La arremetida de San Valentino: inmobiliaria exige que conservador concrete la transferencia de la ex Clínica Sierra Bella a Santiago

Dos días habían pasado desde el primer concejo municipal de Santiago en el que se trató el tema de la compra de la ex Clínica Sierra Bella, hasta que finalmente se concretó el acuerdo entre la municipalidad y la inmobiliaria propietaria del edificio. Era el 20 de enero y la administración de Irací Hassler firmó el contrato de compraventa con San Valentino, empresa dueña del exrecinto asistencial. Desde entonces han pasado casi cuatro meses y recientemente la compañía ha ingresado un recurso de reclamación en contra del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, el cual se negó a inscribir la compra. La empresa exige que se concrete la transacción, pese a que la propia jefa comunal anunció que no seguirá adelante con la adquisición, luego de que el precio pactado fuera objetado duramente por la Contraloría.

El 25 de abril, y ante el 19º Juzgado Civil de Santiago, la empresa de propiedad de Felipe Sánchez arremetió en tribunales, al ingresar un recurso de reclamación en contra del Conservador de Bienes Raíces, a quien acusa de no ajustarse al derecho para negar la inscripción de la compra de la ex Clínica Sierra Bella, edificación ubicada en la calle del mismo nombre en la comuna de Santiago.

Y es que el 1 de febrero la entidad judicial rechazó la inscripción por dos razones. La primera de ellas, por una observación de fondo debido a la diferencia de precios que existía entre el avalúo y el precio final que pagaría la comuna por el inmueble. Y es que el monto ofrecido por la administración de Hassler ascendía a más de $ 8 mil millones, siendo que el edificio había sido adquirido por San Valentino por poco más de $ 2 mil millones.

Lo anterior ya había generado reparos en ediles de oposición, quienes en el concejo municipal del 20 de enero se abstuvieron o rechazaron la compra de la exclínica. La concejala independiente Rosario Carvajal, además de los RN Juan Mena y Santiago Mekis, fueron los primeros en recurrir a la Contraloría para denunciar la compra del recinto que se transformaría en la primera “clínica municipal de Chile”.

El segundo motivo por el cual el 1 de febrero el Conservador de Santiago se negó a rechazar la inscripción del inmueble fue por un “error formal” en la documentación presentada. Y es que en la escritura de la compra y venta la municipalidad no agregó el RUT de su representante legal: Irací Hassler.

Ante eso, y una vez que Contraloría el 2 de febrero ya había ordenado no realizar ninguna gestión mientras llevaba a cabo la auditoria a raíz de las denuncias de los ediles, la municipalidad y la inmobiliaria ingresaron al Conservador una escritura complementaria y rectificatoria corrigiendo ese error.

En el recurso presentado ante el 19º Juzgado Civil de Santiago, la inmobiliaria San Valentino asume que el RUT de la alcaldesa no estaba en el documento, pero sostiene que sí está cuando Hassler comparece y firma el documento, “lo que es fácilmente comprobable, basta con mirar la escritura”, sostiene el texto.

En la argumentación jurídica del recurso, la empresa dirigida por Sánchez explica que por ley el Conservador “no podrá retardar ni rehusar a excepción de que la inscripción sea legalmente inadmisible”, dando una serie de situaciones en las que esta se podría rechazar. Ante eso, citan fallos de la Corte Suprema, donde se sostiene que la disposición por la cual se puede negar a la inscripción es “imprecisa en cuanto a la naturaleza de los defectos por los cuales el conservador puede rehusar una determinada inscripción”.

Para el abogado querellante, Sergio Rodríguez Oro, “se trata de conductas de agotamiento del delito de fraude al Fisco, ya que el vendedor intenta poder disponer del producto del delito ejecutando las instrucciones notariales que requieren inscripción del título. Lo anterior demuestra, como lo hemos sostenido en la investigación penal, que no se trata de un acto frustrado, sino que efectivamente se celebró un contrato de compraventa y se pagó parte del precio; ya se causó al perjuicio al patrimonio municipal. De todos modos, los dineros se encuentran incautados por resolución del juez de garantía”.

Si bien el texto asegura que no está el RUT de la alcaldesa en la escritura, sí lo está cuando Hassler suscribe la escritura. Por lo mismo, sostienen, que “no existe duda acerca de la identidad de la compareciente y es así pues la alcaldesa Hassler se identificó ante el notario, registró su pulgar en el instrumento que suscribió, firmó personalmente y lo hizo sobre el número de cédula de identidad”.

A raíz de aquello, el documento agrega que la inmobiliaria estima que aquello “recae sobre una formalidad que en ningún caso constituye un vicio constitutivo de nulidad absoluta y menos tiene la calidad de evidente en los términos que dispone el artículo 1683 del Código Civil. La pregunta relevante es si el Conservador de Bienes Raíces tiene alguna duda acerca de la identidad y comparecencia de la Municipalidad de Santiago representada por su alcaldesa, quien por lo demás se encuentra plenamente identificada por el Servel dada el acta de proclamación que se invoca y que no se inserta por ser conocida de las partes”.

Ante el intento rectificatorio que ingresó la inmobiliaria el 13 de febrero, el Conservador volvió a rechazar la inscripción, pues consideró que la forma de apelar no eran los instrumentos idóneos para corregir aquello.

En ese escenario, la empresa sostiene que se deduce que “es finalmente un problema de entidad de los instrumentos y si ello es asím el problema se delimita, a lo más, en el ámbito de la nulidad relativa”. Lo anterior porquem a su juiciom si bien faltaba el RUT en el documento, la alcaldesa compareció al momento de firma, por lo que la situación no es de aquellas instancias en las que el Conservador se pueda negar a inscribir el inmueble, por lo que se trataría de un “problema de formalidad más no de solemnidad”.

Por lo mismo, la empresa solicita al tribunal que ordene al Conservador de Bienes Raíces de Santiago a que inscriba la compra de la ex Clínica Sierra Bella y consigo dé curso a la operación que la misma Contraloría cuestionó al considerar que Hassler “no cauteló el correcto uso de recursos públicos”.