“Ni Cathy Barriga ni el alcalde de Recoleta tienen un peso en sus bolsillos”: los argumentos de la defensa de Jadue ante la Corte para lograr su liberación

Como segundo punto en la sala de la Corte de Apelaciones de Santiago estaba la mañana de este miércoles la apelación del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC). El tribunal de alzada revisó la apelación de la autoridad comunal, quien se encuentra en prisión preventiva desde el 3 de junio, luego de que el Tercer Juzgado de Garantía de Santiago decretó dicha medida cautelar, la cual hasta el cierre de esta edición aún no se resolvía si se mantenía o modificaba.

La apelación del alcalde de Recoleta fue ingresada a última hora del sábado, luego de que la defensa del alcalde de Recoleta, el abogado Ramón Sepúlveda, presentara el escrito ante el juzgado que decretó la medida y que lo derivó a la Corte, la cual fijó para este miércoles la revisión de la cautelar de Jadue, quien se encuentra recluido en la Cárcel Anexo Capitán Yáber.

Desde ese centro penitenciario, y a la espera de que se presentara la apelación, Jadue envió -hasta ahora- dos cartas a los adherentes del Partido Comunista, quienes también lo acompañaron durante las cuatro jornadas que se extendió su formalización. Durante la audiencia de este miércoles en la Corte, también estuvieron presentes el exdiputado Hugo Gutiérrez y Esteban Maturana, expresidente de la Confusam.

Para los alegatos, representando al Ministerio Público estaba la fiscal Giovanna Herrera, acompañada por su equipo, entre los que se encontraba el exfiscal regional Occidente José Luis Pérez Calaf. Por el Consejo de Defensa del Estado (CDE) estaba el consejero Daniel Martorell y por la empresa Best Quality, quien se querelló inicialmente en contra del alcalde de Recoleta por el presunto delito de estafa, estaba el abogado Mario Vargas.

Comparecencia que se dio en la Cuarta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, la cual estuvo integrada por la presidenta Jessica González, el ministro Tomás Gray y la ministra Lillian Leyton, quienes escucharon durante toda la mañana las alegaciones de las partes del denominado caso Farmacias Populares.

Primero fue el turno del abogado de Muñoz, Pablo Araya, quien comenzó su alegación argumentando sobre el estándar de la prisión preventiva, en la cual también se encuentra el exsecretario, afirmando -además- que la administración de Achifarp estaba a cargo de otro funcionario antes de que Muñoz asumiera. En esa línea, planteó que los presuntos delitos de administración desleal que se imputan habrían ocurrido antes de que este llegara a la asociación encabezada por Jadue.

Después de aquello fue el turno de Sepúlveda como defensa de Jadue, quien comenzó sus alegaciones sosteniendo que “estimamos como defensa que esta medida cautelar es injustificada y desproporcionada”. Seguido de eso, el abogado del alcalde de Recoleta argumentó que en “todos los antecedentes expuestos en la formalización por el Ministerio Público de los querellantes no se permite acreditar la existencia de los delitos por los cuales se ha formalizado a la ley. Y, además, estimamos que no se permite, con los antecedentes expuestos, arribar a presunciones fundadas respecto de su participación”.

Sepúlveda apuntó a la jueza Paulina Moya, que cuando dictó la prisión preventiva de Jadue “no tomó en cuenta, no mencionó las palabras de la defensa”.

Entrando a detallar las alegaciones por cada uno de los cinco delitos que se le imputan al alcalde de Recoleta, Sepúlveda apuntó -al igual que en la audiencia de formalización- que no se configura el delito de administración desleal en que Jadue encabezara la asociación. “Efectivamente había un tesorero y la gente tenía que resguardar el patrimonio de Achifarp. La Fiscalía sostendrá que era un estatuto de papel, que finalmente todo era de Daniel Jadue, que él manejaba todo”, pero que también había otros alcaldes que “son parte de una asociación, cuando tienen un cargo, tienen responsabilidad”.

“No es real que existan antecedentes que permitan sostener que Daniel Jadue tenía la administración de esta asociación. Todos los testigos que trabajaban en Achifarp declaran que el que tomaba las decisiones de vender al público, de comprar la camioneta, de comprar insumos médicos, era Matías Muñoz, porque él era el gerente de esta empresa”, agregó el abogado.

