Luis Thayer y nueva política migratoria: “La migración se ha dado en una lógica muy irracional, casi anárquica”

El jueves 6 de julio la ministra del Interior, Carolina Tohá, presentó la Política Nacional de Migraciones, confirmando dos criterios bases bajo los cuales personas que permanecen en situación irregular podrán regularizar: estar inserto en la economía formal o tener vínculos familiares en el país.

Pero aunque la idea ya había sido adelantada, las críticas no se hicieron en esperar. Esto, porque de acuerdo con personeros de oposición, se trata de un nuevo “perdonazo” a quienes ingresaron a territorio nacional “vulnerando los controles”. Sin embargo, el director del Servicio Nacional de Migraciones, Luis Thayer, descarta esa afirmación. .

“Nosotros entendemos que hay un problema en el país en razón del incremento significativo de irregularidad y nos vamos a hacer cargo de ese problema. Primero, vamos a empadronar a esas personas para saber quiénes son y dónde están, si tienen antecedentes, vínculos y, sobre esa información, vamos a ir tomando decisiones”, dice a La Tercera PM.

¿Cuáles son los principios que rigen esta política?

Esto es una política de Estado. Tiene continuidad con el borrador que se hizo en la administración anterior y tiene continuidad con los instructivos previos. Se convocaron a todos los ministerios. Tiene una mirada de largo plazo y el objetivo general es crear condiciones para que la migración sea ordenada, regular y segura, que son principios que están en el programa de gobierno y son principios consensuados que se traducen en dos ejes de acciones fundamentales: mantener control de frontera y un flujo controlado, puesto que entendemos que la migración se ha dado en una lógica muy irracional, sin ningún tipo de control en los últimos años, incluso, un poco anárquico; y, segundo, mejorar la gestión interna y establecer ciertas garantías de integración para las personas que ya están adentro.

¿Qué diferencias fijarían estas medidas respecto de lo que vimos en administraciones anteriores?

Menos desorden, más seguridad y menos tensiones en los territorios. Hay un aspecto que es muy poco comentado en la esfera pública, y que dice relación con la convivencia cotidiana entre chilenos e inmigrantes en los territorios y se van a tomar medidas para generar mayor integración. Ahí se van a notar cambios significativos. Otro cambio relevante se va a ver en materia de control de frontera y ya hay medidas que están en marcha, como es el plan de infraestructura crítica en la frontera que establece mayor y mejor dotación. Ya se ha visto una reducción del ingreso irregular, ha habido un descenso del 52%. Entonces, creemos que se va a notar una reducción mayor en los próximos meses. Además, el proceso de empadronamiento que se está implementado ahora va a ser un proceso que va a dejar capacidades instaladas para poder tener registros de las personas que están en situación irregular.

¿Por qué ahora sí tendríamos una migración ordenada, segura y regular? Ese mensaje ya lo escuchamos durante el gobierno del expresidente Sebastián Piñera.

Esa noción está en el programa del Presidente Gabriel Boric y son los criterios que fijó la declaración de New York, el pacto de Marrakech que el gobierno de Piñera se negó a firmar finalmente y a ratificar. No hay una novedad respecto de eso, yo te diría más bien que hay una disposición del gobierno de hacernos cargos con medidas concretas que hagan esto posible.

La política fija criterios para avanzar en una regularización de ciertos migrantes. ¿Qué características deberán tener esas personas?

Sí, la política fija criterios para una regularización, pero lo primero es decir que acá no va a haber una regularización general o masiva con pocos requisitos, como han sido los procesos de 2018 y del 2021. Acá habrá requisitos: estar inserto en la economía formal o tener vínculos familiares en el país. Además, será una regularización condicionada, porque probablemente va a ser una residencia temporal. Por cierto, la persona no debe tener antecedentes policiales y debe estar empadronado. Ahora, no todos los que se empadronen van a poder acceder a un proceso de regularización.

Las autorizaciones que se den por trabajo, además, evidentemente van a estar orientadas a hacer frente a las necesidades de los territorios. Eso nos permitirá cubrir ciertos déficit que hay de fuerza de trabajo.

¿Se ha determinado algún tipo de cuota o se va a regular a todos aquellos que cumplan con las condiciones que fije el proceso?

La cuota te la da la posibilidad de obtener una inserción en la economía formal del país. Evidentemente nosotros entendemos que en algunas regiones hay situaciones sumamente complejas en términos de acceso a los servicios públicos, entonces evidentemente que esos son factores que nosotros vamos a tomar en cuenta. Fijar una cuota exacta es muy complejo porque es una cifra, pero evidentemente hay una lógica de racionalidad económica en esta propuesta. En esa racionalidad económica es donde uno puede de alguna manera decidir un rango o un volumen determinado por las necesidades efectivas que tiene el mercado de trabajo.

Pero si una persona en situación irregular vive en zona saturada, ¿podría trasladarse a otra, buscar trabajo y así mantenerse en el país?

