“Poder comunal”: Maduro busca nuevo cambio en la Constitución para perpetuar modelo chavista

Si en 2009 el intento por modificar la Constitución de Venezuela buscaba la perpetuidad sin barreras del chavismo en la presidencia del país, la que ahora impulsa su actual mandatario, Nicolás Maduro, podría intentar implantar un modelo que perpetúe el actual sin que sea posible cambiarlo por la vía electoral. Pareciera que la actual Carta Magna no está siendo suficiente para los objetivos del líder venezolano.

El anuncio realizado por el sucesor de Hugo Chávez el sábado 15 de febrero estaría empezando a tomar forma. En esa fecha, Maduro dijo que el primer borrador de la reforma a la Constitución ya estaba listo -sin entregar detalles de su contenido- y que contemplaba la modificación de 80 artículos, es decir, cerca de un quinto del total.

Consultado por La Tercera, el politólogo Miguel Ángel Martínez Meucci señaló que el gobierno chavista estaría buscando “alterar la estructura del Estado y del sistema electoral desde la propia Carta Magna, avanzando en un esquema que haga imposible, tal como en Cuba, un cambio político por la vía electoral”.

Entre las pocas pistas que Maduro ofreció en su intervención de febrero dio a entender que podría incluirse la formalización del poder comunal, así como penas “más draconianas” contra cualquier acto que represente una “amenaza” para el gobierno.

Frente al Congreso, de mayoría oficialista, Maduro aseguró que “es el momento preciso” para “una gran reforma histórica que adapte la Constitución de 1999 a los nuevos tiempos, con ideas nuevas para el avance, la transición a la nueva modernidad”, según consignó la prensa internacional. También puso a cargo de la comisión al fiscal general, Tarek William Saab, añadiendo que en algún momento de este año se votará mediante un referéndum. Y la figura del poder comunal podría jugar un papel clave si se confirma su inclusión.

Una de las grandes interrogantes es si efectivamente se sumará a la instancia comunal en la jerarquía de administración nacional. Maduro lo mencionó, pero aún no hay información concreta al respecto. “Hasta ahora, la estructura comunal no está contemplada en la Constitución”, aclaró Martínez Meucci, pero podría incluirse. Desde hace años, su integración al modelo administrativo del Estado ha sido un tema que reaparece en el discurso chavista.

Según la historiadora venezolana Margarita López Maya, la figura fue planteada durante el segundo gobierno de Hugo Chávez “como sustituto de la democracia representativa y participativa de la Carta Magna”. En sus orígenes, señaló en un artículo del sitio Nueva Sociedad, se trataba “de un poder que se diferencia del poder del Estado y emerge en la sociedad en espacios colectivos asamblearios”. Para 2007, intentó aprobarla en su reforma constitucional, pero obtuvo su primera gran derrota y reconoció a regañadientes la “victoria de mierda” de la oposición, dijo en televisión.

Tras la salida de Chávez, sin embargo, eso cambió. “El gobierno de Maduro no entiende la participación como una herramienta que permita a la gente resolver sus problemas, desarrollar atributos de ciudadanía, fortalecer lazos comunitarios y crear una democracia más robusta. Sus políticas, más bien, utilizan las organizaciones para distribuir bienes o dinero como formas de control social, en procura de apoyos políticos. Eso sí, vienen acompañadas de una pomposa retórica revolucionaria sobre el poder popular”, escribió la historiadora.

El País, periódico español, plantea que “sobre las estructuras comunales descansa el aparato de control político y social del chavismo. Son estas instancias las que se activan en tiempos de elecciones, pero que también gestionan el modelo asistencial del reparto de comida y gas en las comunidades”. De hecho, varias elecciones se han realizado al interior de estas instancias, pero no todo el país participa de ellas. Allí se han aprobado “proyectos que el Ejecutivo nacional financia directamente, saltándose los poderes intermedios”, añadió el medio.

Es por eso que entre analistas y académicos opositores se teme que una figura de este tipo sea integrada a la Carta Magna, pues podría cambiar el equilibrio de poderes del Estado. Para Miguel Ángel Martínez Meucci, quien también es doctor en Conflicto Político y Procesos de Pacificación, “su inclusión tendría por objeto restar peso a la actual división político-administrativa del Estado venezolano, organizada en estados, municipios y parroquias”.

