Muñoz refuerza el flanco derecho con excontralor Mendoza y votos clave de RN siguen en suspenso

Una sorpresiva carta sacó esta mañana la defensa del juez de la Corte Suprema Sergio Muñoz, quien concurrió esta mañana al Senado de la República, en Valparaíso, para enfrentar los dos cargos que contiene la acusación constitucional presentada en su contra y también contra la exmagistrada Ángela Vivanco.

En vista de que los senadores están obligados por la Constitución a votar por separado cada capítulo acusatorio, las bancadas acordaron iniciar el proceso contra Muñoz, por orden alfabético, y luego pasar a revisar el caso de Vivanco. La idea era iniciar hoy la discusión jurídica y votar el miércoles los dos capítulos contra Muñoz, en la mañana, y los otros dos que apuntan a la removida jueza, en la tarde.

Sin embargo, esta mañana varios senadores se vieron sorprendidos con la presencia del excontralor Ramiro Mendoza, quien llegó a apoyar el equipo jurídico del alto magistrado, considerado uno de los miembros más poderosos del máximo tribunal, que hasta ayer era integrado exclusivamente por el exsubsecretario y exintegrante del Tribunal Constitucional Jorge Correa Sutil y su hijo abogado, Juan Correa Serrano.

Para algunos senadores la señal de la defensa de Muñoz era clara: reforzar los argumentos en la derecha, donde Mendoza goza de cierta influencia. El excontralor, de hecho, fue integrante del equipo programático de Sebastián Piñera en su segunda candidatura presidencial.

La jugada tenía cierta explicación. La aprobación de la acusación a Muñoz depende preliminarmente de que las bancadas de derecha, donde existe una visión extremadamente crítica de sus fallos, actúen alineadas. Luego de eso se necesitaría sumar al menos uno de los dos senadores de Demócratas (Ximena Rincón y Matías Walker) o al independiente Karim Bianchi, quien tiene una visión severa de la crisis del Poder Judicial.

Aunque entre senadores, incluso del oficialismo, hay una opinión extendida de que Muñoz ha abusado de su poder, promoviendo el “activismo judicial” y “legislando” en sus sentencias, en las bancadas de izquierda y centroizquierda predomina la valoración del ministro por su rol en los casos de derechos humanos o que han tenido impacto en políticas sociales. Por lo tanto, es difícil que un senador oficialista o de la DC cruce solitariamente a respaldar el libelo.

Por el contrario, el cuadro está más disperso en la oposición. Si bien los comités de la UDI y Evópoli intentarán actuar coordinados, Demócratas y RN acordaron dar plena libertad de acción.

En la bancada de Renovación Nacional se concentra el mayor riesgo de desmarque, ya que además ese grupo está integrado por dos independientes asociados, Alejandro Kusanovic y Kenneth Pugh, quienes suelen actuar con bastante autonomía y hasta hoy en la mañana no eran votos seguros para aprobar alguno de los capítulos contra Muñoz.

Además, en RN hay otro problema: dos posibles ausencias. Una de ellas es la senadora Paulina Núñez (RN), quien se encuentra de posnatal y, según ratificaban sus pares de bancada, no está confirmada su asistencia.

También está el caso del senador Francisco Chahuán (RN), quien está casado con Sandra Ibáñez, jueza del Juzgado de Familia de Viña del Mar. En 2020, ante una anterior acusación a un miembro del Poder Judicial, la ministra de la Corte de Apelaciones de Valparaíso Silvana Donoso, Chahuán decidió prudencialmente “inhabilitarse”, debido a la dependencia jerárquica de su cónyuge con la acusada, a pesar de que no estaba obligado constitucionalmente a restarse de la votación.

Ayer, en Radio Universidad de Chile, Chahuán admitió que no ha tomado una decisión al respecto. “Voy a tomar todas las precauciones necesarias, si eventualmente me inhabilito será mañana, no voy a adelantar juicios (...), voy primero a escuchar, y ahí veré”, dijo.

En tanto, en Demócratas, el senador Matías Walker es otro voto en suspenso. Él es conocido entre sus pares por tener un criterio restrictivo de las acusaciones constitucionales. De hecho, desde que era diputado solía fundar su voto más en consideraciones jurídicas que políticas.

Hoy el gobierno de Boric mira con inquietud lo que ocurrirá en el Senado con las acusaciones constitucionales contra ministros de la Corte Suprema.

En caso de aprobarse el libelo contra el juez Muñoz, La Moneda tendrá que trabajar en la propuesta de un nuevo reemplazo de integrante del máximo tribunal, que se suma al nombre que deben postular ante el Senado para que se llene el cupo que dejó Vivanco.

A la vacancia de esta última se suma el escaño de Jorge Dahm, aún pendiente, y el que dejará durante octubre el ministro Juan Eduardo Fuentes, quien alcanzará el límite de edad para ejercer en dichas funciones.

Dentro del gobierno de Boric entienden lo complejo que es el proceso de designación de un nuevo titular de la Suprema.

Pese a ello, las autoridades de gobierno optaron por restarse de la discusión que se está dando en el Senado para concentrarse en la presentación, este miércoles, del proyecto que modifica el sistema de nombramientos judiciales. Se trata, además, de la medida con la que la administración del Presidente Boric busca enfrentar la crisis desatada por el caso Audio.

Al mismo tiempo, entienden que, al menos públicamente, no se pueden inmiscuir en la votación de acusación en contra del juez Muñoz, aunque sí han dado luces de su postura. De hecho, el ministro Cordero planteó durante el fin de semana que sacar a Muñoz de la Suprema en base a sus fallos anteriores significa que “estaríamos distorsionando el sistema institucional”.

Se trata de un mensaje que han compartido previamente con los partidos del oficialismo. Por ejemplo, en medio de un comité político ampliado, los ministros de Boric les recalcaron a las colectividades que se fijaran bien en los “fundamentos jurídicos” de las acusaciones constitucionales que se presenten contra jueces de la Suprema.