Ley corta: las razones de La Moneda para resistirse a ir al TC por la rebaja de la deuda de las isapres

Este lunes fue aprobada la ley que envió el Ejecutivo para viabilizar el fallo de la Corte Suprema que mandata a las isapres a aplicar la nueva tabla de factores a todos los afiliados y restituir los cobros en exceso. Sin embargo, la iniciativa de La Moneda sufrió un traspié en sala, pues con las nuevas indicaciones se redujo el cálculo de la deuda a US$ 451 millones, menos de la mitad de lo que ha aproximado la Superintendencia de Salud. Esto desató la ira de los parlamentarios oficialistas.

En la DC y las huestes del gobierno consideraron esto como un verdadero “perdonazo”.

Por esta razón, los senadores oficialistas solicitaron que el Ejecutivo recurra al Tribunal Constitucional de forma inmediata. Sin embargo, casi al instante, el titular de la Secretaría General de la Presidencia, Álvaro Elizalde, lo descartó, al menos hasta que el proyecto de ley corta de isapres culmine su tramitación en el Congreso. Esto, pese a que habían hecho reserva de constitucionalidad en la sala.

“Nosotros esperamos la total tramitación de un proyecto, y sobre esa base tomar decisiones”, dijo el secretario de Estado.

Su par de Salud, Ximena Aguilera, en tanto, aseguró que “como mencionó el ministro Elizalde, veremos cómo avanza la tramitación en la Cámara, pero es un tema que seguiremos discutiendo”.

¿Las razones? De acuerdo con el Ejecutivo, son estrictamente técnicas, pues ahora no les hace sentido recurrir al TC cuando aún quedan trámites pendientes. Además, varios apuestan a que la mutualización (o la rebaja de la deuda) quede fuera durante la tramitación en la Cámara de Diputados. Incluso, ya varios parlamentarios adelantaron que rechazarán este artículo.

Sin embargo, eso todavía no está tan claro, ya que hay que ver cómo se comportarán las fuerzas no alineadas del Parlamento, ya que la iniciativa, según la interpretación del oficialismo, necesita de un quorum calificado, es decir, 78 de votos. Por lo mismo, el panorama se ve adverso para los partidos de gobierno.

Otra de las razones que expone el Ejecutivo es que estratégicamente lo que hay que hacer es esperar el debate final, pues el recurrir ahora abriría nuevamente los alcances que tiene la sentencia de la última sala, lo que se podría traducir en un problema institucional.

Más allá de que las autoridades hayan explicado que las razones son técnicas, la decisión del Ejecutivo abrió un nuevo flanco con los senadores oficialistas, quienes quedaron disconformes con la situación. Además, se dio en un contexto en que la derecha y el sector empresarial presionan para no dejar “caer” a las isapres.

Por esa misma razón, un grupo de legisladores decidieron solicitarle por su cuenta al TC que se pronuncie. Asimismo, acordaron hacerlo lo antes, y por eso le acudirán el viernes.

“Un grupo de 17 senadoras y senadores recurriremos ante el Tribunal Constitucional para evitar que el artículo de la ley corta de isapres que permite la mal llamada ‘mutualización’ de la deuda de las isapres, afectando nuevamente a sus afiliados, siga avanzando”, dijo ayer el PS Alfonso de Urresti.

En representación del Frente Amplio, su único senador, Juan Ignacio Latorre, añadió que “vamos a ocupar todas las herramientas que están en nuestras manos y, por lo tanto, hemos decidido recurrir al TC en los próximos días”. Su vocería la realizó en la Cámara, flanqueado por parlamentarias de la coalición base del Presidente Gabriel Boric.

Eso sí, en los pasillos del Senado aseguran que, a pesar de las declaraciones más duras que han emitido algunos legisladores, la gran mayoría ha entendido las explicaciones del gobierno, el que, según algunas versiones, ha intentado hacer control de daños. Lo cierto es que varios en el sector dicen estar “sorprendidos” con la actitud adoptada por La Moneda.

Pese a esto, el Ejecutivo insistió este miércoles en su postura. “Tienen el legítimo derecho de plantear la cuestión de constitucionalidad ahora ante el Tribunal Constitucional, pero es un asunto que el Ejecutivo se pronunciará sobre la oportunidad una vez que se presente el escrito”, afirmó el ministro de Justicia, Luis Cordero, sobre la ofensiva de los senadores.

En esa línea, agregó que “en la discusión sustantiva hay un acuerdo del problema constitucional que tienen esas normas. Nosotros entendemos que los senadores tienen una posición política y jurídica sobre el punto, y a ellos les corresponde definir en cuanto requirentes el momento en que lo realicen”.

Asimismo, descartó que una eventual arremetida de ese tipo pudiera atrasar la tramitación de la ley corta en el Congreso: “No hay un mecanismo que suspenda la tramitación, así que no es un caso que (...). La discusión parlamentaria se puede seguir gatillando en el mes de marzo, aunque esté pendiente la discusión ante el Tribunal Constitucional”.

De todas formas, Cordero insistió en que lo aprobado es inconstitucional. De hecho, recordó que el Ejecutivo hizo reserva de constitucionalidad sobre la materia. “El Ejecutivo sostiene que la norma, como ha sido aprobada en estos términos, infringe la Constitución en dos sentidos”, aseveró, agregando que “afecta la iniciativa exclusiva del Presidente y, en segundo lugar, supone infringir la regla del artículo 76 de la Constitución sobre el cumplimiento de las sentencias judiciales”.