Las razones del gobierno para finalmente hacerse parte del requerimiento al TC para frenar la mutualización

Fue a las 21:56 de la noche de este domingo que el gobierno finalmente formuló observaciones, se hizo parte y solicitó alegatos en el requerimiento al Tribunal Constitucional (TC) que semanas atrás hizo un grupo de senadores oficialistas, quienes buscan dejar sin efecto la mutualización, mecanismo que por ahora está plasmado en la redacción del proyecto que llegó a la Cámara de Diputados y que busca compartir costos y riesgos, lo que tal como está reduciría el cálculo de la deuda de las aseguradoras a US$ 451 millones, menos de la mitad de lo que ha aproximado la Superintendencia de Salud.

“Garbriel Boric Font, Presidente de la República, y Álvaro Elizalde Soto, ministro secretario general de la Presidencia, ambos domiciliados para estos efectos en Palacio de La Moneda sin número, comuna y ciudad de Santiago, en relación al requerimiento de inconstitucionalidad (...) venimos en formular las siguientes observaciones con el objeto de que, sobre la base de los antecedentes de hecho y de derecho que exponemos, resuelva acoger el presente requerimiento en todas sus partes”, se leía al inicio del escrito.

Así, luego de entregar sus argumentos, el texto pide “tener por evacuadas las presentes observaciones y, sobre la base de los antecedentes de hecho y de derecho que exponemos, resuelva acoger el presente requerimiento en todas sus partes y declare la inconstitucionalidad de la indicación impugnada en su admisibilidad y quórum de aprobación por ser contrario al artículo 65 inciso cuarto Nº 6 y 66 en relación al artículo 19 Nº 18, 6º y 7º de la Constitución Política”.

Pero, ¿por qué ahora y no ocurrió antes esta acción de La Moneda que puertas adentro llegó a decirse era una medida extrema?

En este caso, las isapres Vida Tres y Banmédica, además de Clínica Dávila, habían solicitado hacerse parte, pero el TC les dijo que no y solo se lo permitió al gobierno, senadores y diputados. Y aquí el Ejecutivo podría haber decidido no ejercer esa alternativa sin enviar observaciones o hacer parte, podría haberle dado valor a la mutualización o bien, optar por el camino que eligió, el de apoyar el escrito oficialista y señalar que la mutualización es inconstitucional.

En buenas cuentas, el gobierno no estaba obligado a seguir la acción que siguió, dado que solo fue notificado de que tenía el derecho a enviar sus observaciones, al igual que el Senado y la Cámara. Todos podrían omitirse, de hecho.

La lectura que se hace en el sector oficialista es que en buenas cuentas el Ejecutivo no tenía cómo omitirse y que políticamente le era imposible no defender esto. Hay, además, quienes dicen que particularmente en este caso aguardó a que el requerimiento fuera declarado admisible para hacerse parte.

Y es que en todos los tonos el Ejecutivo había señalado que aunque la mutualización no era parte del proyecto presentado por ellos y que fue incorporada, la estrategia era evitar acudir al TC, al menos hasta que el proyecto de ley corta de isapres culminara totalmente su tramitación en el Congreso. Así lo manifestó en enero el ministro de la Segpres, Álvaro Elizalde: “Nosotros esperamos la total tramitación de un proyecto y sobre esa base tomar decisiones”.

Ese mismo día, el secretario de Estado decía que “se ha generado un debate sobre la admisibilidad de estas materias adicionales, particularmente de la mutualización. No obstante, como todavía hay trámites legislativos, vamos a esperar la conclusión de estos para ver finalmente cómo queda aprobada la ley”.

Sin embargo, a inicios de febrero una arremetida de senadores oficialistas comenzó a complicar a Palacio. “Lo que vamos a hacer es recurrir al Tribunal Constitucional y lo que nos extraña es por qué el gobierno no hace en este momento lo mismo. Para acudir al TC no hay que esperar la promulgación de la ley”, decía esa vez el senador del Partido Comunista Daniel Núñez, uno de los más sorprendidos por el actuar del Ejecutivo.

Ese malestar era compartido en el resto del oficialismo, donde lograron reunir 17 firmas: los DC Provoste, Iván Flores y Francisco Huenchumilla; los PS Alfonso de Urresti, Gastón Saavedra, Fidel Espinoza y Juan Luis Castro; los integrantes del comité PPD Ricardo Lagos Weber, Pedro Araya, Loreto Carvajal, Jorge Soria y Ximena Órdenes, y los PC Daniel Núñez y Claudia Pascual, entre otros. Así se daba paso a un nuevo tironeo entre los partidos y el gobierno.