Más adelante, y sobre el delito de estafa, el abogado de Jadue apuntó a que “no hay ningún elemento que permita sostener, ni siquiera de manera iniciaria, que ellos fueron -Best Quality- engañados”.

Sepúlveda también apuntó a que “Daniel Jadue en todo este proceso no ha tenido un antecedente que permita sostener que él tuvo algún beneficio económico. Los querellantes van a decir que el fraude al Fisco no requiere beneficio patrimonial, pero la Fiscalía señala que el beneficio de Daniel Jadue habrían sido sus campañas, que llegó a estar como candidato presidencial (...) eso es un error que comete la Fiscalía, porque efectivamente Daniel Jadue destaca por las farmacias populares, la óptica, la inmobiliaria y una serie de proyectos. Por lo tanto, pretender imputar delitos porque tiene una figuración política es un error”.

Más adelante en su alegación, el abogado del alcalde Jadue aseguró que se analizan las penas, “que fue el criterio que usó el tribunal, no puedo necesariamente decretar prisión preventiva”. En esa línea, reiteró que “hay una similitud con Cathy Barriga, ese caso y el alcalde de Recoleta, comparado con todos los otros alcaldes que han sido formalizados. Ni Cathy Barriga ni el alcalde de Recoleta tienen un peso en el bolsillo, y lo que la Fiscalía cuestiona son decisiones administrativas y actos administrativos que se van a ver en un juicio oral”.

Por lo tanto, no puede haber una diferencia sustancial con el alcalde de Recoleta porque es una persona que figura o que estuvo en una campaña presidencial. Acá los antecedentes presentados por el Ministerio Público y los querellantes no dan acreditados los delitos y no hay necesidad de cautela”.

Sepúlveda pidió que se modifique la decisión del Tercer Juzgado de Garantía de Santiago y consigo pidió que se decrete la medida cautelar de firma y arraigo, además de prohibición de acercarse a la Municipalidad de Recoleta. Si no, arresto domiciliario total o parcial.

En la Corte de Apelaciones de Santiago, la mañana de este miércoles también se pudo ver el “refuerzo” del PC al caso. Y es la presencia del exconstituyente Hugo Gutiérrez, lo que según fuentes de La Tercera se debe a que formaría parte del grupo de personas que está asesorando política y comunicacionalmente la situación judicial de Jadue.

Aquello derivaría en que a comienzos de la semana la defensa de Jadue se reunió con la comisión política del PC. Instancia en la que se acordó que tanto Gutiérrez como la diputada Carmen Hertz apoyarían en materia técnica y política todo el caso. Acciones que hasta ahora se han demostrado con la publicación de las cartas de Jadue, así como también de los apoyos y visitas que se han dado en la cárcel, donde ha sido visitado incluso por el presidente del partido, Lautaro Carmona. Pese a eso, hasta ahora no está contemplado que ni Gutiérrez ni Hertz estén dentro de la defensa de Jadue.

Sin embargo, quienes conocen de cómo el PC y la defensa del alcalde de Recoleta han abordado la situación, sostienen que si el escenario se vuelve adverso para el militante comunista, es decir, que en la próxima revisión de medidas cautelares -dentro de los 120 días de investigación- esta no logra revertirse, entonces en esas circunstancias la defensa encabezada por Sepúlveda sería reforzada por el PC.

El recurso de apelación de la defensa de Jadue apuntaba, entre otras cosas, a que la madre del alcalde de Recoleta se encontraba enferma, por lo cual requería de cuidados.

Argumento que para el abogado Christian Espejo, quien representa al exconcejal Mauricio Smok, querellante en el caso, no tiene fundamentos.

“El argumento sobre la madre de Jadue no es convincente. Él debería haberse preocupado por ella mucho antes”, sostuvo. En esa línea, afirmó que ella no necesitaba de que Jadue esté libre, en cambio que el país sí lo necesitaba en prisión preventiva.

Sobre las argumentaciones de Sepúlveda, Espejo afirmó que “no contradicen lo resuelto por la magistrada del Tercer Juzgado de Garantía”, por lo que a su juicio “creemos que hay elementos para pensar que esto se extenderá, ya que han actuado en otros municipios. Jadue está involucrado en otras actividades ilícitas, como en Estación Central. Creemos que la investigación es crucial para establecer nuevos delitos, como malversación de fondos públicos, lavado de dinero, ocultamiento de bienes, entre otros”.