Los ocho funcionarios de la Municipalidad de Valparaíso que lideran los aportes a Jorge Sharp

Más de $ 34 millones de pesos recibió la campaña a la reelección del alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, según el informe de gasto de campañas del Servel.

Tal como registra el organismo, ese monto fue obtenido a través de dos anticipos fiscales, el aporte del propio edil y de otras 21 personas.

Los mayores aportes a la campaña del alcalde de Valparaíso fluctúan entre 500 mil a un millón de pesos: ocho de ellos fueron realizados por funcionarios de la municipalidad.

También figura como contribuyente Montserrat Pinedo, esposa del director del Área Jurídica de la Municipalidad, Nicolás Guzmán (ex Partido Liberal), quien asumió como alcalde subrogante. Pinedo aparece con una donación de campaña de $ 500 mil pesos.

En total los ocho funcionarios del municipio de Valparaíso suman aportes por $ 6.450.000. Los periodistas Beltrán Valdivia y Nicolás Véliz aparecen con las mayores donaciones: $ 1.200.000 pesos cada uno.

Valdivia llegó a la municipalidad en 2016, es parte del personal a contrata y según la plataforma de transparencia de la municipalidad, su último sueldo en abril fue de $1.739.708 de pesos.

Véliz, en tanto, tiene un contrato a honorarios como periodista de la municipalidad y un sueldo de $ 1.900.361 pesos.

Los funcionarios de la municipalidad Javier Valenzuela y Líber Muñoz aportaron un millón de pesos cada uno. Tal como Sharp, en 2019 ambos renunciaron a Convergencia Social en protesta por la decisión del diputado Gabriel Boric de sumarse al acuerdo constitucional del 15 de noviembre.

Valenzuela se desempeña como jefe de gabinete de Sharp desde 2016, actualmente recibe una remuneración de $ 2.492.918 pesos. Fue secretario de comunicaciones de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Valparaíso (FEUV) y es amigo cercano de Sharp, según consignaba en 2016, tras el triunfo del actual alcalde, Soy Valparaíso.

Muñoz es funcionario a contrata y fue parte de Izquierda Autónoma junto a Sharp. Trabaja en el departamento de Desarrollo Comunal y gana $ 2.057.944 de pesos.

Katherine García, gestora comunal de campamentos y también ex CS, donó 500 mil pesos. Su sueldo es de $ 1.456.648 pesos.

También donaron $ 500 mil pesos Paulo Gómez, jefe de comunicaciones de la alcaldía, que recibe una remuneración de $ 2.914.716 pesos; Xochitl Poblete, encargada de la Dirección de Turismo de la Municipalidad de Valparaíso, que recibe un sueldo de $ 2.903.600 pesos, y Consuelo Morales, que trabaja en Desarrollo Comunitario y gana $ 1.344.030 pesos. Gómez y Morales también renunciaron a CS con Sharp.

Como Sharp corre como independiente, no recibió ningún aporte de partidos políticos, sólo cuenta con dos anticipos fiscales que suman $ 211.297 pesos, y la mayor inversión en la campaña fue realizada por el mismo candidato: sus tres autocontribuciones suman en total $ 22 millones 600 mil pesos.

Francisco Javier Leturia, doctor en derecho y miembro del consejo directivo del Consejo Para La Transparencia (CPLT), es enfático cuando dice que estas actividades no son ilegales, que “siempre es complicado el financiamiento de las campañas y puede ser polémico”.

Sin embargo, afirma que la situación puede dar una “mala sensación”. La impresión de que “están extorsionados, que están obligados. Que otra gente les da plata en negro y ellos depositan al alcalde”. También asegura que puede “generar un mal precedente de que los funcionarios están obligados a financiar al alcalde”, de esta forma dice que podría surgir un trato distinto entre los que donaron y los que no.

A esto se suma, según Leturia, que se puede crear “un problema respecto de que los funcionarios tienen color político, cosa que en teoría no está mal, pero en una municipalidad politizada, ¿qué pasa si llega otro alcalde? Genera una tensión que puede que no sea sana, todo esto es perfectamente legal, pero ¿es recomendable?”.

Dice que puede existir la situación de que algunos inviertan “en su propia reelección, porque si son de Convergencia o si son cercanos a Sharp, si llega el alcalde de la UDI se les acabó la pega, pero no lo encuentro mayormente problemático”, sostiene.

Sin embargo, según el miembro del consejo directivo del CPLT esta práctica no es ilegal y destaca que “si hubieran sido más truculentos habrían conseguido un amigo que les donara. Es mucho más turbio que no aparecieran oficialmente y hubieran sido invisibles”. Este apoyo puede mostrar “compromiso político, que es una cosa respetable”, asegura. Subraya que son ocho los funcionarios, “no son 300”, y además afirma que “en algunas campañas hay platas negras no registradas. El hecho de que registren las donaciones es un acto de transparencia”.

Está de acuerdo Alberto Precht, director ejecutivo de Chile Transparente, sede chilena de la ONG Transparencia Internacional: “Esto está absolutamente dentro de la norma. Se busca que haya diversidad de los donantes, por lo mismo tanto ciudadanos como funcionarios municipales pueden hacer aportes”.

Según Precht, si el aporte es voluntario, libre, dentro de los marcos que la ley establece y no tiene ningún tipo de influencia posterior en el empleo público, no hay problema. Pero advierte que “lo importante es que luego se pueda comprobar que no hay ninguna influencia en este aporte a la campaña, por ejemplo, a un ascenso, a un aumento de remuneración o algún trato diferenciado”.

Consultado por La Tercera, el Municipio indicó que el alcalde no se referirá al tema, pero que de todos modos la candidatura agradece los aportes de personas naturales, sean o no funcionarios, dado que su campaña no recibe financiamiento de empresarios.