Luego de una reunión en dependencias del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, el Gobierno y los dueños del terreno donde está emplazada la megatoma de San Antonio, suscribieron un protocolo de acuerdo que determina un camino a seguir en búsqueda de una solución definitiva a esta problemática que ya cuenta con una sentencia de la justicia.

En la reunión en la que participaron el ministro de Vivienda, Carlos Montes; el alcalde de San Antonio, Omar Vera; el subsecretario del Interior Luis Cordero Vega; y Ricardo Posada y Esteban Solari propietarios del inmueble, se acordaron tres puntos, que evitarían el desalojo planificado para las próximas horas.

Según se informó mediante un comunicado “se establecerá una Comisión Técnica conformada, preferentemente, por profesionales del área de la construcción, e integrada por un representante de los propietarios del terreno, un representante del MINVU, y un representante de la I. Municipalidad de San Antonio, que reportará a las partes sobre las condiciones de venta del terreno, precio y garantías. En el caso de no lograr acuerdo, la Comisión establecerá las modalidades para proceder a dar cumplimiento razonable y paulatino al fallo antes referido”.

El segundo punto es que “el terreno será enajenado como una sola unidad en un solo acto”.

Y el tercer acuerdo es que “las partes establecerán que la Comisión Técnica tendrá un plazo máximo de duración de 6 meses contados desde la fecha de suscripción del presente protocolo. Durante su funcionamiento, las partes establecen que el contenido de los reportes de dicha Comisión, así como los acuerdos a los que se arriben, serán confidenciales y reservados”.

En tanto, según se informó, mañana se presentará en la Corte de Apelaciones de Valparaíso el acuerdo para informar al tribunal de las bases de este para suspender el desalojo con la finalidad de obtener un acuerdo satisfactorio para las partes.

“Si habrá manifestaciones o no dependerá del resultado de esta reunión”, señaló Karina Ayala, previo al encuentro la vocera del Comité Nuevos Aires de la megatoma de San Antonio, quien alrededor de las 11:30 de la mañana se dirigía a Santiago junto a otros representantes.

Su objetivo era estar a las afueras del Ministerio de Vivienda, para esperar el término de la reunión en la que el Ejecutivo se ha reunido con los dueños del terreno y sus representantes, y en la que se definirá su futuro: si habrá una solución para evitar el desalojo que Corte de Apelaciones de Valparaíso programó para el jueves 27 de febrero a las 10:00 horas.

Antes de la cita , fuentes del Ejecutivo aseguraban que se abrieron posibilidades de un acuerdo, que pasa porque los propietarios acepten vender a los pobladores el paño de 256 hectáreas a través del sistema de cooperativas. El nudo es que no hay entendimiento en el precio, las cooperativas aun están constituyéndose y los propietarios vinculados a la inmobiliaria San Antonio exigen garantías del Estado.

Lo que pasara en esta jornada era visto con atención desde La Moneda porque el peor escenario que podría enfrentar el Gobierno ad portad de su aniversario es la imagen de la fuerza pública desalojando a 10.251 personas que residen allí sin lograr una oferta de vivienda ni garantías de seguridad.

Si bien, el gobierno había asegurado que no habría desacato ante el mandato de la Justicia, el subsecretario Cordero lleva varias semanas evaluando las opciones que hay para contar con el número de funcionarios policiales que se necesita para hacer realidad el desalojo. Por ahora el salvavidas del gobierno en caso de estar obligados a desalojar es que el fallo de la justicia permite que este se realice por tramos y podría tardar varios meses, incluso un año.

Sin embargo, en el Ejecutivo saben que hay una fracción de los pobladores asociados a grupos anarquistas y de izquierda que están dispuestos a defender el terreno, lo que podría derivar en hechos violentos. Lo que pase en la megatoma, además, inició una fricción con el Partido Comunista que través del arquitecto Miguel Lawner, el exalcalde Daniel Jadue y la diputada Lorena Pizarro han manifestado su rechazo al desalojo.

Este domingo el Partido Comunista de Viña del Mar emitió un comunicado en el que afirma que las tomas son “parte de la historia de las ciudades”, que el “desalojo es una práctica punitiva” que criminaliza “por ocupar terrenos eriazos” y que “el déficit habitacional no se soluciona con el desalojo”.

En la colectividad que lidera Lautaro Carmona uno de los que ha jugado un rol para enfrentar el problema que implica la megatoma de San Antonio es el histórico dirigente Miguel Lawner, quien advirtió: “Si el gobierno lleva a cabo el desalojo, nos vamos a defender. Yo voy a estar ahí presente”

El ministro de Vivienda, Carlos Montes, llegó temprano en la mañana para reunirse con su gabinete y preparar la oferta del gobierno.

Su siguiente cita fue con el alcalde de San Antonio, Omar Vera, quien lleva semanas advirtiendo que su comuna no cuenta con las condiciones necesarias para darle una solución habitacional a los pobladores de la toma.

Puntualmente, a las oficinas del ministerio ubicadas en Serrano 33, llegó el subsecretario del Interior, Luis Cordero, con quien el jefe de la cartera de Vivienda se reunió a puertas cerradas para ultimar los últimos detalles de la negociación. Esta cita no duró más de 30 minutos, ya que a las 12:00 estaban citados los dueños del terreno y sus representantes para continuar con las conversaciones, cita que hasta el cierre de esta edición sigue en desarrollo.

Paralelamente, a las afueras de las oficinas del ministerio habían cinco dirigentes de la toma, acompañados de algunos vecinos con carteles que se leen: “juntos somos fuertes”.

“Es una comunidad grande. Esperamos que de esta reunión salga humo blanco y que sea bien acogida nuestra propuesta y es que si se concreta el desalojo, en este momento, según las autoridades, no tienen los medios para proporcionarnos un lugar apto para llevar a todas las personas que viven en la toma. El catastro oficial habla de 10.000, pero según nuestras estimaciones, son entre 15.000 y 20.000 personas”, relata Jorge Pérez, abogado de mesa de San Antonio.

A las 12:00 comenzó la reunión más crucial. Por parte de los propietarios llegaron Ricardo Posada y Esteban Solari; y los abogados de los propietarios, Diego Pereira-Fonfach y Juan Eduardo Duahart.

Los propietarios se negaron a ser fotografiados e ingresaron por una acceso aledaño al ministerio para no ser abordados por la prensa.

Desde el entorno del ministro Montes, afirman que el principal conflicto sigue siendo el precio. El viernes el gobierno recibió el resultado de la última tasación que encargó que hasta hoy no ha sido dada a conocer, pero que está por bajo lo 52 millones de dólares iniciales que calculaban los propietarios del paño ubicado en el Cerro Centinela.

Lo que pase hoy en las oficinas del Minvu, va a incidir en las relaciones del oficialismo particularmente en la Región de Valparaíso que está representada por el delegado regional, Yanino Riquelme (PC).