No es fiscal y lleva 5 meses: abogado asistente que fue a audiencia sería el principal responsable de liberación de miembros del Tren de Aragua en Los Vilos

En noviembre del año pasado, la Policía de Investigaciones (PDI) llevó adelante un extenso operativo. El objetivo de la policía civil, por orden del Ministerio Público, era detener a una banda que se dedicaba al secuestro de personas. Organización que, además, tendría nexos con la megabanda internacional Tren de Aragua. En esa ocasión se detuvo a seis sujetos, todos bajo el delito de asociación ilícita y secuestro agravado.

Desde entonces han pasado casi siete meses, tiempo en el que los integrantes de la banda, principalmente de origen venezolano, permanecieron en prisión preventiva en la Cárcel de Alta Seguridad. Eso hasta que en una cuestionada audiencia de revisión de medidas cautelares el Juzgado de Garantía de Los Vilos accediera a la solicitud de las defensas de cinco imputados y rebajara la medida a arresto domiciliario total. Todo por el pago de caución de $5 millones de fianza.

En la audiencia desarrollada el pasado lunes quedó registro del cruce de cuestionamientos entre la magistrada Daniella Pinto y el abogado asistente de la Fiscalía Local de Los Vilos, Luis Soto, quien no habría tenido los antecedentes suficientes -según la jueza- para fundar la necesidad de mantener tras las rejas a los presuntos secuestradores. Situación que plantea la interrogante, ¿de quién es la culpa?

Interrogante que se alza aun más cuando, hasta ahora, cuatro de los cinco sujetos no han podido ser hallados por parte de la policía luego de que la Corte de Apelaciones de La Serena revirtiera la decisión del tribunal y mantuviera la prisión preventiva de los imputados. Solo uno de los sujetos se entregó voluntariamente en la PDI de la Región de Coquimbo.

La modificación en las medidas cautelares de los cinco integrantes de la peligrosa banda internacional levantó una serie de cuestionamientos de parte, incluso, del gobierno. Además, generó que el Ministerio Público abriera una investigación administrativa.

La solicitud de revisión de las medidas cautelares en contra de los presuntos miembros del Tren de Aragua fue requerida por la defensa de los imputados, quienes al comienzo de la audiencia plantearon la necesidad -tras siete meses- de reducir la agravante de estas y pedir el cambio por el arresto domiciliario total. Para argumentar aquello, plantearon que no existían antecedentes fundados que vincularan a estos sujetos a la investigación por secuestro llevada adelante por el Ministerio Público.

En ese sentido, los abogados fueron cuestionando punto por punto aquellos antecedentes. Luego de eso vino la exposición por parte de la Fiscalía Local de Los Vilos, exposición que estuvo a cargo del abogado ayudante del fiscal Patricio Jory, Luis Soto, quien pidió mantener la prisión preventiva. Argumentos que, según consta en los registros de la audiencia, no fueron claros para la magistrada Pinto.

Jueza: Tiene que ser más preciso, fiscal, si las defensas están haciendo alegaciones precisas usted me debe responder de forma precisa (...) usted no me puede decir solamente que todo se mantiene, esto está tal cual, tiene que hacerme alegaciones más precisas. A su juicio no hay antecedentes nuevos.

Fiscalía: El Ministerio Público a través de las pericias realizadas y de la investigación realizada los sitúa como parte de la organización criminal, su señoría.

Jueza: ¿Y yo tengo que confiar en eso? Dijo, reconocimiento de fotografía, lo cuestionó; utilización de dron, lo cuestionó; la declaración de la víctima, la cuestionó en la parte de participación de su representado, entonces usted precise esos puntos. ¿Lo sabe o no lo sabe?

Fiscalía: No, su señoría. Lo desconozco.

Jueza: La primera cuestión yo voy a oficiar al fiscal local para precisar que el fiscal que se encuentra en la audiencia del tribunal para la revisión de las medidas cautelares no conoce las incidencias planteadas por las defensas. Esto me parece impresentable porque estamos hablando de una de las causas más emblemáticas que tiene la Fiscalía de Los Vilos y usted me está haciendo alegaciones de este tipo, y yo lo estoy diciendo en el audio para que quede constancia de esto, fiscal.

Fiscalía: Sí, su señoría, lo entiendo.

Fiscalía: Independiente, su señoría, que por una situación administrativa este fiscal hubiera tenido acceso reciente hoy día a esta carpeta y no pudo hacer las alegaciones como correspondía, su señoría, tomando en consideración los delitos que se están investigando, el Ministerio Público cree prudente para todos ellos la suma de $5 millones.

Jueza: Yo estimo que efectivamente una caución de $5 millones no permitiría salvaguardar eficazmente el fin del peligro de fuga. Si es que se efectúa el pago de la suma antes dicha, arresto domiciliario total, firma mensual que será diligenciada por funcionarios de Carabineros y también el arraigo nacional.

