Los fallos emblemáticos del “todopoderoso” Sergio Muñoz

Ministro Sergio Muñoz a revista QuéPasa, marzo de 2014

Sergio Muñoz Gajardo (67 años) ocupó -entre 1982 y 2024- estos cargos en el Poder Judicial: oficial del Tercer Juzgado del Crimen de Valparaíso, relator interino de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, relator titular en la Corte de Apelaciones de San Miguel, juez del 12° Juzgado del Crimen de Santiago, relator de la Corte Suprema, ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago y con sólo 48 años logró, en 2005, ser nombrado integrante de la Corte Suprema.

Ahí, tras una exitosa y meteórica carrera judicial debía quedarse hasta 2032. Pero el destino quiso otra cosa. Este miércoles el Senado decidió destituirlo por notable abandono de deberes. Una acusación constitucional que se amarró con su excompañera de sala Ángela Vivanco -caída en desgracia por el denominado caso Audio-, determinó que la oposición levantara reproches a su actuar, específicamente por haber, presuntamente, entregado información privilegiada de un fallo a su hija y por no haberla denunciado cuando ella, también jueza, trabajó desde Italia para la pandemia.

Un total de 25 votos en la Cámara Alta terminaron de forma intempestiva con la carrera de quien era considerado un “intocable” en el Poder Judicial. Conocida era su ascendencia no tan sólo en la Tercera Sala -que presidía-, sino también ante sus pares. Entre 2014 y 2016 fue presidente del máximo tribunal y si bien su nombre quedó escrito en la piedra de la escalera principal del Palacio de Tribunales, su salida -en medio de la intervención del Parlamento- generó impacto e incomodidad en las altas esferas del Poder Judicial.

“Era un juez activista, con mucho poder y se creyó inmune”, dice un importante abogado de la plaza sobre lo que significa la partida de Muñoz para algunos. Pero también hay desazón. Para otros intervinientes de tribunales lo más destacable del magistrado fue su intervención para ordenar al sistema de salud la entrega de medicamentos de alto costo, derecho al agua y consultas indígenas para megaproyectos medioambientales.

Y aunque sus decisiones jurisdiccionales no son las que determinaron su destino, La Tercera recopila una serie de fallos y sentencias que caracterizan al “poderoso” juez.

La Tercera Sala, que ve temas de contiendas administrativas y constitucionales, es una de las más importantes de la Corte Suprema. Y es que sus resoluciones inciden directamente en políticas públicas, es decir en las personas que recurren buscando que actos del Estado de privados sean corregidos, alegando para ello derechos tan fundamentales como la vida. Y es ahí donde algunos, destacan, que esa instancia -presidida por Muñoz- ha llevado adelante importantes logros en materia de salud, protección y coberturas.

El fallo más reciente que tuvo en la polémica a Muñoz, y sus pares, es el denominado caso Isapres, en que se ordenó a las aseguradoras -reguladas por la superintendencia-, a poner un máximo al precio que pueden cobrar por el paquete de Garantías Explícitas en Salud (GES). En definitiva, la Corte Suprema acogió una serie de recursos de protección y fijó una nueva doctrina respecto a plan base y tabla de factores de isapres. La sentencia, con efectos generales, determinó una serie de críticas del mundo político, una de ellas que el Poder Judicial estaba excediendo sus atribuciones y a través de sus sentencias obligando al legislador a dictar leyes y al Ejecutivo a impulsar políticas públicas.

Otras de las jurisprudencias, asentadas principalmente por Muñoz en esa sala, tuvo que ver también con el tema de la salud y en particular de las denominadas “enfermedades raras”. Cuando llegaron a la vista de la Suprema recursos de protección por la no cobertura de Fonasa o privados de medicamentos de alto costo, argumentando que lo que prima es el “derecho a la vida”, se ordenó a ambos sistemas costear dichos tratamientos de forma íntegra.

Recordadas también son las sentencias respecto al derecho al agua. La sala, presidida por Muñoz, estableció como doctrina que el derecho al agua es “un derecho humano” reconocido internacionalmente. Esto determinó que los recursos que llegaron hasta ese lugar fueron acogidos, siempre que alguna persona o comunidad denunciara no tener acceso a servicios de abastecimiento de agua, ya que a -según los dictámenes-, “nadie debe verse privado” del vital elemento en Chile.

Algo que también se destaca en el paso del juez Muñoz por la sala constitucional, y que le valió tanto elogios como críticas, fue justamente determinar la realización de consultas indígenas siempre que alguna comunidad reclamara frente a un proyecto.

Tal fue el caso, por ejemplo, de este fallo de junio de 2022. Ahí la Suprema, con voto de Muñoz, acogió los recursos de protección interpuestos por las comunidades indígenas atacameñas de Camar y Coyo, en contra de los procesos de licitación de explotación de cuotas de litio.

Esa vez se acogió la acción cautelar presentada en contra de las “Bases de Licitación Pública, Nacional e Internacional, para la Suscripción de un Contrato Especial de Operación para la Exploración, Explotación y Beneficio de Yacimientos de Litio”. Esto, al considerarse que “no se cumplió con el requisito de fijar un área específica para desarrollar el proyecto, con lo que no se pudo hacer la consulta indígena previa, como estipula la ley”.

Antes de llegar a la Suprema, como juez instructor a Muñoz le tocó tramitar las millonarias cuentas bancarias descubiertas a Augusto Pinochet en el Banco Riggs. También aclaró el crimen del dirigente sindical Tucapel Jiménez, asesinado en 1982 por los servicios de seguridad de la dictadura.