El irónico origen del "decreto fundado" para destituir a mandos uniformados: Chadwick, Espina y Larraín lo negociaron el 2004

"...mediante decreto fundado e informando previamente a la Cámara de Diputados y al Senado..."

Estas catorce palabras contenidas en el articulo 104 de la Constitución son las que le han puesto más tensión -si cabe- a la ya dificultosa decisión del Presidente Sebastián Piñera de destituir al general Hermes Soto. En lo que va corrido del día, el inédito procedimiento ha obligado al gobierno a movilizar al Congreso a dos ministros -Andrés Chadwick, Interior, y Gonzalo Blumel, Segpres- y un subsecretario -Rodrigo Ubilla, Interior- en una jornada que podrían haber dedicado a otras prioridades si el jefe policial no se hubiese negado a renunciar.

Es posible que las sesiones de hoy en ambas cámaras sean un "mero trámite", como auguraban ayer algunos optimistas en el Ejecutivo, o que se abra un debate en sala que haga más ruidoso el asunto, aun cuando los parlamentarios no puedan votar. Como sea, es un escenario que en La Moneda nadie tenía en la cabeza hasta las 17 horas de ayer y que ha forzado a gastar horas hombre y horas mujer en velar por no cometer nuevos errores en el Caso Catrillanca, esta vez en un mecanismo que jamás se ha usado.

Eso, sin contar el postrer paso por Contraloría para la toma de razón del decreto, cuyo contenido ha sido motivo de intensa discusión. Mientras, Soto ha aprovechado el tiempo, despidiéndose de unidades, insistiendo en por qué no quería dejar el mando, y -valga recalcarlo- acentuando la sensación de que el Ejecutivo no controla la situación.

¿Lo más paradójico de todo esto? Que si alguien en el gobierno desea quejarse o reclamar por el hecho de que S.E. no pueda remover por su propia potestad a un mando uniformado, tal vez quiera hacérselo presente a los ministros Hernán Larraín (Justicia), Alberto Espina (Defensa) o... al mismísimo Andrés Chadwick. Los tres eran senadores el 2004, y fueron los negociadores por la derecha -coalición UDI-RN entonces conocida como "Alianza por Chile"- de las reformas a la Constitución que, entre varios otros cambios, intentaron devolverle al Presidente la facultad de remover a los jefes militares y policial.

La Concertación quería volver a la fórmula de destitución simple; la derecha no, y finalmente exigió como condición -a través de los mencionados senadores, recalcan autoridades y parlamentarios de la época- el requisito contenido en el Artículo 104.

Hasta entonces, los mandos castrenses eran inamovibles; sólo podían ser removidos con acuerdo del Consejo de Seguridad Nacional, Cosena, pero como ahí estaban los mismos mandos, en los hechos era impracticable destituirlos . Los legisladores de derecha se habían opuesto cambiar de la Constitución normas como ésta y el sistema binominal. Eso, hasta que durante el gobierno de Ricardo Lagos ambos bandos negociaron larga y trabajosamente un acuerdo político, en una época donde aún existían senadores designados.

Antes hubo intentos fallidos: el mismo Piñera, como presidente de RN, intentó el 2003 liderar un acuerdo por razones obvias, pero fue boicoteado por sus adversarios internos -los entonces "lavinistas", entre los que se contaba el hoy ministro del Trabajo, Nicolás Monckeberg- en el Congreso.

Cuando el 2004 ambos bandos acercaron posiciones, los hoy ministros Larraín y Espina estaban en la comisión de Constitución del Senado, recuerda el entonces ministro del Interior, José Miguel Insulza. También intervieron senadores UDI como Chadwick, Juan Antonio Coloma y Jovino Novoa.

"Efectivamente. Estaban Chadwick, Espina y Larraín negociando esto, y sí, fue una manera de transar para lograr recuperar la facultad del Presidente de la República de remover a los comandantes en jefe. No se pudo volver a que fuera por la sola decisión del Presidente, y para lograr la mayoría necesaria llegamos a una fórmula intermedia: esta condición, que si bien no era limitante, ponía la condición de fundar", recuerda claramente el entonces senador DC Andrés Zaldívar, por años número puesto en estos acuerdos.

Agrega que "la posición de la derecha era cerrada, a no acceder. Tampoco eran partidarios de terminar con el sistema binominal, ni de modificar el Cosena. Todo eso fue una negociación que tardó más de dos años".

El desenlace pudo ser distinto. Al comienzo, los senadores UDI y RN querían requisitos más altos a cambio de acceder a la histórica modificación. Se planteó que en vez de informar, el Presidente contara con el acuerdo del Senado, en un procedimiento similar al que se exige para nombrar -por ejemplo- a los directores de TVN. No hubo acuerdo, y los hoy ministros debieron bajar la puntería.

De haberlo conseguido, probablemente hoy ellos mismos estarían afanados en conseguir los votos para concretar la destitución de Soto.

"Ellos partieron sobre la base de no innovar. Luego aceptaron revisar la facultad presidencial, pero algunos con consulta al Parlamento. La verdad es que fui partidario de aceptarlo a no tener nada", agrega Zaldívar.

También se propusieron requisitos como pasar por el filtro del Tribunal Constitucional o las comisiones de Defensa del Congreso.

Insulza subraya que "se acordó plantear en el proyecto que el Presidente pudiera remover a los comandantes en jefe y al general director. La derecha, que se opuso por mucho tiempo a esto, aceptó siempre que fuera con causa fundada: el Presidente tenía que informar al Congreso con un decreto fundado".

Cerrado el acuerdo, se tramitó el proyecto en el Congreso. Ambas partes honraron el compromiso, y la tarde del 6 de octubre del 2004 la norma fue aprobada en el Senado (quedaban instancias legislativas por delante) por 37 votos contra 6. Sólo se opusieron los designados Marcos Aburto, Julio Canessa (ex vicecomandante del Ejército bajo Augusto Pinochet), Fernando Cordero, Jorge Martínez, Ramón Vega y Enrique Zurita.

Rodolfo Stange Oelckers, entonces senador UDI y que había sido el último jefe de Carabineros que había desafiado a un Presidente al negarse a renunciar (cuando era inamovible), no votó.

En el acta quedaron impresas frases como las del hoy aún senador UDI Juan Antonio Coloma, quien destacaba que "la solución es ingeniosa, por cuanto no se otorga una facultad absoluta al Primer Mandatario -podría ser arbitraria, eventualmente-, sino que éste debe fundar su decisión e informarla al Senado, lo cual considero que, al menos, constituye una lógica de equilibrio adecuada".

O como lo advertido por el hoy fallecido Edgardo Boeninger Kausel: "Me alegro enormemente de que en el acuerdo político se haya desestimado la idea que circuló durante largo tiempo y que postulaba que el Presidente de la República debería oír al Senado o a su Comisión especializada antes de tomar la decisión de llamar a retiro a un Comandante en Jefe, y se haya establecido el criterio de la información previa a la Cámara Alta".

Mirando hacia atrás, Insulza coincide en la paradoja que hoy enfrenta la derecha gobernante, con los mismos actores en otros puestos: "Claro, yo creo que si la reforma fuera ahora, la pediríamos nosotros, efectivamente", sonríe.

Zaldívar cree que "por supuesto" que es irónico, y apunta, antes de colgar el teléfono:

-Hay que tomar nota: muchas veces la historia va convenciendo a la gente de los errores o de las tesis erradas que han sostenido. Es aprender de la política que muchas veces hay que mantener posiciones racionales y no pasionales.