Lesa humanidad: Guevara y Ubilla apuntan a que resguardo del orden público era responsabilidad exclusiva de Carabineros

En paralelo a una serie de declaraciones al Alto Mando de Carabineros, la fiscal de Valparaíso Claudia Perivancich también está interrogando a varias autoridades políticas, en el caso en el que investiga presuntos delitos de lesa humanidad durante la crisis social. Sin ir más lejos, la semana pasada tomó testimonio en calidad de querellado al Presidente de la República, Sebastián Piñera.

Pero antes de eso, el 15 de abril pasado, fue el turno de su exsubsecretario del Interior Rodrigo Ubilla, quien ejerció el cargo hasta el 16 de diciembre de 2019. Un mes antes, el 12 de abril, también entregó su testimonio en calidad de imputado el actual delegado presidencial y exintendente metropolitano Felipe Guevara.

En su declaración en calidad de testigo, realizada a través de la plataforma Zoom, Ubilla explicó cuál fue su rol desde el gobierno durante las manifestaciones y qué fue lo que se hizo a raíz de las múltiples denuncias sobre el mal uso de la fuerza por parte de Carabineros, situación que terminó con un número importante de lesionados, especialmente por perdigones en los ojos que, incluso, hizo que algunas personas quedaran ciegas. Ubilla apuntó a la policía como el ente responsable de tomar decisiones de tipo operativo en materia del uso de la fuerza, señalando que por normativa ellos son quienes definen las estrategias a utilizar y que el Ejecutivo solo le pidió al entonces general director de Carabineros, Mario Rozas, que “tomara medidas”, sin sugerir ninguna en particular.

“El gobierno no impartió ninguna instrucción general, en orden a intervenir o no en manifestaciones espontáneas que no hubieran cumplido la comunicación previa que exige el decreto supremo, pues no corresponde hacerlo, porque Carabineros cuenta con una normativa que determina cómo actuar”, declaró el sociólogo. Algo similar dijo el Presidente Piñera, quien aseguró que “el despliegue de las fuerzas de orden correspondía a las policías y no al gobierno”.

Junto con esto, Ubilla negó que el gobierno haya intervenido en el diseño de estrategias de control policial del orden público: “No, personalmente no intervine en estrategias de control policial y en nada operativo. Tampoco observé en los ministros de Interior con los que trabajé una intervención en ese sentido. Por dos razones: por normativa no nos corresponde hacerlo como Ministerio del Interior y no tenemos la competencia para ello”. En ese sentido, dijo que en las reuniones con los generales de Carabineros no se discutían “temas operativos”, sino que solo “temas de políticas públicas, procurando que la labor policial se cumpliera dentro de las reglas del uso de la fuerza”.

Sobre cómo se canalizaba la información acerca de los lesionados en manifestaciones, Ubilla declaró que a raíz del informe del Colegio Médico y luego del Instituto Nacional de Derechos Humanos sobre personas con trauma ocular, un domingo de noviembre de ese año se reunieron el ministro del Interior, Gonzalo Blumel; el entonces general director de Carabineros, Mario Rozas, y él. Indicó que en esa instancia Blumel le pidió a Rozas tomar medidas y este último decidió restringir el uso de las escopetas antidisturbios. En ese sentido, dijo que “aclaro que la autoridad política sólo pidió tomar algunas medidas, sin sugerir ni debatir ninguna en particular. La decisión técnica la adoptó la policía”.

Asimismo, la fiscal le consultó qué impresión tenía él sobre las querellas por crímenes de lesa humanidad que hablan sobre la existencia de ataques generalizados o sistemáticos que responden a una política de Estado: “No tuve conocimiento de ninguna conversación o acuerdo al interior del gobierno o Carabineros para generar un plan o política de restricción o vulneración de los derechos humanos”. En la misma línea, Ubilla se defendió señalando que “mi trayectoria en materia de derechos humanos es conocida”. En ese punto, añadió que “como subsecretario del Interior firmé más de 900 querellas en materia de violaciones a los derechos humanos de la dictadura militar. La actuación proactiva que tuvimos con el ministro Chadwick para que se conociera la verdad en el caso Catrillanca así lo demuestra también”.

Así, declaró que “puedo dar fe de que los ministros del Interior y el mando de Carabineros tuvieron una gestión proactiva en el llamado al cumplimiento de los protocolos y en la adopción de medidas concretas”.

A diferencia de Ubilla, Guevara, al estar querellado en esta investigación penal, declaró ante la fiscalía en calidad de imputado. Al igual que el exsubsecretario, apuntó a que él no intervino en ninguna decisión en relación al control de las manifestaciones.

“En estos casos, Carabineros (...) actuaba en el control de esta convocatoria de acuerdo a sus facultades. De mi parte no existió ninguna indicación o sugerencia a Carabineros para actuar de una determinada manera. Tampoco recibí ninguna llamada de Carabineros frente a una marcha convocada de esta forma (a través de redes sociales), consultando mi parecer sobre permitirla o interrumpirla”, declaró el exalcalde de Lo Barnechea.

La fiscal también le preguntó sobre la estrategia de “copamiento preventivo” de diciembre de 2019, cuando se dispusieron mil carabineros en Plaza Baquedano. Sobre este punto, Guevara señaló que “esa estrategia la diseñó Carabineros y me enteré de ella en las reuniones de coordinación que tenía con el jefe de zona”.

Asimismo, le consultó si dispuso que la intendencia denunciara o se querellara por los civiles lesionados en manifestaciones. Al respecto, el intendente dijo que “esa información se coordinó por los abogados de la intendencia con el Ministerio del Interior, la prestación de querellas por algunos de esos hechos, aunque no tengo conocimiento si algunas de ellas se referían a lesionados oculares”.