Tohá inicia carrera para estrenar Ministerio de Seguridad a mediados de 2025

Tras los abrazos y felicitaciones por haber logrado aprobar en último trámite el proyecto que crea el nuevo Ministerio de Seguridad Pública, una nueva carrera comenzó la ministra del Interior, Carolina Tohá (PPD), para implementar en un plazo breve esta nueva cartera especializada en combatir la delincuencia, dirigir a las policías y mantener el orden público.

Luego de que por 91 votos a favor, 28 en contra y seis abstenciones, la Cámara aprobara el informe de la comisión mixta de diputados y senadores, que desde agosto trabajó para consensuar un texto que destrabara su tramitación, ahora la iniciativa será revisada por el Tribunal Constitucional y luego pasará a su eventual promulgación por parte del Presidente Gabriel Boric, quien hasta el momento no tiene contemplado vetar el texto para introducir nuevos cambios.

Sin embargo, la entrada en vigencia de la ley, posiblemente a fines de diciembre, no implica que el Ministerio de Seguridad comience a operar inmediatamente. De partida, Boric tiene que resolver el dilema de quién encabezará la cartera. El subsecretario del Interior, Luis Cordero (independiente) es el candidato natural por su actual responsabilidad. No obstante, también corren con cierto favoritismo el diputado Raúl Leiva (PS), el subsecretario de Defensa, Ricardo Montero (PS), y la subsecretaria de Prevención del Delito, Carolina Leitao (indep. ex DC).

También hay otros nombres que promueven los partidos como la misma presidenta PS, Paulina Vodanovic; su par del PPD, Jaime Quintana; y la también timonel del Frente Amplio, Constanza Martínez. Igualmente algunos mencionan al diputado Leonardo Soto (PS), al exministro José Antonio Gómez (radical) y al exsubsecretario Neftalí Carabantes (radical).

Además de esa encrucijada, el gobierno tiene que redactar primero un conjunto de decretos para poner en marcha la nueva institucionalidad. Eso puede demorar incluso hasta un año y medio más, con la salvedad de que en agosto de 2025 al menos debe estar en funcionamiento el nuevo Sistema de Protección Ciudadana que incluye un conjunto de equipos de televigilancia. No obstante, para conformar el nuevo ministerio y su planta de personal, los equipos de Tohá tienen hasta un año y luego seis meses más para su entrada en funcionamiento.

Esos son los plazos máximos que establece la reforma aprobada hoy por la Cámara y visada ayer por el Senado. En todo caso, en el mismo gobierno y en el oficialismo remarcan que esos son los límites, ya que todos entienden que esta nueva institución debe tener un tiempo prudente para lucirse en la actual administración del Presidente Boric. Si no, no se entendería todo el apuro y el esfuerzo que dedicó la ministra para sacar este proyecto.

El diputado Jaime Araya (independiente-PPD) incluso dijo que el Presidente Boric nombre a fines de año al nuevo ministro(a) para que la nueva autoridad trabaje en la implementación. “Esto tiene que ser a la brevedad posible. Ojalá que antes de fin de año, esté nombrado el ministro o ministra, para comenzar la instalación. Tiene que comenzar a generar un trabajo con la Fiscalía y las policías. El ministro tiene que implementar el ministerio”, señaló.

Ese diseño, sin embargo, tiene resistencia en el gobierno. La misma ministra Tohá en las deliberaciones internas del comité político ha sido partidaria de que antes de designar al responsable se debe armar primero la nueva secretaría de Estado que heredará cerca de 900 funcionarios de Interior y contratará otros 120 empleados nuevos.

La diputada Alejandra Placencia (PC), sin embargo, independiente del modelo por el que se incline el Ejecutivo, expresó que la nueva cartera, con sus respectivos ministros y subsecretarios, debieran estar en funciones antes de mayo de 2025. “Esto debe ser lo antes posible y ese antes posible debe tener una expresión concreta de esa urgencia. Como se ha ido trabajando en paralelo y probablemente lo que más demoraría es el trámite ante Contraloría (que debe revisar los respectivos decretos) esperamos que en abril o mayo tengamos un ministro o ministra de Seguridad”.

El diputado Vlado Mirosevic (liberal), quien tras la votación de este miércoles, propuso eliminar la Secretaría General de la Presidencia, también coincidió que la implementación del nuevo Ministerio de Seguridad no debe extenderse. “Esto depende del Ejecutivo, porque depende de los decretos. Pero no puede ser un plazo más allá de seis meses”.

