La Corte de Apelaciones de Santiago resolvió el pasado miércoles 30 de junio revocar la resolución que impedía al Ministerio de Educación continuar con el cierre de la Universidad La República (ULARE). Esto, luego de que la casa de estudios presentara un recurso de protección en contra del Consejo Nacional de Educación (CNED).

La resolución de la tercera sala del tribunal de alzada deja sin efecto la orden de no innovar concedida el pasado 15 de junio que mantenía paralizado el proceso de cierre. En los próximos días, el CNED debe reunirse de manera especial para aprobar o rechazar la propuesta que presentó el Mineduc de administrador de cierre. Su nombre es guardado bajo extrema reserva.

Se trata de un vuelco en el complejo estatus de la universidad, que históricamente ha sido asociada a la masonería y al Partido Radical. Hoy la ULARE acumula pasivos por más de $14.000 millones y se encuentra en una “grave crisis institucional y financiera”, según detalló la Superintendencia de Educación Superior.

El 6 de mayo, el CNED -en una decisión unánime- resolvió revocar el reconocimiento oficial de ULARE por haber incurrido en graves infracciones a sus estatutos. El consejo concluyó que “el debilitamiento institucional es tan severo, que no permite a la Universidad contar con los elementos básicos para desarrollar sus actividades propias, de la manera que se espera de una institución de educación superior autónoma”.

Sin embargo, la casa de estudios ha desplegado un fuerte lobby con diputados y senadores de distintas bancadas para evitar que se lleve adelante el cierre. Es así como el abogado y expresidente de la asamblea de socios, Leandro Carvallo Rodó (PR) junto a su hija Macarena (PR), exsubsecretaria de Previsión Social del gobierno de Ricardo Lagos, han lanzado una ofensiva en tribunales. Primero, por medio de un recurso de reclamación en contra de la Superintendencia de Educación Superior y luego a través de un recurso de protección en contra del CNED. La institución nunca se pudo recuperar de la crisis que la afectó en 2008.

Frente al último revés judicial, ayer la defensa de la universidad volvió a la carga. Esta vez presentó un escrito de reposición y calificó como “sorprendente” la resolución de la tercera sala de la Corte de Apelaciones. En su escrito, el abogado Leandro Carvallo lanzó duros cuestionamientos en contra del tribunal de alzada y sus miembros, señalando que el Consejo de Defensa del Estado (CDE) -órgano que actúa en representación del CNED- no aportó ningún antecedente nuevo que le permitiera revocar su decisión.

“Me causa sorpresa que el Ministro Sr. Juan Esteban Mera, que es una persona de máxima corrección, haya permitido que esta reposición deducida por el Consejo de Defensa del Estado se haya visto y decidido por la Tercera Sala que preside, conformada por un Abogado Integrante distinto al que con su voto favorable concurrió el 15 de junio a otorgar la ONI”, sostuvo Carvallo.

“Quienes hemos tenido el alto privilegio de haber sido abogado integrante de esta Corte siempre actuamos de esa manera y nos absteníamos de pronunciarnos si antes una ONI había sido otorgada por otros Ministro o Abogado Integrante y se pretendía dejarla sin efecto. Eso es lo ético y lo moral y la falta de esos principios son los que desprestigian a la justicia y a la magistratura, y a ello se debe que nuestro país se encuentre como está. La inconsecuencia, la manera repudiable con que actúan muchas personas a quienes se les confía actos de autoridad son los que contribuyen a ese desprestigio institucional”, remató la defensa de ULARE.

El abogado de la Universidad La República, Leandro Carvallo solicitó que se vote nuevamente el recurso de reposición del CDE y que sea visto por los dos ministros titulares y por el abogado integrante Cristián Lepín Molina.

Mientras, un grupo de 50 estudiantes de la carrera de Enfermería presentó dos recursos de protección en contra de la Universidad La República, alegando un alto costo en el valor del examen de título. Se trata de un examen con un costo superior a los $ 500.000 y -según ellos- jamás estuvo considerado dentro de la malla curricular de la carrera de Enfermería. Se les exige matricularse y pagar el examen y de no hacerlo, no pueden recibirse y pierden sus estudios.

“Hoy la recurrida Universidad, de forma arbitral e ilegal intenta cambiar las condiciones a sus estudiantes, apremiándolos de la forma más agresiva, improcedente y vulneratoria, diciéndoles que los dejaran sin matrícula para el año 2021 y 2022, años que por cierto es de su posible egreso y titulación como enfermeros y enfermeras, y que la única forma de ser parte de la casa de estudios y terminar aceptando este examen nuevo, que nunca estuvo contemplado al momento de contratar desde el año 2017 en adelante, hasta la fecha actual”, consignó en su presentación.

En el escrito, la defensa de los estudiantes solicitó que se ordene a la universidad que se abstenga de implementar la rendición del mencionado Examen de Título, y su consiguiente cobro económico, como requisito para que los estudiantes puedan optar la titulación de su carrera. Sin embargo, la Novena Sala de de la Corte de Apelaciones de Santiago denegó dicha petición y por estos días está a la espera de los descargos que debe presentar la casa de estudios.

En tanto, la Contraloría General de La República resolvió abstenerse de emitir un pronunciamiento ante el requerimiento que plantearon los disputados Cristina Girardi (PPD); Camila Rojas (Comunes); Camila Vallejo (PC) y Gonzalo Winter (CS) en el que solicitaron conocer si era procedente el nombramiento de un administrador provisional, en forma previa a la designación de un administrador de cierre.

Ayer jueves la comisión de Educación de la Cámara de Diputados recibió por segunda ocasión al rector de la Universidad La República, Fernando Lagos. En su alocución, el representante de la institución lanzó duros cuestionamientos al Ministerio de Educación por el cierre y la revocación de reconocimiento oficial.

“No solo no hemos sido escuchados, sino que también hemos sido atropellados desde la opinión pública por medios de comunicación que se han preocupado de mostrar solamente nuestro déficit financiero para provocar una estampida que tampoco se ha dado, porque a pesar de un decreto de cierre nuestros estudiantes siguen permaneciendo en sus clases con una asistencia de más del 80%”.

Pero sus críticas no solo apuntaron a las autoridades de gobierno, sino que también al Consejo de Defensa del Estado (CDE).

“¿Me vuelvo a preguntar, a qué he venido hoy a esta comisión? La respuesta es que hemos vuelto para pedir ayuda, pues en educación superior el Estado de derecho al parecer no existe para la Universidad La República. No existe una solución para el sistema de educación superior que vive nuestro país. Ante un recurso de protección, el Consejo de Defensa del Estado no escatima esfuerzos que todos sabemos cómo se mueve en los tribunales. Anoche recibimos con tristeza que esa Orden de No Innovar integrada por miembros distintos la misma sala, la revoca. Es inédito lo que estamos viviendo. No quiero hablar de persecución, sería una acusación que yo no me permito hacer, pero créanme que estamos muy cerca de aquello”, acusó el rector.

Consultado por La Tercera sobre su acusación al CDE, el rector Lagos respondió: “No doy entrevista”.

Frente a sus declaraciones el presidente del Consejo de Defensa del Estado, Juan Peribonio, respondió: “Puede entenderse que las contrapartes que enfrentamos judicialmente hagan uso de todos los argumentos para defender sus posturas, pero es inaceptable que recurran a descalificaciones gratuitas y a injurias, así como a la bajeza de imputar argumentos falsos en contra del CDE y de los propios Tribunales de Justicia. Los Tribunales son independientes y resuelven conforme a derecho”.