Luego, agregó que “la elección de representantes comunales contaría entonces con mayor relevancia y asignación de recursos, pero cabe imaginarse que estaría casi enteramente controlada por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

Y cerró, con cierto pesar: “Cabe imaginarse entonces un sistema electoral de segundo o tercer grado, lo que reduciría las posibilidades de un eventual cambio político por vía electoral”.

La propuesta de reforma se da a pocos meses de la cuestionada victoria chavista de 2024, donde la oposición y organismos internacionales acusaron una presunta elección fraudulenta impulsada por Maduro, quien controló gran parte del proceso a través de sus funcionarios

¿Por qué ahora? Para Alfredo Jimeno, secretario para América Latina del World Liberty Congress, “Maduro escoge este momento porque luego de haberse robado las elecciones contra Edmundo González de forma descarada”, lo único que “le queda a él y su séquito es resetear la Constitución”, dijo a este periódico. Pero, al mismo tiempo, quieren “disipar lo que fue el fraude electoral y, sobre todo, el robo descarado de esa elección mediante la realización de nuevos comicios”.

Similar piensa Martínez Meucci. “Tras la derrota electoral sufrida el pasado 28 de julio (refiriéndose a que, según la oposición, fue González quien venció), Maduro sabe que no puede dejar ya el más mínimo resquicio electoral”. Para ello, “aparentemente estaría interesado en garantizarse el apoyo de actores foráneos, flexibilizando las condiciones que permiten su actuación en territorio venezolano”, añadió.

De alguna manera, prosiguió el experto en diálogo con La Tercera, pareciera que el traje constitucional heredado de Hugo Chávez le está quedando chico a Maduro. Por un lado, “ningún orden genuinamente constitucional es útil para un régimen autocrático, ya que, por definición, toda Constitución es un esquema de limitación del poder, ya sea mediante la garantía de los derechos individuales o a través de la división de poderes dentro del Estado”, explicó Martínez Meucci.

En el caso de Venezuela, la Carta Magna impulsada por el chavismo en 1999 le permitió “desmontar los contrapesos al poder ejecutivo e introducir una transitoriedad que le sirvió para tomar control del Estado”. Sin embargo, “incluso eso le ha resultado insuficiente a Maduro de cara a su perpetuación en el poder”, cerró.

La idea de un nuevo traje ha sido explicitada por el mandatario, que en uno de los últimos capítulos de “Súper Bigote”, la animación propagandística que viste a Maduro como un superhéroe en mallas y con un anillo esmeralda que le da poder, planteó que las modificaciones a la Constitución son una supuesta nueva herramienta para salvar a Venezuela de sus rivales.

En diálogo con el periódico El País, Benigno Alarcón, director del Centro de Estudios Políticos y Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello, planteó que “la intención de esta reforma es mantenerse en el poder sin tener la mayoría”. En 2017 el chavismo convocó una asamblea constituyente que operó por dos años sin producir ningún documento que se pudiera votar en las urnas, pero, según analistas, fue solo una estrategia para bloquear el trabajo político del Parlamento, que por primera vez en años había logrado su control. “Presumiblemente, vamos a tener un cambio en los mecanismos de legitimación, que hasta ahora habían sido por la vía electoral”, añadió Alarcón, coincidiendo con Miguel Ángel Martínez Meucci.

Ahora, el chavismo -o madurismo, a esta altura de la historia venezolana- se emparenta una vez más con Nicaragua y el gobierno de Daniel Ortega, y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo. En noviembre pasado, la Asamblea Nacional, controlada por el oficialismo del Frente Sandinista, aprobó las 100 modificaciones a artículos de la Constitución que, entre otras cosas, creó la figura de la “copresidencia” con su esposa; extendió de 5 a 6 años el periodo presidencial, y fracturó la separación de poderes del Estado al supeditar el Legislativo y el Judicial a la presidencia.

Maduro, en tanto, habló de una “ampliación y perfeccionamiento de la democracia” mediante la incorporación del “poder social, comunal y popular” al interior del gobierno. Pero, también, un mayor castigo contra sus opositores.

“En la Constitución debe quedar explícito y claro que Venezuela no tolerará ninguna amenaza fascista, sionista, neofascista o de cualquier característica, y debe ser penada de la manera más draconiana posible”, aseguró el mes pasado.