Desde un inicio en la interna oficialista se cuestionaba no haber aunado fuerzas y hacer este requerimiento en conjunto. Esto, dicen en el entorno de los senadores, nunca fue entendido. Ni explicado.

Hoy, fuentes de La Moneda recuerdan la reserva de constitucionalidad que el propio ministro Elizalde hizo el día que en el Senado se votó la mutualización y dicen que no ven esta acción como un retroceso. En esa línea, las mismas personas argumentan que una vez iniciada la tramitación en el TC a solicitud de los senadores deben dar a conocer su punto de vista, que era inconsistente no referirse ahora si después pretendían otras acciones, las que, añaden, siempre se plantearon, pero que ahora se vieron forzados a adelantar por la iniciativa de los senadores.

“El gobierno está cumpliendo su compromiso, habiendo hecho su reserva de constitucionalidad el mismo día que se votó en la sala del Senado la mutualización, de modo tal de que el informe que ellos han entregado es concordante con quienes somos los requirentes por haberse pasado a llevar una norma de constitucionalidad, que en ese sentido me parece que sigue la línea de objeción que había planteado desde el primer momento en el trámite en el Senado”, contextualiza el senador Castro, quien en todo caso agrega que “otra cosa es que ellos hayan pensado intervenir al final, que es cuando a veces sucede que ya la ley está aprobada. Más bien se adelantó a resolver durante el trámite legislativo, más que a esperar que hubiese ley, ya que eso da más certezas a los afiliados y evita postergaciones en la aplicación de la ley”.

Y suma: “Nosotros preferimos hacerlo en la tramitación para no distorsionar el resto del proceso legislativo, pero creo que el gobierno está actuando en consecuencia a lo que anunció en enero, y me parece que eso es lo adecuado para que se resuelva correctamente en favor de los 2,8 millones de afiliados del sistema”.

Por su parte, el senador Núñez (PC) dice valorar la decisión del Presidente Boric “por ingresar también ante el Tribunal Constitucional un requerimiento para declarar inconstitucional el artículo que aprobó la sala del Senado para validar la mutualización, mecanismo ilegal que inventaron las isapres, en complicidad con senadores opositores, para rebajar la millonaria suma que les adeudan a los afiliados, tras el cobro ilegal en el alza de planes y que la Corte Suprema los obliga a reembolsar”. Destaca, de hecho, que finalmente el gobierno “se involucre en un tema tan sensible y que ha dañado aun más la credibilidad del sistema y el bolsillo de miles de cotizantes. Junto al requerimiento del gobierno tendremos más fuerza para invalidar la sinvergüenzura de las isapres y de senadores opositores”.

En tal sentido, desdramatiza con el cambio de postura del Ejecutivo en cuanto a cuándo acudir al Tribunal Constitucional. “La realidad es flexible y siempre hay que evaluar los distintos escenarios. Desconozco las razones particulares para involucrarse ahora con el requerimiento ante el TC”. Y se extiende: “Asumo que el gobierno quiere sentar el precedente de que no se puede vulnerar la Constitución para intentar ganar políticamente con la seguridad social, que es un tema de su absoluta competencia. Creo que le interesa remarcar ese precedente en un tema que es muy sensible para el bolsillo de los cotizantes de isapres y que se quiso burlar en el Senado con un artículo abiertamente inconstitucional. Al gobierno no le bastó esperar la votación en la Cámara de Diputadas y Diputados, espacio en el que, al parecer, estaban los votos para rechazar la mutualización”.

Elizalde, en tanto, señaló esta mañana que “no hay cambio de postura, sino que simplemente se hace ver un punto de vista jurídico en el momento en que se está tramitando un requerimiento presentado por un grupo de senadores”.

¿Y por qué ahora y no antes? “Por una razón muy simple: hemos señalado como criterio general que es preferible decidir si se recurre al TC por algún problema al momento de concluido el proceso legislativo (...) no obstante, los senadores decidieron presentar un requerimiento al TC y en ese contexto le corresponde al gobierno dar su opinión respecto de la controversia que se ha generado en relación a esa norma”, añade, antes de cerrar que la oportunidad procesal de hacer ver el punto de vista del gobierno es en la tramitación de ese requerimiento. “No hay que olvidar que cuando se aprobó esta norma fue el gobierno el que hizo la reserva de constitucionalidad, y señalamos que si bien íbamos a esperar la totalidad de la tramitación para decidir si el gobierno por sí iba a recurrir al TC, en este caso, habiendo recurrido un grupo de senadores lo que corresponde es que demos a conocer nuestro punto de vista”, cierra.