La nueva fórmula que alista el Senado para interrogar a los candidatos a la Suprema
La idea que impulsa el presidente de la Comisión de Constitución del Senado, Felipe Harboe, es darle mayores facultades a los senadores para pedir antecedentes sobre los postulantes. En términos generales, se busca que una vez que la instancia reciba el oficio de la propuesta del Presidente se despachen oficios a la Suprema y a la Corte de Apelaciones de la que proviene el ministro o ministra, para "no solo hacer una revisión formal de los requisitos legales sino que entrar en el mérito de la postulación", dice el legislador.
Un inédito diseño prepara el Senado para enfrentar el proceso de nombramiento de la nueva candidata del gobierno a la Corte Suprema, María Angelica Repetto.
La decisión se da luego de la fallida nominación de la jueza de la Corte de Apelaciones de Santiago, Dobra Lusic, proceso que estuvo marcado por un enfrentamiento permanente entre la oposición y La Moneda y que terminó –al no lograrse un acuerdo entre ambas partes– con el retiro de su postulación.
Es ese contexto, y en medio de la molestia que generó en la oposición que –como respuesta a la caída de Lusic–, el Ejecutivo decidiera presentar el nombre de Repetto sin sostener un diálogo previo con los distintos comités bajo el argumento de acabar con el "cuoteo político", es que el presidente de la Comisión de Constitución, Felipe Harboe (PPD), prepara una propuesta para modificar el procedimiento mediante el cual la corporación visa los nombramientos al máximo tribunal.
La idea, que ya ha fue socializada con el Presidente de la Cámara Alta, Jaime Quintana (PPD), es elevar el estándar con el que los parlamentarios que integran la Comisión de Constitución validan a los postulantes.
Actualmente, la instancia cita a la carta enviada por el Ejecutivo a una sesión ordinaria donde expone ante los senadores, quienes pueden realizarle preguntas. Sin embargo, el informe que emite la comisión previo a que el nombre sea votado en sala, explican en el Senado, es una mera formalidad, pues solo da cuenta respecto de si el candidato tiene o no los requisitos formales que exige la ley para integrar el máximo tribunal y no ahonda en ningún otro antecedente que se deba tener en consideración al momento de ratificar o no su designación.
Así, según explicó el senador Harboe a La Tercera PM, la propuesta –que no requiere de modificaciones legales ni reglamentarias para su implementación– busca darle mayores facultades a los senadores para pedir antecedentes sobre los postulantes. "Vamos a proponer a la mesa del Senado un cambio en el procedimiento que realiza la Cámara Alta para las elecciones de estas autoridades. En términos generales, la idea es que una vez que la Comisión de Constitución reciba el oficio de la propuesta del Presidente se despachen oficios tanto a la Corte Suprema como a la Corte de Apelaciones de la que proviene el ministro o ministra, explica el legislador, agregando que ello permitirá a la Comisión de Constitución "no solo hacer una revisión formal de los requisitos legales sino que entrar en el mérito de la postulación".
Además, según el parlamentario, la instancia podrá invitar a miembros del Poder Judicial o expertos para que se refieran, por ejemplo, a la trayectoria de la o el postulante.
De la misma forma, se propondrá que luego de que los senadores de la Comisión tengan todos los antecedentes en su poder, se cite a una "sesión solemne y pública", ya no en la sala donde funciona normalmente la Comisión de Constitución, sino que en la sala de sesiones de la Cámara Alta, a la que podrá asistir cualquier interesado. En dicha instancia –de la que además podrán participar el resto de los senadores– los parlamentarios harán un detallado cuestionario a la carta del Ejecutivo para luego deliberar en una sesión posterior. "La idea es preguntarle al postulante no solo respecto de su conducta ministerial sino también respecto a las visiones que se tienen sobre temas fundamentales", agrega Harboe.
El incierto futuro de Repetto
Cabe destacar que la candidatura de Lusic se complicó luego de que se conocieran una serie de antecedentes controvertidos respecto de sus actuaciones como jueza, por ejemplo, el haber fallado en favor del Banco de Chile, pese a haber estado inhabilitada para conocer causas relativas a esa entidad financiera. Lo que más complicó su ascenso a la Suprema, en todo caso, fue declaración de la ministra Ana Cienfuegos Barros, en la que reconoció que Lusic habría hecho gestiones en favor del abogado John Campos para ser nombrado como notario suplente en la Quinta Notaría de San Miguel pese a haber tenido antecedentes penales.
Pero más allá de los cuestionamientos a Lusic, el escenario político se complejizó cuando desde la oposición –sector al que le correspondía proponer un nombre para reemplazar al ministro Milton Juica para mantener el "equilibrio" al interior del máximo tribunal– aseguraron que la magistrada no fue una candidata propuesta por sus bancadas. Y, de hecho, advirtieron al gobierno que en las siguientes nominaciones la jueza no podía ser considerada como una carta opositora, lo que La Moneda no aceptó.
Así, otro elemento que evalúan actualmente en la oposición es la sensibilidad política de la nueva carta propuesta por el gobierno quien, según su círculo, es más cercana a visiones de derecha que de centroizquierda. De hecho, por lo mismo, en algunos comités como el PS, el PPD y la DC hay voces que estarían por rechazar su nombramiento.
"Detrás de este discurso del gobierno de terminar con el cuoteo político está más bien la intención de nombrar a alguien vinculado a su sector. Porque cuando se manda el nombre de la ministra Repetto, respecto de la cual uno puede tener una gran percepción, es sabido que es más cercana al mundo de la derecha. Y por tanto terminar con el cuoteo no fue, al final del día, la intención sincera del gobierno", advierte Harboe.
Con todo, desde el sector ya han transmitido al gobierno que la fórmula "institucional" que impulsa el Ejecutivo para resolver sobre estos nombramientos no sería "viable" ni "sostenible" en el tiempo pues, aseguran las mismas fuentes, de todas formas deberán ponerse de acuerdo para evitar un "desequilibrio" que ponga en riesgo la diversidad de visiones que, dicen, se requieren en un tribunal de última instancia.
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