Las dudas en las universidades argentinas ante cobro a estudiantes extranjeros

El día después del anuncio del gobierno del argentino Javier Milei sobre el proyecto para el fin de la gratuidad universitaria a extranjeros no residentes trajo consigo una batería de dudas sobre el alcance de la medida. Y uno de los principales aludidos, las universidades, aún no saben cómo operará en la práctica la sección de la reforma migratoria que les afecta directamente.

Desde el sector educacional ya han alertado que, además de modificar la ley migratoria, se tendría que cambiar también la Ley de Educación Superior, consignó el periódico argentino La Nación. Todo esto mientras el gobierno aún no especifica a qué universo de estudiantes afectará.

Fue durante la tarde del martes que el vocero de Milei, Manuel Adorni, anunció una serie de modificaciones a los beneficios que migrantes tenían en concepto de educación y salud, los que serán eliminados de lograr su aprobación.

“El gobierno nacional va a impulsar una serie de modificaciones en el régimen migratorio. El objetivo de la medida es avanzar hacia un país ordenado, que cuide sus fronteras y proteja a los ciudadanos argentinos”, dijo el vocero. Luego explicó la mención a la universidad.

“Vamos a impulsar que las universidades nacionales puedan cobrar aranceles a los estudiantes extranjeros no residentes. Esto va a representar una fuente de financiamiento para las casas de estudio. Como ejemplo, hoy uno de cada tres estudiantes de Medicina es extranjero”, añadió. La medida también afectará al sistema sanitario, donde los organismos nacionales, provinciales o municipales “van a determinar las condiciones de acceso al sistema de salud, incluyendo la posibilidad de cobrar el servicio a los extranjeros que no residan en el país”.

Pero de regreso en la educación, ni siquiera los centros de educación superior saben cómo ocurrirá en detalle. De hecho, según La Nación, “otras áreas de la Casa Rosada involucradas en la medida fueron tomadas por sorpresa frente al anuncio”.

El citado medio consultó insistentemente a la Secretaría de Educación, que conduce Carlos Torrendell, y también a Presidencia, sin que ninguno pudiera precisar a quiénes afectará la medida. La política anunciada se enmarca en el intento por endurecer los criterios de residencia para inmigrantes.

En las universidades han remarcado que para poder inscribirte actualmente en un centro de educación superior ya se requiere contar con el DNI argentino, “por lo que no entrarían en la categoría de estudiantes ‘no residentes’”, explicó La Nación.

Esto se da porque quienes buscan estudiar en tierras argentinas pueden tramitar la residencia temporal por tres meses, lo que les permite optar por una prórroga. Con ello, ya están habilitados para hacerse con el DNI transandino.

Lo que sí está claro es cómo se tramitará la propuesta. Fue el presidente provisional de la Cámara Alta, Bartolomé Abdala, quien confirmó que el Ejecutivo enviará el proyecto al Congreso, pero aclaró a La Nación que “todavía se desconoce la letra chica”.

En el mundo universitario ya se ha expresado el descontento por la iniciativa del gobierno. Una de las voces importantes que se expresaron al respecto fue Víctor Moriñigo, titular del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).

En conversación con radio Provincia, la autoridad lamentó que “no nos damos un debate de fondo sobre la educación en Argentina. Parece que el único tema que hay para debatir en la educación está relacionado con el dinero”. Luego añadió que en la administración Milei “tienen un gran desconocimiento sobre el tema”, y recordó que “para arancelar la educación hay que modificar la ley y la política migratoria”.

Desde la Universidad Nacional de Rosario, el rector Franco Bartolacci destacó que “en el anuncio hace falta precisión”, ya que “lo primero que debería suceder, si el gobierno tiene voluntad de avanzar en esta decisión, es que presente un proyecto para poder discutir con claridad y rigurosidad cuáles son la medida, el alcance y el impacto que podría tener”, dijo en Aire Digital. “Una medida de esta naturaleza no soluciona el problema del financiamiento universitario”, cerró.

