No se perseguirá a periodistas: las definiciones del fiscal Pastén por filtraciones en la investigación del caso Audio

“Todas las filtraciones vienen del lado de allá”. Con esas palabras, desde su puesto como interviniente y ante la jueza, el pasado 8 de enero, el abogado Juan Pablo Hermosilla arremetió una vez más en contra de la Fiscalía Metropolitana Oriente, apuntándola como el organismo que presuntamente filtraría la investigación en contra de su hermano, el penalista Luis Hermosilla.

El reclamo del defensor y hermano del imputado, que está recluido en el Anexo Cárcel Capitán Yáber, lo ha llevado incluso a tomar acciones legales para que se investigue quién ha filtrado conversaciones íntimas de su hermano. Así como él, otros intervinientes de la causa han hecho lo propio, lo que ha derivado en una nueva arista del caso Audio denominada “filtraciones”.

Esa indagatoria, que estaba radicada en diferentes investigaciones que surgieron a través de denuncias, querellas o de oficio, está a cargo del fiscal metropolitano Occidente, Marcos Pastén, quien recientemente realizó un importante movimiento en la causa, agrupando todas las investigaciones sobre filtraciones del caso Audio en una gran indagatoria.

Y es que desde el comienzo de la investigación por el denominado caso Audio, en noviembre del 2023, algo que los intervinientes han cuestionado es precisamente que se conozcan antecedentes de las diferentes causas. Reparos que ha sostenido en diferentes y reiteradas ocasiones la defensa de Hermosilla, quien ha señalado públicamente su discrepancia con cómo el Ministerio Público ha manejado la información.

Otra de las definiciones que tomaron Pastene y su equipo es que no se perseguirá a los periodistas que han realizado las publicaciones de información reservada, ni se realizarán diligencias intrusivas que puedan afectar el secreto de fuente contemplado en la Ley de Prensa.

Esto último es un hito importante, porque más allá de que quien comete delito, en el caso de las filtraciones son aquellos funcionarios públicos -fiscales, jueces o policías- que tienen a su cargo el resguardo de información reservada, y no los profesionales de los medios de comunicación; en el caso Audio se indaga el delito de lavado de activos. Este último sanciona a quienes difunden antecedentes de una causa de esas características y podría existir una responsabilidad penal ahí de quienes publicitan o alertan de dichos expedientes. Pero ya fue evaluado por el equipo de Pastén que no se seguirá esa línea investigativa.

El Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago es la sede judicial donde radica no solo la causa original del caso Audio y sus aristas, sino que también la propia de filtraciones. Es precisamente a ese tribunal que durante las últimas semanas el fiscal Pastén comunicó la decisión de la Fiscalía de agrupar tres investigaciones, de las cuales dos están reservadas.

Según fuentes conocedoras de la investigación, entre las investigaciones que decidió agrupar el persecutor está la querella presentada por Hermosilla en octubre del año pasado, en la que pide que se investigue cómo el medio Ciper, principalmente, tuvo acceso a las conversaciones del imputado pese a que algunas de estas no eran parte de la investigación.

Las otras dos causas son la querella presentada por el exfiscal Manuel Guerra, quien se querelló también por el hecho de que se conocieran sus mensajes con el penalista Hermosilla, entre otros datos de la investigación. Por último, también existe una investigación en contra del exasesor del Partido Socialista Enrique Aldunate, quien fue denunciando por una subalterna por supuestamente compartir información del caso Audio, indagatoria que también fue agrupada por Pastén.

La solicitud del fiscal metropolitano Occidente fue acogida el pasado 9 de enero por el tribunal, el que por resolución de la jueza María Herrera ordenó la acumulación de las causas, las que ahora serán indagadas en una sola gran causa.

Las tres causas que ahora fueron agrupadas por Pastén han seguido su curso desde que fueron presentadas. Si bien hasta ahora se mantienen reservadas, algunos avances han quedado registrados en el Poder Judicial.

Ejemplo de aquello es lo ocurrido con la investigación en contra del exasesor del PS Enrique Aldunate, quien, representado por al penalista Juan Carlos Manríquez, pidió una audiencia de cautela de garantías y hasta su sobreseimiento. A esto se suma el hecho de que la Fiscalía ya requisó los equipos electrónicos del abogado.

Además de aquello, en esa causa, según fuentes conocedoras de la investigación, la Fiscalía Occidente ya ha realizado pericias precisamente a los equipos incautados, logrando extraer la información que estos contenían. En materia judicial, por su parte, el abogado Manríquez en la audiencia de cautela de garantías pidió acceso a la investigación, el que fue otorgado por el tribunal.

Penalista que recientemente, el 9 de enero, presentó un escrito al tribunal, en el que se desistió de sus solicitud de sobreseimiento, y que señalaba que “por existir diligencias pendientes y estar vigente una declaración de secreto, desisto, por ahora, de la solicitud de fijación de audiencia para debatir el sobreseimiento de mi representado”.