal”

El Consejo de Evaluación de la Nueva Educación Pública (NEP), reforma que desde 2017 comenzó con el traspaso del servicio educativo desde los municipios hacia los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP) dependientes de la Dirección de Educación Pública (DEP), emitió un nuevo informe anual de seguimiento al Sistema de Educación Pública. Y ahí deja en claro que su recomendación es seguir adelante con el proceso. Con correcciones, sí, pero adelante.

Como todos los años desde que comenzó el proceso, el consejo de la nueva institucionalidad, compuesto por seis consejeros rotativos de diversa índole técnica e incluso ideológica, debe emitir un informe anual -abril de cada año- donde analiza los avances y propone recomendaciones. Es, en buenas cuentas, un seguimiento de la conocida también como desmunicipalización escolar.

Y así, fruto de la crisis del SLEP Atacama, los cuestionamientos al proceso, las voces que han pedido detenerlo y, ahora último, las correcciones a la ley que ingresó hace poco el Ministerio de Educación, el informe de este año era muy esperado. Más, incluso, que los ya emitidos en 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022, junto a la evaluación intermedia de 2021.

En tal sentido, los distintos informes se realizan analizando aspectos de la gestión pedagógica; gestión de recursos financieros; gestión de personas; liderazgo; participación y vinculación con la comunidad, y convivencia escolar. Pero, además, cada informe analiza aspectos relevantes de la coyuntura. De ahí la relevancia de las presentes conclusiones a las que tuvo acceso La Tercera y que esta vez fueron elaboradas por Aldo Cassinelli, María Teresa Flórez, Omar Jara, Gonzalo Muñoz, Fernando Peña y Daniel Rodríguez.

En ellas se puede apreciar que el consejo, tal como ya lo había hecho hacia fines de 2022, como ya se ha dicho reafirma la postura de no detener el proceso, pero antes de ahondar en eso dedica una página para referirse a lo ocurrido en el SLEP Atacama. “Miramos con preocupación lo que ocurrió en Atacama, principalmente, por el riesgo de que esta crisis se repita en otros territorios con condiciones similares (...) en comunas en que el traspaso del servicio educativo es la única solución para contener el severo déficit financiero y gestión que acarrean los municipios desde hace varios años”, se lee, antes de añadir que es “improductivo abrir (nuevamente) un debate zanjado y con suficiente evidencia sobre el papel que jugaron los municipios en su rol de sostenedores. Ninguno de los consejeros recomienda que como alternativa a la crisis en Atacama se detenga la implementación de los SLEP, o más aun, que se retorne a la administración municipal”.

“Nos preocupa que los ataques públicos a la ley erosionen la legitimidad de la reforma, la que entendemos como una política de Estado indispensable para mejorar la administración y calidad de la educación pública”, añaden, explicitando que han visto logros y proyecciones favorables. “La NEP aún es joven. Dejemos que crezca y se desarrolle”.

Esa mirada cobra especial relevancia porque el Protocolo de Acuerdo para la aprobación de la partida de educación en el proyecto de Ley de Presupuesto 2024 estableció que el mismo consejo debe pronunciarse durante este año sobre la suspensión total o parcial de la creación de nuevos SLEP.

Como sea, el consejo, que tuvo 23 sesiones, también aborda en su actual informe la apuesta del Mineduc para no repetir la crisis atacameña y que tiene que ver con las correcciones a la ley ingresadas a inicios de abril y que, entre otras cosas, incluyen un catálogo de sanciones para las comunas que no vayan cumpliendo con el proceso de traspaso.

En esa línea, se considera positivo “que las debilidades y tensiones observadas durante estos primeros años de implementación sean abordadas a nivel legislativo y puedan ser resueltas de cara a los nuevos SLEP”, especificando lo bueno que resulta que las correcciones aborden la obligatoriedad de los Planes de Transición, la creación de un Fondo de Infraestructura, o la mejora en la operatividad de los Consejos Locales y Comités Directivos.

El consejo, como cada año, va dando cuenta de algunos aspectos generales de la reforma. Y así, entre otras cosas, sobre el diseño de la política se dice que los entrevistados pertenecientes a SLEP evidencian “la persistencia de problemáticas registradas en años anteriores, a la vez que se reportan esfuerzos de parte de la DEP por subsanar tales dificultades”. Estas últimas apuntan, entre otras cosas, a la ejecución de los recursos que les son asignados. “Ello debido a inconsistencias entre el periodo de ejecución de gasto que establece la Ley de Presupuesto de 12 meses, y la particular temporalidad con que funciona el sector educativo”, se lee.

También se dice que persisten los problemas de articulación con la Dirección de Presupuestos (Dipres) en cuanto a solicitudes, o la lentitud en los procesos de selección de ciertos cargos clave a través de concursos públicos. Para lo primero el consejo sugiere que los SLEP puedan negociar de forma directa con la Dipres, lo que ya fue acogido por la DEP para ser estudiado, aunque advirtiendo que podría resultar contraproducente en el caso de aquellos SLEP que no han alcanzado un nivel de desarrollo interno necesario.

Positivamente se recoge que, sobre todo los SLEP más antiguos, han logrado fortalecer el trabajo conjunto entre las organizaciones públicas relacionada con los SLEP: “Los directores ejecutivos manifiestan que con el transcurso del tiempo se han ido robusteciendo las relaciones de colaboración con otras instituciones”; o que al ser sostenedores de varias comunas, las instituciones regionales y provinciales reducen su carga de trabajo.

