“No habrá mall ni botillería”: Las prevenciones de Raúl Torrealba tras rechazo de acuerdo entre Vitacura y el Grupo Schiess
El próximo 3 de diciembre los abogados de la Municipalidad de Vitacura y la Sociedad de Desarrollo Agua del Palo Ltda. -firma asociada a la familia de Christoph Schiess, dueña de Tánica- expondrán ante la Corte Suprema que no hubo acuerdo para poner fin a un antiguo litigio por terrenos que pertenecieron en los años ochenta a la Compañía de Aceros del Pacífico (CAP). Cinco concejales rechazaron la propuesta al considerar que el monto ofrecido por la transacción era muy bajo, lo que implicaba a juicio de ellos un detrimento al patrimonio municipal. Mientras, Tánica -que pretende construir ahí un proyecto inmobiliario- lamentó la decisión del concejo municipal.
Esta mañana, el concejo de la municipalidad de Vitacura rechazó la posibilidad de alcanzar una conciliación con la Sociedad de Desarrollo Agua del Palo Ltda. -firma asociada a la familia de Christoph Schiess, dueña de Tánica- en un conflicto por la propiedad de unos terrenos que pertenecieron a la Compañía de Aceros del Pacífico (CAP) y que se ubican en Santa María de Manquehue.
Se trata de tres lotes de terrenos, los que se ubican entre las calles Parque Antonio Rabat y Bosques del Polo. El 15 A y 16 A cuenta con un avalúo fiscal de $206 millones (UF 7.125) y $698 millones (UF 24.140), respectivamente. Mientras que el avalúo fiscal del tercer paño que se ubica en Bosques del Polo, denominado Lote 28 es de $836 millones (UF 28.937).
La discrepancia sobre los terrenos surgió en abril de 2019, cuando la Sociedad de Desarrollo Agua del Palo Ltda. presentó un reclamo de ilegalidad por un oficio que emitió la Dirección de Obras de la Municipalidad de Vitacura, que rechazó un anteproyecto de edificación que establecía como uso de suelo la calificación de equipamiento deportivo para los terrenos. En síntesis, el oficio en cuestión concluyó que el inmueble en donde recae el proyecto tiene destino municipal.
En su reclamo, la sociedad del Grupo Schiess argumentó que en el plano original de la subdivisión L-719-A de noviembre de 1987 de la DOM de Las Condes -antes el paño formaba parte de esa comuna-, se estableció que el derecho a retener el inmueble correspondía al loteador y no a los futuros compradores del predio. De hecho, la Sociedad de Desarrollo Agua del Palo Limitada adquirió los terrenos en 1991 a la sociedad Inmobiliaria San Vicente S.A., la cual a su vez compró el terreno a la Compañía de Aceros del Pacífico (CAP).
El 8 de enero de 2020, la Corte de Apelaciones de Santiago acogió el reclamo de ilegalidad en contra de la Municipalidad de Vitacura, concluyendo que no corresponde la cesión al municipio debido a que el predio se encuentra hoy en manos de un tercero que no es el loteador. El tribunal de alzada declaró ilegal el oficio de la DOM Nº556 y ordenó dejarlo sin efecto.
El caso es que el 3 de septiembre de 2020, el presidente de la Tercera Sala de la Corte Suprema, Sergio Muñoz llamó a las partes a una audiencia de conciliación, quedando fijada para el día jueves 3 de diciembre. La propuesta de avenimiento que se votó hoy incluía el pago por parte de la sociedad de 21.000 UF al municipio. Mientras, la demandante Sociedad de Desarrollo Agua del Palo exigió al municipio terminar con otro juicio que tiene pendiente sobre el Lote 28 S/N ubicado en la calle Bosques del Polo, inscrito a nombre de la Municipalidad, solicitando que el municipio cese en sus pretensiones respecto del predio.
Ahora, tras su rechazo -la propuesta contaba con el apoyo del alcalde Torrealba-, a la Corte Suprema solo le resta dar a conocer su sentencia. Y el debate se cruza en la recta final de las primarias de Chile Vamos, en la que se enfrentan el concejal Del Real (RN) con el exalcalde Pablo Zalaquett (UDI) y la exministra Camila Merino (Evopoli).