Nosotros tenemos la facultad de otorgar una residencia a una persona con un contrato en una zona determinada. Si, por ejemplo, determinamos que en la Macrozona Norte no tenemos ofertas de trabajo porque el mercado de trabajo nos está mostrando una tasa de desempleo alta, nosotros vamos a tomar la decisión de no optar autorizaciones en esa región. Entonces es crear el incentivo para que la persona vaya donde se le necesita.

¿Ya está definido cómo operaría?

Todavía no está definido el mecanismo, pero lo que han hecho países como España, por ejemplo, lo que hacen es otorgar una autorización de trabajo y le da un plazo para que presente un contrato. Es decir, podemos autorizar “x” cantidad de contratos en tal región, en esta otra región vamos a autorizar “x” cantidad de contratos, y así. Eso se va a regular en el mecanismo.

Ahora, el plazo para esta eventual regularización tampoco está definido. Vamos avanzando con este primer paso en el empadronamiento y en función del resultado de ello se van a ir tomando las decisiones. Nosotros entendemos que hay un problema en el país en razón del incremento significativo de irregularidad y nos vamos a hacer cargo de ese problema. Primero, vamos a empadronar a esas personas para saber quiénes son y dónde están, si tienen antecedentes, vínculos y, sobre esa información, vamos a ir tomando decisiones

¿Hay algún cálculo referente a cuánta fuerza laboral se requiere?

Hay estimaciones que son claras. Hemos conversado con los gremios agrícola, transportes, hemos tenido muchas conversaciones sobre esta materia y todo gira en torno al déficit de trabajadores que hay en esas áreas y la gran cantidad de trabajadores en situación irregular en esas ramas. Chile Transportes estima en más de 10 mil el déficit de trabajadores, la Sociedad Nacional de Agricultura ya había estimado para 2021 un déficit de alrededor de 100 mil personas.

Entonces, tenemos un déficit de trabajadores en ciertos sectores y un problema de inserción precaria e irregular en el mercado de trabajo respecto de extranjeros.

Considerando esos factores, en la oposición hablan de que nuevamente habrá un ‘perdonazo’ asociado al empadronamiento que impulsan. ¿Cómo enfrenta ese debate?

El proceso de empadronamiento, no es en ningún caso una amnistía o está asociado directamente a una regularización, eso está absolutamente descartado. De hecho, para hacer un regularización existe una facultad legal y no se necesita hacer un proceso de empadronamiento. Si se quisiera hacer una regularización masiva, se haría directamente. Ahora, nosotros creemos que el empadronamiento es una necesidad.

En nuestro diseño presupuestario, para el año 2024, estamos solicitando una importante expansión en materia de recursos para nuestro departamento de sanciones. Esto implica tener más abogados para tramitar expulsiones, más recursos para compra de pasajes, porque entendemos que tenemos un déficit en esa materia y la información que proveerá el empadronamiento evidentemente que va a servir en esa línea. Y también, va a aportar información sobre personas que tengan inserción real en la economía y que podrán optar a ser evaluadas para una regularización en los términos que he mencionado.

Los dos procesos anteriores le significaron al servicio una sobrecarga de trabajo. ¿Cómo van a impedir que el eventual nuevo proceso vuelva a entorpecer las labores que realizan?

Los procesos que se hicieron en 2018 y 2021 no implicaron un incremento en los recursos del servicio para tramitar esas solicitudes. Se recurrió a las capacidades instaladas y eso fue generando la saturación, el colapso y el rezago histórico que hoy estamos resolviendo. El año pasado terminamos de resolver prácticamente completo el proceso de 2021, pero eso generó también un problema importante de retraso en otras zonas.

Pero acá nosotros, por ejemplo, estamos invirtiendo $ 2.800 millones. Cualquier medida que implique más sobrecarga sobre el Servicio Nacional de Migraciones y sobre la PDI, por el empadronamiento, requiere de recursos para gestionarlo. Entonces, ante una eventual regularización condicionada, estará asociada a recursos.

¿Cómo ha sido hasta ahora el proceso de empadronamiento?

Se diseñó un proceso de entre 3 y 4 meses con una estimación inicial de 150 mil personas. La plataforma en línea para la inscripción en el proceso se abrió el 15 de junio y se extenderá hasta el 6 de octubre. A la fecha, tenemos 190.600 inscritos de los que no teníamos información, por lo que consideramos que la convocatoria ha sido exitosa.

Los primeros días vimos un peak. Los primeros tres días se escribieron casi 100 mil personas y después fue bajando. Nos hemos mantenido en torno a las mil dos mil personas diarias. No esperaría que subiera mucho más la cifra de personas empadronadas.

Terminado el proceso, ¿quien no esté empadronada se tiene que ir?

Sí. Personas con antecedentes, personas con delitos o no empadronadas, son las primeras en la fila para ser expulsados.