Hasta la Comisión de Constitución llegó el martes la diputada Paula Labra (RN) con la intención de presionar, principalmente al presidente de esa instancia, Miguel Ángel Calisto (independiente, dentro de la bancada de Demócratas), para que pusiera en la tabla de esa comisión un proyecto de ley que busca reemplazar la Comisión de Ética de dicha rama del Congreso por un Comité de Ética externo; es decir, que no esté conformado por parlamentarios.

Argumentando las razones del proyecto, Labra se dirigió a los integrantes de la instancia y señaló que “nosotros sabemos que la Comisión de Ética se ha transformado en una trinchera de ideologías políticas” y que “la definición de las sanciones está siendo acotada por mayorías políticas, dejando de lado la regulación que debiese ser en base a la conducta parlamentaria”. Acusó, además, que “integrantes están siendo juez y parte de las definiciones”.

“Las últimas sanciones que se han establecido tienen que ver, en muchos casos, con coartar la libertad de expresión”, expresó la diputada, lo que redunda, a su juicio, en que el funcionamiento de la Comisión de Ética “está desacreditando la credibilidad del Parlamento”.

Luego de su alocución intervinieron los integrantes de la comisión. En primer lugar fue Pamela Jiles (Partido Humanista) quien tomó la palabra -quien además es integrante de la Comisión de Ética-, afirmando que lo sostenido por la parlamentaria opositora “no es real”.

“La enorme mayor parte de los fallos de la comisión son por unanimidad; es decir, no pudiera ser con una carga política, partidista”, continuó Jiles, agregando que “yo valido el trabajo muy dedicado que se hace en la Comisión de Ética, que se hace de todos los parlamentarios, de todos los sectores políticos”.

“Tengo el mayor aprecio por la diputada Labra, pero yo estoy en desacuerdo, como miembro titular de la comisión, que se sacara de las prerrogativas parlamentarias el tener un Comité de Ética que nos permita que un grupo de diputados sean los que, en conjunto, juzgan a sus pares”, refutó Jiles.

Sin embargo, la solicitud de Labra encontró la acogida de la diputada Maite Orsini (FA), quien señaló tajantemente que “tengo una pésima impresión del trabajo que ha hecho la Comisión de Ética los últimos tres años”. En ese sentido, agregó Orsini que esa instancia “ha hecho un trabajo desprolijo, guiado por motivaciones políticas y me parece que no somos nosotros los parlamentarios quienes debiésemos cumplir la función de valorar el actuar ético o no ético de otros parlamentarios”.

“¿Cuáles son los estándares éticos que tienen los parlamentarios que están en esa comisión para juzgar al resto de los parlamentarios por otras conductas?”, cuestionó Orsini, mencionando el caso el diputado Nelson Venegas, quien dio positivo al test de drogas.

Luego de los puntos hechos por las diputadas, Calisto respondió: “Lo vamos a revisar con la secretaría y eventualmente lo vamos a incorporar dentro de la lista de proyectos que tenemos priorizados para discutir en la comisión”.

A pesar de la presión que fue a instalar Labra, entre el resto de sus pares existen varias dudas respecto a la iniciativa.

De hecho, la respuesta que le dio Calisto a la diputada deja entrever que el proyecto difícilmente se pondría en tabla, cuestión que es refrendada desde el entorno del diputado, desde donde aseguran que no tiene la intención acceder a la petición de la diputada opositora.

Consultado al respecto, Calisto aseguró que “la modificación tiene que ir en la línea de una modificación reglamentaria, no soy partidario de la creación de un ente externo en estas materias porque las cosas que aborda la Comisión de Ética son más bien de dichos, acciones, actitudes de los parlamentarios al interior del Congreso, son situaciones muy cotidianas”.

Además, el diputado consideró que la modificación debiera ir “por la línea de modificar el reglamento; estoy disponible a abrir la discusión respecto del tema, más allá de la discusión del proyecto planteado por la diputada”. Aunque aseguró: “Hay varios elementos del proyecto que pueden ser recogidos”.

Fuentes de la Comisión de Constitución, sin embargo, aseguran que la iniciativa difícilmente pueda ser puesta en tabla, dada la importante cantidad de proyectos pendientes que debe discutir esa instancia, cuestión que fue deslizada por el presidente en la sesión del martes.

Otro integrante de Constitución, Marco Ilabaca (PS), señaló que “yo estaría más inclinado a estudiar con mayor profundidad una modificación respecto al tipo de sanciones que recibimos, pero eso se entrecruza con la función constitucional que cada uno de los parlamentarios desarrolla, porque yo no represento solamente mi sentir, yo represento la votación de mi región”. En esa línea, consideró Ilabaca, “alguna sanción puede implicar un desmedro respecto a mi derecho constitucional”.

La presidenta de la Comisión de Ética, Ana María Bravo (PS), defendió el funcionamiento de la instancia de la que es titular. “Los miembros de la comisión hemos realizado nuestro trabajo con la mayor ecuanimidad posible, resolviendo conforme a la normativa que precisamente se encuentra contemplada en el reglamento actual”, señaló la parlamentaria.

Al interior de la Cámara transmiten que entre las dudas que tienen los parlamentarios es que la modificación propuesta por Labra podría impactar en las facultades fiscalizadoras que tienen los diputados, al ser cuestionados por diferentes grupos, como sindicatos o agrupaciones, cuando se dirijan a establecimientos como hospitales o colegios.

Otros reparan en que si se quiere avanzar en ese tipo de iniciativas, debiese ser para todos los poderes del Estado; de lo contrario, se lesionarían los pesos y contrapesos del sistema institucional.

Sin embargo, hay quienes transmiten que un posible camino para cumplir con lo planteado por la diputada de RN es incorporar a la Comisión de Ética a los jefes de bancada, al secretario de la Cámara, entre otras autoridades de la corporación, para equilibrar su composición.