Por medio de una declaración, Tánica -exTransoceánica- explicó: “Lamentamos que se haya rechazado este acuerdo, el cual fue impulsado por la propia Municipalidad, a instancias de la Corte Suprema, y aceptado por nosotros”.
Los argumentos
Los concejales Felipe Irarrázaval (RN); Cristián Araya (Partido Republicano); Catalina Recordón (RN); Francisca Cruzat (Ind) y Luz Pacheco (Ind.) no estuvieron de acuerdo con la propuesta de conciliación que hiciera llegar la sociedad. Mientras que Francisco Silva (UDI) y Maximiliano Del Real (RN) se mostraron conformes. Por su parte, el alcalde Raúl Torrealba (RN) y el concejal Matías Bascuñán (UDI) optaron por la abstención.
En la sesión, el alcalde Raúl Torrealba explicó que en los terrenos solo se pueden construir viviendas de hasta dos pisos. Dijo que, en este caso, “la certeza está bastante presente y no veo por qué los vecinos, las y los señores concejales y la junta de vecinos pueden tener tantas dudas. Primero, yo no veo factible una modificación del plano regulador en el sector, por lo tanto las condiciones de uso de suelo son claras: Tranquilos, no habrá un mall, almacén ni una botillería o un cine”.
El concejal Felipe Irarrázaval (RN) explicó que “llegar a un avenimiento cuando el terreno debiera haber sido siempre de Vitacura suena a frescura". "Al mismo tiempo, este desarrollador inmobiliario en particular está armando un proyecto gigantesco ahí mismo de 7.500 estacionamientos (en la calle Lo Recabarren), que no viene al caso, pero siempre he dicho que debió haberse evaluado a través de un Estudio Impacto Ambiental, y no una Declaración. Entonces llegar a un avenimiento con alguien que está haciendo Declaraciones en vez de un Estudios para un tremendo proyecto a mí tampoco me parece”, concluyó.
Por su parte, el concejal Cristián Araya (PR) cuestionó la estrategia de la sociedad demandante, ya que en su propuesta de acuerdo la municipalidad se veía obligada a aprobar un proyecto de edificación sobre dichos terrenos. “Esta es una cuestión que a todas luces carece de legalidad y así lo expresó el director jurídico de la municipalidad Ramiro Méndez”. Por lo mismo, sostuvo que la propuesta de la empresa significa “un detrimento al patrimonio municipal inmenso. Creo que nadie quiere perder tantos millones de pesos en lo que es una suerte de avenimiento”.
Catalina Recordón (RN); sostuvo que "el municipio debe dar la pelea hasta el final. Hay que tratar de conservar, ojalá a los dos sitios, si no al menos uno de ellos y sería un interesante hacer ahí una reserva ecológica para conservar las especies de flora y fauna que actualmente hay en el cerro Manquehue y que desgraciadamente con la sequía se han ido secando especialmente los peumos”.
Al contrario de las posiciones que lo antecedieron, Francisco Silva (UDI) destacó los riesgos que implicaba el rechazo de la conciliación. A su parecer, “podemos instalarnos en un juicio de larga data que yo no sé es si estamos dispuestos y es responsabilidad de este concejo heredarlo para el próximo pleno. Tengo mis dudas. En principio estoy por aprobar la conciliación, pero haciendo la salvedad de que esto no signifique un aprovechamiento para poder instalar ahí algo comercial, sino que se respete el carácter residencial”.
En esa línea, Maximiliano Del Real (RN) explicó que “el avenimiento nos favorece”. “Esta es una contingencia que está incierta porque, no se cuenta que hay una probabilidad de que podamos perder todo, pero se habla del tema económico. Para mí lo que más fuerza me hace son las cartas y las firmas que nos han hecho llegar los vecinos del sector y ellos están por aprobar este acuerdo, dado que quieren certezas, no quieren que esto siga quedando abierto y se sigue prolongando y sin saber lo que va a pasar”.
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