Otras voces del oficialismo son más cautas. El diputado Leonardo Soto (PS) afirmó que “no tiene mucho sentido nombrar a un ministro si no tiene ministerio. Si a fines del primer semestre del próximo año ya hay certezas en cuanto a autoridades, dónde y cómo va a funcionar, sería una gran noticia para Chile”.

En la oposición, el diputado Jorge Alessandri (UDI) también fijó un plazo para la implementación del ministerio, poniéndole la presión a la administración de Boric. “El ministro debiera estar nombrado cerca de abril y tendría nueve meses de este gobierno para implementarlo”.

Tras la sesión de la Cámara en la que se aprobó la reforma, Tohá se hizo cargo del nuevo debate en torno a los plazos y admitió la premura.

Flanqueada por su par de la Secretaría General de la Presidencia, Álvaro Elizalde (PS); la subsecretaria Leitao; y diputados de la alianza gubernamental, dijo que “el proyecto tiene una serie de plazos que implican que antes de un año se tienen que dictar el decreto con fuerza de ley y los reglamentos que lo habilitan”.

Sin embargo, dio un par de pistas de que ese plazo podría adelantarse. “Nosotros llevamos mucho tiempo preparando esos instrumentos, no empezamos ahora. Y estos plazos no sólo van a ser más breves, van a ser extraordinariamente breves, porque ya tenemos mucho trabajo adelantado para que en los próximos meses tengamos el ministerio funcionando”.

Incluso, la ministra adelantó que sería antes del 1 de junio del próximo año, cuando el Presidente Boric entregue su última Cuenta Pública al país.

“Cuando fue la cuenta pública de este año, el Presidente de la República dijo ‘el próximo año, cuando vuelva a dar mi cuenta pública, aquí va a estar sentado una mujer o un hombre que sea ministro de Seguridad’. Ese compromiso se va a cumplir, y creo que harto antes”.

En cuanto al diseño, la jefa de gabinete remarcó que, en primer lugar, será implementado el ministerio antes que se proceda al nombramiento del jefe de dicha cartera. “El gobierno ha decidido no ir por ese camino (de nombrar antes al ministro), porque la seguridad es un tema muy sensible, tiene mucha contingencia, entonces sería muy complejo nombrar a un ministro o una ministra cuando todavía las competencias están en el ministerio de al lado (Interior), no tiene los equipos. Eso dejaría un reino de grises que no es bueno para la seguridad”, complementó la ministra.

La creación de la nueva entidad demoró más de tres años. Sin embargo, la idea de crear una cartera encargada de dirigir a las policías viene al menos desde 1990.

Tras el fin de la dictadura, el objetivo inicial era sacar a Carabineros e Investigaciones (PDI) del Ministerio de Defensa para darle al poder civil la responsabilidad del orden público y la seguridad ciudadana.

De hecho, en 1992, en la administración de Patricio Aylwin, hubo un fallido proyecto que creaba una Subsecretaría de Seguridad Pública en Interior. El tema fue parte de las negociaciones de las reformas constitucionales de 2005 durante el Ejecutivo de Ricardo Lagos y también del programa del primer gobierno de Michelle Bachelet que convocó a una comisión para estudiar el tema.

Ese paso, no obstante, recién se concretó en julio de 2011, bajo la primera administración de Sebastián Piñera, con el traslado de las policías a Interior, independientemente de que en la práctica la coordinación policial ya era realizada hace años por las autoridades de este ministerio político.

En esta tramitación, el gran nudo fue la representación regional del nuevo ministerio. Nunca hubo unanimidad en cómo implementar la dirección de las policías a nivel territorial, ya que Carabineros y la PDI son instituciones que tienen un mando nacional, a diferencia de otros países.

Para salir de esa encrucijada, Tohá propuso empoderar al delegado regional presidencial como coordinador político en cada zona, a modo de que ejerza como jefe directo del futuro secretario regional ministerial (seremi) de Seguridad, una suerte de sheriff, según la antigua usanza anglosajona, quien estará a cargo de conducir y atender a Carabineros y la Policía de Investigaciones.

El problema de esa fórmula es que molestó a grupos regionalistas, entre ellos los mismos gobernadores, ya que, a juicio de ellos, ese diseño implicaba regresar al modelo del antiguo intendente.

Estos reparos regionalistas, además de otras críticas contra la creación de más burocracia, hasta último minuto pusieron en riesgo la aprobación del proyecto, tanto en el Senado como ayer en la Cámara, pero finalmente los llamados a la responsabilidad alinearon a quienes tenían dudas.