La denuncia penal por cohecho que complica a la magistrada Paula Brito, hija del exsupremo Haroldo Brito

La polémica intención de compraventa de una hostería en Iloca por parte de la Asociación Nacional de Magistrados (ANM), que terminó en una denuncia penal contra varios jueces por el delito de prevaricación judicial, hoy anota un nuevo episodio.

El viernes 13 de diciembre la jueza del 6° Juzgado de Garantía de Santiago, Vania Boutaud Mejías, presentó una denuncia penal por prevaricación judicial y cohecho en el Ministerio Público contra quienes resulten responsables por hechos resueltos por la magistrada del Tercer Juzgado de Garantía de Santiago, Paula Brito, quien es hija del exsupremo Haroldo Brito. Asimismo, Boutaud también presentó una queja disciplinaria contra Brito en la Corte de Apelaciones de Santiago.

La polémica entre jueces se remonta a 2015, cuando la Asociación Nacional de Magistrados buscaba adquirir un recinto vacacional ubicado en la Región del Maule, por un valor de $1.700.000.000. La idea, luego de que por esos años motivara reportajes de prensa, finalmente fue desestimada. Las críticas se centraron en el alto valor de la residencia y en que el vendedor era otro miembro de la asociación.

Por ese entonces varios jueces de la ANM se mostraron críticos a la compra, entre ellos la jueza Boutaud, quien en su calidad de secretaria general de la citada asociación manifestó su oposición. Según ella, esto generó una “enemistad” con los demás jueces que sí estaban a favor del proyecto inmobiliario. Allí es cuando parte un entramado judicial.

El 18 de marzo de 2018 Vania Boutaud interpuso una denuncia penal por el delito de prevaricación judicial y fraude procesal en contra de los magistrados Darwin Bratti Jorquera, Álvaro Arriagada Fernández, Ponciano Sallés Bastarrica, Jaime Fuica Martínez, Álvaro Flores Monardes, Mauricio Olave Astorga, José Delgado Ahumada y Alejandro Huberman David.

Según la acción judicial, los magistrados dictaron medidas intrusivas “injustas y contrarias a derecho” contra la jueza denunciante.

En ese tribunal se encontraba una querella por el delito de injurias presentada por Álvaro Flores Monardes, en su calidad de presidente de la Asociación Nacional de Magistrados, en contra de quienes resultaran responsables por el envío de un correo electrónico masivo dirigido a todos los miembros de dicha entidad gremial, “donde se contenía un “meme” o broma gráfica sobre un frustrado negocio de compra de un inmueble con dineros de dicha asociación, que el querellante estimó injurioso”.

Así las cosas, por la causa de injuria, de acción penal privada sin intervención del Ministerio Público, los jueces Bratti, Sallés y Arriagada dictaron “órdenes amplias de investigar e instrucciones particulares a la Policía de Investigaciones, dictaron oficios y en especial –el juez Bratti dictó tres resoluciones confidenciales– específicamente dirigidas” contra la jueza Vania Boutaud.

Dichas acciones, dice la acción judicial, también podrían afectar a la familia de la jueza, ya que se solicitaron IP “a objeto de obtener números telefónicos, obtener la mayor cantidad de información posible y los tráficos de llamadas”.

Esto, debido a que Álvaro Flores, “a través de los testimonios de sus amigos y colegas Olave, Huberman y Delgado, quienes para esa época formaban parte del directorio de la asociación gremial citada, decían que sospechaban de mi persona como autora del correo electrónico en cuestión, por lo que se ordenó incautar computadores (de un local desde donde se habría enviado el correo electrónico referido), e incluso privando de libertad al encargado del local, diligencias todas que no proceden en este tipo de procedimientos”.

Según Boutaud, el trabajo del Ministerio Público originado a raíz de su denuncia fue “muy lento y superficial”. De hecho, el ente persecutor “solicitó el sobreseimiento definitivo y total de la causa”, lo que para ella daba cuenta de “una falta de objetividad en la investigación, explicable por la amistad de los persecutores con los denunciados”.

La solicitud de sobreseimiento definitivo fue presentada por la fiscal Claudia Perivancic. Dicha petición se discutió en audiencia el 30 de julio de 2024 y fue decretada por la jueza Paula Brito Castro, en una resolución que se encuentra firme y ejecutoriada. El cuestionamiento surge en que la causa era del 7° Juzgado de Garantía y la jueza que resuelve es del 3°.

Entre otras cosas, Boutaud cuestiona la forma en que la magistrada Brito asumió la audiencia, “a pesar que se había inhabilitada expresamente unos días antes por su falta de imparcialidad (ser socio de alguna de las partes)”.

A eso se suma “la inusual forma de enviar al tribunal la petición de sobreseimiento, su recepción, e inusual demora en proveerla, así como el envío de un oficio a la presidencia de esta I. Corte por la jueza referida informando lo resuelto, el mismo día, son todas situaciones oscuras e inusuales en el proceder de la magistrado recurrida, y que deben ser investigadas, aclaradas y sancionadas, en su caso, pues afectan la debida transparencia en el actuar del Poder Judicial”.

En la denuncia que presentó Boutaud ante el Ministerio Público contra Brito se solicitan una serie de diligencias a la Fiscalía, como oficiar a Coordinación del Centro de Justicia de Santiago con el fin que informe “detalladamente el procedimiento seguido para asignar a la magistrada denunciada en la audiencia realizada en el Séptimo Juzgado de Garantía” y, además, que se despache una orden de investigar a la SIP de Carabineros, entre otras.

También se pide que se despache una orden de investigar “con el fin de establecer los vínculos de amistad y especialmente encuentros privados de la magistrada Brito Castro con los jueces imputados”.

“¿Ganó algo la magistrado Paula Brito Castro para resolver de la manera que lo hizo, o le prometieron algo?”, se cuestiona en la denuncia penal.