La pesada mochila de tareas que espera a Elizalde al regreso de vacaciones

Salvo que el Presidente Gabriel Boric le asigne una nueva misión institucional, la agenda de marzo del ministro secretario general de la Presidencia, Álvaro Elizalde (PS), viene recargada.

Al regreso de sus vacaciones el ministro tiene que llegar de cabeza a afinar las indicaciones que el gobierno presentará en el Senado para tratar de perfilar la reforma que busca enfrentar la fragmentación política.

Además de su apoyo habitual al trabajo legislativo de otros ministerios tiene otras tareas. Tendrá que sentarse a tratar de desatar dos nudos pendientes en materia de leyes electorales: la multa por el sufragio obligatorio y el voto de los extranjeros. Desde sus vacaciones Elizalde ha estado monitoreando el debate sobre este tema luego de que el Ejecutivo presentara el 14 de enero un paquete de indicaciones para restringir el derecho a sufragio de migrantes.

Adicionalmente, debe entrar de lleno a negociar los nombres de dos nuevos integrantes del Servicio Electoral (Servel).

Todo ello antes de que comience formalmente el período de elecciones, es decir, marzo y no más allá de abril. En mayo el Tribunal Constitucional debiera tener un tiempo para revisar las posibles nuevas leyes políticas y electorales, para que a mediados de ese mes ya estén publicadas y en vigencia. La idea es que el debate esté cerrado alrededor del 15 de mayo, cuando los partidos tengan que declarar sus pactos y presentar a sus candidatos a primarias.

Cualquier ajuste posterior cae inevitablemente en un “cambio de reglas del juego”, lo que no es presentable del punto de vista de la transparencia del proceso electoral. Aunque en el pasado se han hecho cambios sobre la marcha, han sido reformas con un amplio consenso, pero exentas de críticas.

De partida, Elizalde ya tiene una fecha para su primer compromiso: el 6 de marzo. Ese día vence el plazo para presentar enmiendas a la reforma política, y la decisión mayoritaria de los senadores de la Comisión de Constitución, presidida por Alfonso de Urresti (PS), es avanzar a paso acelerado en el diseño final del proyecto.

Hasta ahora la propuesta que está sobre la mesa fija un umbral (de un 5% de votos o de un mínimo de 8 legisladores) para que los partidos accedan a escaños en la Cámara de Diputados. También se establece el cese del cargo de aquel parlamentario que renuncie a su partido o comité de origen.

Estas medidas buscan ordenar el futuro mapa del Congreso, combatiendo la fragmentación política, la proliferación de partidos y el discolaje. Esos objetivos fueron parte del mandato que el Presidente le dio a Elizalde en su pasada cuenta ante el Congreso, para construir un consenso político en torno a esta reforma.

Sin embargo, ante los titubeos del gobierno, que detectó una fuerte resistencia contra este proyecto en la Cámara, un grupo transversal de senadores (del PS, del PPD, de Evópoli, de RN, de la UDI, de Demócratas y al menos un DC) se anticipó y presentó un par de mociones con ese objetivo.

Si bien esta reforma del Senado es la que está más avanzada (ya se aprobó su idea de legislar), hay al menos otras dos iniciativas paralelas que se están discutiendo en la Cámara. Una del diputado Jaime Mulet (FRVS), que propone la federación de partidos, y otra del Frente Amplio, que también busca fortalecer el rol de las colectividades políticas en el Congreso, mediante las órdenes partidarias y la pérdida del escaño parlamentario a aquellos legisladores que se escapen de la directrices programáticas. La principal diferencia de la propuesta de los frenteamplistas es que no plantea el mecanismo del umbral.

Lograr coordinar todos los intereses en juego es solo una de las dificultades. El tiempo en contra es otro factor. Por razones obvias, la nueva ley debe estar lista antes de que se formalicen los pactos electorales, a mediados de mayo, ante el Servel.

En el plano de las reformas propiamente electorales, al menos hay dos flancos.

La multa por no concurrir a las urnas sigue siendo un tema difícil de tragar para los legisladores oficialistas.

El otro es la eventual restricción del voto de extranjeros, que es criticada por la derecha.

Avanzar simultáneamente en ambas iniciativas, con concesiones a ambos sectores políticos, es la única alternativa. En caso contrario, puede que no haya leyes al menos este año debido a los vetos cruzados.

Otra tarea que tiene Elizalde para marzo es la negociación para reemplazar a dos consejeros del Servel: Alfredo Joignant (doctor en Ciencias Políticas, ligado históricamente al socialismo, cuyo mandato formalmente expiró el 18 de febrero de 2023) y Andrés Tagle (ingeniero, exmilitante UDI, que el 18 de febrero termina su período)

Si bien la ley que crea el Servicio Electoral tiene una cláusula que extiende el mandato de sus consejeros hasta que esté nombrado su reemplazante, Tagle ha advertido que su deseo es irse y no supervisar las próximas elecciones, mientras que Joignant ya está abiertamente pasado de plazo.

En el caso de Tagle, la sucesión es más simple, pues el cupo debe proponerlo la UDI, pero el reemplazo de Joignant es un foco de tensión entre Boric y el PS. Mientras que el Mandatario está evaluando proponer a una figura cercana al Frente Amplio, los socialistas, que podrían construir un bloqueo en el Senado y rechazar la propuesta presidencial, exigen mantener la representación del partido en el Servel.