Los costos de ser antivacunas: obligados a pagar entre 500 mil y dos millones por recursos que han perdido ante la justicia

Solo con el esquema de vacunación completo más la dosis de refuerzo se puede obtener el Pase de Movilidad. Con él, las personas pueden acceder a espacios cerrados, como el cine o las discotecas. Se exige también para ingresar a los restaurantes, además con este documento el aforo de las actividades sociales aumenta. Por eso, tenerlo se ha vuelto crucial y, tal como se proyectó, está operando como un incentivo para la inoculación.

Pero hay quienes no han podido adquirirlo, pues se niegan a ser vacunados. Y han llegado a la justicia para hacer sus reclamaciones, con nulo éxito hasta ahora. Entre los inicios de la campaña masiva contra el coronavirus -el 3 de febrero del año pasado- y diciembre de 2021, se presentaron 516 recursos de protección en contra del Pase de Movilidad. Pero la justicia ha sido tajante.

“Las restricciones que debe soportar el recurrente por decidir libremente no vacunarse no resultan ser ni desproporcionadas ni poco razonables, desde que la cartera de Estado de forma activa ha dispuesto de campañas de inmunización que -según ha demostrado la evidencia científica- han permitido enfrentar la emergencia sanitaria”.

Así respondió la Corte de Apelaciones de Arica en diciembre del año pasado al recurso de protección que presentaron tres personas que se negaron a ser inoculadas contra el Covid-19. Tras rechazarlo, actualmente se está a la espera de que el tribunal regule las costas que los recurrentes deberán pagar.

En su escrito, tildaron la campaña de inmunización como insuficiente para el control de la pandemia: “Se ha acreditado que las personas vacunadas tienen 27 veces más probabilidades de contraer una infección sintomática por Sars-CoV-2 que las que cuentan con inmunidad natural contra este virus”.

Además, en el recurso alegaron que el Pase de Movilidad es ilegal y arbitrario, porque es “un premio para los vacunados y un castigo para los no vacunados, que involucra una serie de restricciones arbitrarias, subjetivas y no basadas en ningún parámetro lógico que hagan entender su procedencia”.

Sin embargo, Jorge Hübner, jefe de la División Jurídica del Ministerio de Salud, confirma que la mayoría de los recursos han sido declarados inadmisibles, es decir, las cortes no los han revisado y aquellos que sí fueron acogidos fueron desestimados.

“Todos han sido rechazados. Las cortes saben que vivimos en sociedad y hay que asumir algunos costos para mantener la salud de todos. Y muchos de ellos se resuelven con costas a favor del Estado”, explica Hübner, quien también detalla que “la costa más alta es de 2.200.000, pues son 200 mil por cada uno de los 11 recurrentes, y la más baja es de 87 mil pesos″.

¿Quiénes son los recurrentes? Gente que, por una u otra razón, desconfía de las vacunas. Muchos de ellos son integrantes o cercanos a grupos antivacunas. Y hay, también, abogados que se oponen a la inmunización contra el Covid-19 y que están impulsando la presentación masiva de recursos.

“Hay argumentos de todo tipo. Uno de ellos es que como la vacuna es experimental, tienen efectos adversos y presentan estudios que no tienen ningún reconocimiento científico. Hay gente que señala que es parte del nuevo orden mundial satánico o que dicen que las vacunas tienen 5G”, agrega Hübner.

Entre los argumentos que presentan los recursos hay algunos que han llamado la atención. “Existe una diferencia de trato injustificada y beneficios para determinado sector de la población en virtud de someterse a un verdadero experimento, como la inoculación de vacunas experimentales, de las cuales aún no se tiene certeza de su efectividad, y por la cual ya han fallecido numerosas personas”, establece uno de ellos, que fue presentado en Puerto Montt.

A lo cual la Corte de Apelaciones de esa ciudad respondió que “la vacunación de la población en general no obedece al mero capricho de la autoridad sanitaria, sino que a la necesidad de adoptar medidas efectivas que permitan evitar la propagación del contagio por Covid-19, que se encuentran debidamente respaldadas por información científica y estadística”. Los recurrentes fueron obligados a pagar $87.500 en costas.

A un año de iniciada la campaña masiva de vacunación, y de acuerdo a la última actualización del Minsal, 16.621.998 personas ya tienen su esquema basal de dos dosis, lo que implica un 90% de cobertura. Mientras, 13.013.344 chilenos ya recibió la dosis de refuerzo.

El jefe de la cartera sanitaria, Enrique Paris, señaló durante el reporte por coronavirus de este lunes que el grupo de los rezagados es constituido por un número limitado: “Hasta el momento solo son 780 mil personas mayores de 18 años que no han recibido su primera dosis. Además, hay que reconocer y reforzar que más de 16 millones de personas han recibido todas sus vacunas”.

Sin embargo, Sofía Salas, académica del Centro de Bioética de la Universidad del Desarrollo, advierte del peligro de este grupo: “Los antivacunas, que se oponen a recibirla, pero además se organizan para realizar una intensa campaña de desinformación, levantando “fake news” que prenden rápidamente por redes sociales, son un verdadero peligro”.

Al mismo tiempo, la académica valida el uso del Pase de Movilidad: “En la medida en que en más lugares se solicite activamente el Pase de Movilidad, se podría generar mayor preocupación por vacunarse. Siempre hay un equilibrio entre respetar las libertades individuales y generar mayor presión para que la población se vacune, puesto que ha sido demostrado ampliamente que las vacunas son seguras”.

En tanto, Ignacio Silva, infectólogo del Hospital Barros Luco, añade que “las personas que no se han vacunado tienen mayor riesgo de contagiarse y de cursar una enfermedad grave. También son un riesgo para la comunidad, pues son más propensas a contagiarse y, por lo tanto, pueden infectar a otros”.

Las cifras ya demuestran que la inmunización marca una diferencia en los ingresos UCI. Según cifras del Minsal, la tasa de ingreso a una unidad crítica es de 5,7 cada 100 mil habitantes sin protección contra el virus. En quienes tienen su esquema completo esta cifra desciende a 2,3, mientras en la población con el refuerzo quienes requieren una cama crítica son 0,8 por cada 100 mil habitantes.