De la gestión pedagógica se destaca que los directores de establecimientos valoran el apoyo técnico que las comunidades reciben de parte de los equipos implicados, así como se advierte que hay una percepción de los docentes de una sobrecarga laboral.

¿Y en cuanto a infraestructura, equipamiento y recursos educativos? Las respuestas son variadas. Y es que si por un lado se valora el desarrollo de proyectos de inversión y ejecución de obras, por otro la percepción es que persisten los problemas de infraestructura.

Luego de todo el análisis, el consejo informa los principales avances y aspectos positivos recabados, pero también aquellos que requieren mejoras.

Sobre lo bueno, se valoran los nuevos plazos -dos años- de implementación de los SLEP, así como que se constata la existencia de apoderados participantes de Comités Directivos Locales “comprometidos e interesados en ser parte de las decisiones”, o que en general los directores ejecutivos afirman que 2023 fue un año fructífero en términos del desarrollo de proyectos de inversión y en ejecución de obras.

En la vereda de aquellos aspectos que tienen que ser revisados, el consejo observa, “entre los aspectos más urgentes y críticos”, que la gestión de recursos sigue siendo “un desafío permanente”, debido a que la normativa asociada a la gestión económica de los servicios públicos no logra responder de manera eficiente a las necesidades pedagógicas y materiales de los establecimientos. Esto, se añade, se relaciona con choques de normativas y con la necesidad de realizar modificaciones a otros cuerpos legales asociados a presupuesto y financiamiento, de manera que se logre contar con el presupuesto real que se requiere.

“Se reiteran las problemáticas de conectividad territorial, especialmente en aquellos SLEP con gran extensión geográfica y/o que integran varias comunas con difícil acceso”, suma el informe, el que agrega que la operación de los municipios sigue observándose como un obstáculo en los procesos de transición y traspaso, así como que se constata un “abandono prematuro” de muchos sostenedores que frente al traspaso comienzan a desentenderse de sus responsabilidades.

El consejo dice que además de ser lento el proceso de concurso para algunos cargos, también persisten algunas dificultades en el Servicio Civil en relación con la elección de personas, especialmente jefes de administración y finanzas, apoyo técnico pedagógico y directivos jefes de gestión de personas.

Por todo lo analizado, el consejo finalmente hace algunas recomendaciones, entre las que se cuentan realizar cambios a la normativa de la gestión presupuestaria que permitan disponibilidad de recursos más inmediata para los establecimientos; tomar acciones para agilizar y flexibilizar los procesos de asignación de recursos por parte de la Dipres, “por ejemplo, permitiendo que aquellos servicios que ya se encuentran en marcha y han alcanzado cierta madurez puedan negociar directamente”; reitera la idea de crear oficinas locales en aquellos territorios con conectividad compleja; pide mayor fiscalización y responsabilización hacia las municipalidades y más incidencia de la Superintendencia de Educación; solicita evaluar la posibilidad de contratar personal transitorio en el Servicio Civil especializado en los SLEP; e insiste en la necesidad de una campaña informativa masiva que visibilice la NEP.

Sobre el informe, el ministro de Educación, Nicolás Cataldo (PC), dice que como cartera valoran el informe, “que en lo medular refuerza la necesidad de continuar con el proceso de implementación de los SLEP”. Y añade que “como ha indicado el propio consejo, este sistema es una política de Estado ‘indispensable para mejorar la administración y calidad de la educación pública´”, por lo que ve que las sugerencias son coincidentes “con el sentido de las medidas administrativas y legales que hemos adoptado, y confirma que el proyecto de ley presentado en marzo va en la dirección correcta”.

Asimismo, Muñoz, uno de los consejeros, detalla que este nuevo informe ratifica algo que el consejo ha planteado hace bastante tiempo: “Este es un sistema que requiere correcciones, pero que debe mantener su dirección y sentido originales, que es reemplazar a los municipios con una nueva institucionalidad dedicada exclusivamente a la educación a lo largo de todo el país”. Por eso, espera que este informe “sirva para que los distintos actores, sobre todo los que toman decisiones, pongan todo su esfuerzo en fortalecer esta reforma, por ejemplo procesando y mejorando el proyecto de ley que el gobierno presentó al Congreso, o consiguiendo más recursos, que son indispensables para que la nueva educación pública salga adelante”.

Flórez, por su parte, reitera que “detener el proceso implica dejar la educación pública en manos de las municipalidades, lo que en muchos casos implica perpetuar prácticas cuyo diagnóstico crítico es conocido y, de hecho, motiva la generación de la ley”. Es eso también, apunta, “lo que genera que los procesos de traspaso e instalación presenten múltiples desafíos, porque se heredan problemáticas desde la administración municipal”. Y cierra: “Es importante seguir trabajando en la mejora de los aspectos críticos del proceso, los que hemos consignado en nuestros informes, y por ello en la última publicación llamamos a tener altura de miras en la discusión legislativa, con una visión de largo plazo que tenga por foco fortalecer la educación pública”.

Finalmente, Peña asevera que la crisis en Atacama “fue una prueba de fuego al sistema” y que como tal “nos preocupa la legitimidad de la reforma y el poco apoyo político a la nueva educación pública”. Eso sí, advierte que “lamentablemente el proyecto de ley que repuso el Mineduc en el Senado no responde a todos los cuestionamientos”.