Millonaria licitación del Plan Nacional de Búsqueda ahora será auditada por Contraloría

El Plan Nacional de Búsqueda se ha levantado, desde que se comenzó con su diseño, como una de las políticas públicas de la administración del Presidente Gabriel Boric que mayor consenso ha generado.

Sin embargo, desde que surgieron antecedentes respecto de eventuales irregularidades en la asignación de recursos para ejecutar parte de las iniciativas que considera, la críticas y reproches comenzaron a surgir.

De hecho, luego de que se informara que se habían pagado vía trato directo más de $600 millones a una empresa para el desarrollo de una plataforma informática que permita gestionar los datos de las personas que están calificadas como “detenidas desaparecidas”, diputados UDI concurrieron a Contraloría para que realice las evaluaciones que correspondan.

Como pudo conocer La Tercera, fueron el jefe y el subjefe de la bancada de diputados UDI, Gustavo Benavente y Henry Leal, respectivamente, quienes oficiaron al organismo encabezado por Dorothy Pérez para que se audite el proceso antes señalado.

En su solicitud, los congresistas hicieron referencia a un reportaje publicado por Ciper que dio cuenta de la contratación directa que realizó la Subsecretaría de Derechos Humanos -en enero de este año- a la empresa Unholster, cuyo socio y actual director del área Data Science es Cristóbal Huneeus, quien a la vez es uno de los asesores técnicos que colaboran con la ministra del Trabajo, Jeannette Jara.

“Como bancada UDI hemos decidido presentar todos estos antecedentes ante la Contraloría General de la República, para que sean ellos quienes determinen si se ajusta o no a derecho la contratación de esta empresa. Aquí no solo se le entregó un millonario contrato a una compañía que está ligada a uno de los principales asesores previsionales de la ministra Jara, sino que además se realizó de manera directa, sin ninguna licitación de por medio”, manifestaron los diputados gremialistas.

Agregaron, en el mismo sentido, que ”revisando los antecedentes, este negocio se habría llevado a cabo sabiendo que existían otros desarrollos similares que se ajustaban a lo que requería el gobierno, y que por lo demás eran gratuitos. Por lo tanto, es indispensable que sea el órgano contralor el que se pronuncie frente a esta situación”.

Hicieron alusión, en esa línea, a que uno de los funcionarios del programa había puesto en conocimiento de las autoridades que una universidad de Estados Unidos ya había desarrollado una plataforma de similares características.

“Esperamos que la Contraloría pueda pronunciarse lo antes posible sobre este contrato, porque al menos los antecedentes que hemos conocido dan para levantar varias sospechas”, reiteraron los parlamentarios.

Así las cosas, en el requerimiento se hace presente que Contraloría debe determinar si el trato con la citada compañía se ajustó o no a derecho, conforme a los principios de eficiencia, eficacia y probidad administrativa consagrados en la Ley Nº 18.575, así como el criterio de selección basado en la propuesta económica más conveniente.