Tal como lo señaló en la audiencia, finalmente la magistrada ofició a la Fiscalía Local de Los Vilos por la exposición del abogado de esa repartición. Según el escrito, al cual tuvo acceso La Tercera, le hizo presente al fiscal Jory que quien compareció a la audiencia “no conocía los antecedentes de investigación fiscal, como consta en el registro de audio, por lo cual no se pronunció sobre las incidencias planteadas por las defensas ni pudo dar respuesta a las consultas realizadas por esta magistratura”.

Es precisamente el rol del abogado de la Fiscalía Local el que se encontraría, según fuentes del Ministerio Público, más cuestionado, ya que demostró durante la audiencia que no conocía los antecedentes de la causa, lo que provocó su falta de argumentación y ante lo cual finalmente la jueza accedió a la solicitud de la defensa. Falta de preparación que, en tono molesto, incluso la magistrada Pinto le hizo parecer.

A esto, además, se suma que el abogado Soto tampoco apeló de forma verbal e inmediata en la audiencia, lo que habría permitido que los sujetos hubieran permanecido tras las rejas hasta que la Corte de La Serena resolviera la apelación a la decisión de la jueza. Sin embargo, esta apelación se hizo por escrito luego de la audiencia, cuando los imputados ya estaban, supuestamente, cumpliendo su arresto domiciliario total.

El trabajo de la Fiscalía Local de Los Vilos generó que la Fiscalía Regional de Coquimbo abriera un sumario para determinar lo que habría pasado en esta causa. Indagatoria administrativa por la cual, según fuentes del Ministerio Público, la Fiscalía Nacional pidió a la repartición regional que se haga con la máxima celeridad posible.

El fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper sostuvo que esta medida “busca justamente establecer el nivel de cumplimiento de las directrices enviadas con anterioridad para la vía de preparación de la audiencia por parte de fiscales y abogados asistentes. Juntamente con esa medida administrativa para ver qué ocurrió al interior de la Fiscalía y que nos hacemos cargo, tomamos decisiones rápidas respecto a la causa misma”.

Por su parte, si bien no ha habido una comparecencia oficial de parte del Poder Judicial, las asociaciones de magistrados también han seguido de cerca el caso, recabando antecedentes.

Si bien los cuestionamientos al actuar del Ministerio Público surgen a raíz de lo ocurrido en esta causa, también se expone la situación al interior del organismo. Y es que la Fiscalía Local de Los Vilos es una de las 45 reparticiones del ente persecutor que cuenta con un solo fiscal, lo que dificulta que este puede estar presente en todas las audiencias de esa jurisprudencia, lo que genera que deban asistir abogados ayudantes a estas instancias.

El presidente de la Asociación de Fiscales de Chile, Francisco Bravo, explica a La Tercera que “más allá de las responsabilidades individuales, que por cierto se deben indagar, acá nosotros queremos poner el foco en que hay problemas graves desde el punto de vista de dotación y distribución de los recursos. A propósito de Los Vilos, de Alto Hospicio, Los Lagos, O’Higgins, entre otras, le dijimos a Abbott que la situación no daba para más. No decimos que no pueda haber responsabilidades, pero sabemos que se ha reaccionado tarde ante problemas que la Asociación de Fiscales hemos estado gritando ante las autoridades, tanto del Ministerio Público como del Congreso Nacional”.

Bravo afirma que también se requiere de que abogados y fiscales tengan capacitaciones antes de comenzar a cumplir sus labores, tal y como ocurre con los jueces.

En esa línea, además, afirma que “no puede ser que caiga todo el peso sobre un abogado asistente si se tiene en consideración el escenario en el que se desempeña. Hemos dicho mil veces que los abogados asistentes puedan subrogar, pero en las fiscalías unipersonales debe haber al menos dos. Aquí hay que hacerse cargo del problema estructural, el proyecto de fortalecimiento tiene que mirar estas realidades complejas y se debe legislar con premura la existencia de la Fiscalía Supraterritorial”.

Consultada al respecto, la ministra del Interior, Carolina Tohá aseguró que las personas aún prófugas están siendo buscadas, la policía ya tiene más o menos identificado dónde estarían y no se puede excluir que se puedan entregar también, pero en el intertanto están siendo buscadas”.

Sobre este caso, la ministra sostuvo que como gobierno “expresamos, como lo hemos hecho otras veces, nuestra preocupación por decisiones de este tipo cuando se trata de grupos criminales que tienen los antecedentes que tenía este y de personas que en casos similares han tenido comportamientos de fuga ya”.

“Nos preocupa y nos sorprende que en un caso en que tan evidentemente iba a pasar esto se tome una decisión de este tipo. Ahí ciertamente hubo falencias que los organismos tendrán que evaluar”, concluyó la autoridad de gobierno.