El 15 de marzo pasado, la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el recurso de reclamación que presentó Clínica Indisa contra una multa que le aplicó la Superintendencia de Salud, de 380 UTM ($ 19,6 millones), por condicionar una atención médica de urgencia a la suscripción de un pagaré.

El fallo alude al caso de una paciente de 78 años, que el 22 de enero de 2014 fue encontrada por personal médico inconsciente en el suelo de su casa, siendo ingresada al Hospital de Carabineros, donde se le intubó y conectó a ventilación mecánica. Según consta en la Resolución IP/Nº 1004, la paciente sufrió un accidente cerebrovascular isquémico y, por falta de cupo en la UCI, debió ser trasladada de urgencia al día siguiente a la Clínica Indisa. Si bien la propia clínica realizó la notificación en la página web de urgencias GES a la autoridad, igualmente solicitó a sus familiares un pagaré al día siguiente, lo cual contraviene el Decreto con Fuerza de Ley Nº 1 del año 2005, que prohíbe a los prestadores de salud exigir dinero, cheques u otros instrumentos financieros para garantizar el pago o condicionar de cualquier forma las atenciones de urgencia o emergencia.

A más de siete años de lo ocurrido, la exigencia de garantías económicas para otorgar prestaciones de salud urgentes persiste. Aunque la ley es clara: “Ningún hospital o clínica puede negar la atención a una urgencia vital o emergencia, ni exigir un cheque, pagaré u otro documento o dinero en efectivo en garantía para otorgarla, mientras dure tal condición”, detalla el regulador.

Y solo por esta causal, las multas que aplicó la Superintendencia de Salud a prestadores de salud privada en 2020 alcanzaron un registro histórico. Nunca antes las clínicas habían acumulado tantas sanciones y por montos tan altos.

Así, el año pasado las multas contra prestadores de salud privados sumaron $ 1.244 millones, con 58 sanciones, superando así el mayor registro de 2019, cuando el regulador decidió endurecer sus criterios y aplicar las máximas sanciones, que totalizaron $ 791 millones, con 32 multas.

Según cifras de la Superintendencia de Salud, en 2020 Clínica Dávila acumuló un total de 34 sanciones, con multas por 14.300 UTM ($ 737 millones). Le siguen: Clínica Tabancura y Clínica Bicentenario, con cuatro sanciones y 2.200 UTM ($ 113 millones) y 1.700 UTM ($ 87,7 millones), respectivamente. Luego vienen Clínica Vespucio, con tres multas por 1.200 UTM ($ 61 millones) y el Hospital Clínico Universidad Católica, con dos multas por 1.050 UTM ($ 54,1 millones).

Si se considera que la suma de las sanciones por este concepto entre 2016 y 2020 alcanza $ 2.525 millones, las multas del año pasado representan el 49% de las cursadas en todo el período.

El superintendente de Salud, Patricio Fernández, explicó que el fuerte incremento se sustenta “en varias denuncias recibidas contra Clínica Dávila por condicionamiento en la atención”. Y añade que “exigían a los clientes pagar en efectivo o dejar documentos como cheques u otros, o de lo contrario no los atendía en servicios de urgencia. Esto motivó el inicio de esta fiscalización y también motivó el levantamiento de cargos que terminó con 34 sanciones”.

Fernández destacó que “nunca la Superintendencia había aplicado multas de este nivel. Anteriormente, lo que se aplicaba eran amonestaciones o multas muy bajas. Nosotros cambiamos nuestra política el año pasado y el criterio de resolución por los reclamos, y creemos que había que endurecer las multas dentro del rango que la ley nos permite, de tal forma que los prestadores también asimilen que ya no habrá una amonestación o una multa muy baja que puedan pagar y seguir realizando malas practicas”.

El regulador planteó, eso sí, que en el último tiempo no se ha registrado el mismo nivel de sanciones. “En el año 2020, cuando se generan estas denuncias, nos pareció que había que ser bastante riguroso en la resolución de esos casos, porque había personas que habían sido fuertemente afectadas en el sentido de que habían acudido a la clínica a la espera de una atención y se les exigió dinero en efectivo a muchas personas que no lo tenían en ese momento”, concluyó.

Frente al incremento de multas, el vicepresidente ejecutivo de Clínicas de Chile, Javier Fuenzalida, explicó que “como gremio no nos corresponde hacer un juicio, ya que es una prerrogativa de la autoridad. Al mismo tiempo, estas corresponden a situaciones que deben ser abordadas particularmente con los prestadores involucrados. Sí podemos afirmar que procuramos siempre brindar una atención de calidad y oportuna a los pacientes, tal como ha quedado de manifiesto en la contribución que hacemos día a día y sin descanso en el enfrentamiento de la pandemia”.

Mientras, RedSalud sostuvo que “estamos permanentemente mejorando nuestros procesos internos y protocolos, no solo para asegurar el cumplimiento de lo establecido por la autoridad, sino también para garantizar una atención de salud accesible y de calidad, incluso en las condiciones más desafiantes que hemos enfrentado desde 2020”.

Por su parte, José Ignacio Valenzuela, gerente general de Clínica Dávila, explicó que “la gran mayoría de estas multas corresponde a una misma y particular situación referida a un proceso administrativo de ingreso de pacientes en el Servicio de Urgencia durante un período anterior al año 2020, consecuencia de un cambio de criterio aplicado por la Superintendencia. Tras la fiscalización realizada por este organismo, Clínica Dávila modificó sus políticas y las ajustó de acuerdo a dichas definiciones. Si bien durante el año pasado se pagó parte de esas multas, que no corresponden al año 2020, el monto fue muy inferior al que se señala, ya que en varias de estas se acogieron nuestros reclamos. Además, respecto de algunas multas restantes, aún existen recursos procesales pendientes”.

El ejecutivo explicó que “continuamente estamos revisando nuestros procesos para mejorarlos y adecuarlos, teniendo en cuenta la normativa vigente y la seguridad del paciente como foco esencial. No esperamos a ser fiscalizados, ni mucho menos multados, para adoptar mejoras y revisar nuestra operación. Tenemos planes estructurados que, entre otras cosas, nos han permitido ser la primera clínica de Chile en contar por tres veces consecutivas con la acreditación nacional.

Asimismo, añadió que “a pesar de que los motivos de estas multas son eventos acotados y particulares, al momento de recibir alguna observación generamos los cambios administrativos necesarios para ajustarnos a los criterios aplicados por la Superintendencia y la nueva normativa, lo que en este caso significó una drástica disminución en las sanciones. De hecho, durante 2020, en plena pandemia y en medio de un esfuerzo extraordinario por expandir nuestros servicios a la comunidad, entregamos más de dos millones de atenciones y no tuvimos ninguna sanción relacionada al Covid-19 o su normativa”.