En otros ámbitos también se expresaron contra el anuncio. Pablo Ceriani Cernadas, integrante del Comité de Naciones Unidas para la Protección de los Derechos de los Trabajadores Migrantes, dijo a Página/12 que se trata de una “clásica medida populista xenófoba: inconstitucional, discriminatoria, ignorante de la realidad, estrategia para desviar la atención”.

La administración Milei, en cambio, se mostró segura de su mirada. “Se va a hacer, la gente lo apoya. El que quiera frenarlo tendrá que explicárselo”, dijo una fuente al interior del gobierno al periódico Clarín.

Si bien el inicio del artículo 20 de la Constitución Nacional señala que “los extranjeros gozan en el territorio de la nación de todos los derechos civiles del ciudadano”, otra parte del texto es el argumento desde el que el libertarismo se cuelga para justificar las modificaciones. “Obtienen nacionalización residiendo dos años continuos en la nación”, continúa el documento. Por tanto, deben ser residentes, asegura el Ejecutivo.

Un constitucionalista consultado por el mismo medio validó la postura del gobierno. “Vos podés exigir razonablemente que se le cobre la salud o la educación pública a quien no es residente, al que está en tránsito; lo que no podés hacer es cobrarle a alguien que viva acá”, dijo Andrés Gil Domínguez.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, también se refirió al tema desde la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) desarrollada en Argentina. Para la dirigenta del PRO convertida al libertarismo se trata de “algo muy justo, porque los argentinos pagamos los impuestos y con eso necesitamos darles educación a nuestros ciudadanos. Aquellos que quieran venir a estudiar a la Argentina lo van a poder hacer pagando un arancel que, por supuesto, no va a ser lo mismo que en una privada, pero que sí va a significar un retorno de dinero a la gente que, si no, está formando profesionales que luego se van a otro país a ejercer”.

Lo concreto es que desde hace meses que Javier Milei viene enfrascado en un gallito político con el mundo universitario, acaso sus principales opositores en las calles, con múltiples y multitudinarias protestas en este primer año de gobierno. En abril de este año, el mandatario tuvo su primer gran enfrentamiento con las calles, cuando una multitudinaria manifestación cubrió la capital nacional, pero también algunas provinciales. Bajo el lema de “En defensa de la educación pública”, los secundarios cuestionaron el ajuste económico que el gobierno defiende como necesario para la estabilización financiera del país. No sería la única.

“Libertad es poder estudiar”, “Libertad es tener para comer”, se leía en las calles alrededor del Congreso a principios de octubre, cuando una masiva marcha llegó a los pies del Legislativo el 3 de ese mes a protestar por un mayor presupuesto y la recomposición de sueldos para el personal docente.

Al día siguiente, el 4 de octubre, Milei vetó la ley de financiamiento universitario, pese a que había sido aprobada por ambas Cámaras del Congreso. Era la segunda vez que el mandatario rechazaba un proyecto previamente validado por el Legislativo, con la primera siendo el veto de la ley de movilidad jubilatoria.

“Esta coalición objetiva deja en claro su intención de obstruir la consolidación del plan económico del Presidente. Se trata de un frente populista de izquierda, en defensa de los privilegios de la dirigencia política”, argumentó entonces la administración libertaria.

Fue el mismo día que medios informaron, mediante fuentes al interior del gobierno, que Milei estaba listo para habilitar a las universidades a que les cobren aranceles a extranjeros no residentes. “Dependerá del timing de la Casa Rosada. Teóricamente, las condiciones ya están dadas para que se envíe”, dijeron a La Nación cercanos al secretario de Educación, Carlos Torrendell.

Secretaría de Educación y no ministerio, porque con la llegada Milei cumplió su promesa de fusionar y eliminar ministerios, y esa cartera fue una de las que terminaron en el Superministerio de Capital Humano. Al igual que con ese compromiso, la limitación de estudios gratis para extranjeros no residentes se cumplió.