Once días antes del escándalo: el oficio del gobierno en que pide informe jurídico por “eventuales conflictos de interés” en los convenios con Democracia Viva

Al menos en La Moneda esos días estaban centrados en fortalecer la agenda relativa a las pensiones. El gobierno quería impulsar ese debate y así sacar adelante un tema central dentro de su programa de gobierno. Sin embargo, ese lunes 5 de junio, también aparecían otras preocupaciones de la cual aún no se tenía noción del impacto que traería: los convenios por $ 426 millones, entre la Seremi de Vivienda de Antofagasta con la fundación Democracia Viva, representada legalmente por el entonces militante de RD, Daniel Andrade, pareja de la época de la diputada Catalina Pérez (RD).

La primera luz de alerta la dio la Asociación de Funcionarios de la Seremi de Vivienda de Antofagasta, quienes denunciaron ante la subsecretaria de Vivienda, Tatiana Rojas (RD), una serie de irregularidades en el servicio. Entre ellos, el presunto conflicto de interés en el contrato con Democracia Viva, dada la amistad entre el seremi Carlos Contreras, también RD, Andrade y Pérez.

El caso estalló. Salieron de sus cargos Contreras y Rojas, y el primero volvió a la palestra ayer, luego de un polémico comunicado de prensa en que señaló que “de acuerdo a mi conocimiento, el día 7 de junio del presente año, Presidencia recibió un informe que confirma un convenio entre el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y la Fundación Democracia Viva; en él se menciona que no existían irregularidades en lo legal y reglamentario. Digo esto, para evidenciar que siempre se actuó con transparencia y seriedad; el informe contaba con información recopilada y analizada durante semanas, por lo que el tema nunca se ha tratado de un ‘rumor’, como dijo en su minuto el Jefe del Segundo Piso de La Moneda, Miguel Crispi”.

La Moneda reaccionó y negó la recepción de cualquier informe en relación a lo denunciado por Contreras, algo que en el círculo del exseremi no volvieron a responder. Entre sus cercanos afirman que mantiene lo dicho.

Lo cierto, y en los hechos, es que las comunicaciones entre Contreras y el gobierno tenían un canal: Tatiana Rojas. A ella le envió un oficio en que señalaba que “durante 2022 iniciamos el trabajo con cuatro nuevas fundaciones: Fibra. Tomarte, Democracia Viva y ProCultura. Y ampliamos la cantidad de convenios con Fundación Superación Pobreza, Campamento de Ideas. Techo-Chile, Espacio Lúdico y Urbanismo Social. Todas las fundaciones nuevas fueron sometidas al proceso de revisión de antecedentes”. Del “conflicto de interés” denunciado por la asociación, no se hizo cargo.

Pero, faltaba la resolución del gobierno central, respecto de las irregularidades que los funcionarios acusaron. La postura del Ejecutivo quedó zanjada, en una primera instancia, en un informe del 5 de junio, es decir, once días antes de que estallara el escándalo que el 16 de ese mes dio a conocer Time Line.

El documento está en poder de la Fiscalía y está firmado por el jefe del Departamento de Asentamientos Precarios, Ricardo Trincado. En el oficio resume que lo que se denuncia son “eventuales incumplimientos administrativos: autorización de pago de arriendo a la Fundación ProCultura, falta de participación de Serviu y Encargada Regional del Programa Asentamientos Precarios respecto de autorización de presupuestos, falta de aprobación de Serviu de presupuestos, en particular el de ProCultura, excesiva cantidad de profesionales contratados en la Seremi, existencia de profesionales desde el mes de enero de 2023 sin contrato de trabajo y eventuales conflictos de interés en elaboración de convenio con Fundación Democracia Viva”.

Trincado detalla que la Seremi realizó distintos análisis y que se echaron a andar modificaciones administrativas en algunos casos, lo cual se ejecutaría durante 2023. “En definitiva, la situación de la Región de Antofagasta parece haber sido parte de una dinámica existente en la operación habitual del Programa de Asentamientos Precarios que resulta adecuadamente enfrentada por el SEREMI mediante la dictación de procedimientos regionales y el encargo de una auditoría al respecto”, escribió. El respaldo a Contreras, además, era total: “respecto de las materias administrativas no se observa incumplimientos graves, se observa una actuación proactiva del SEREMI en corregir las deficiencias”, sentencia.

Sobre lo denunciado, respecto a los convenios con la ONG de Daniel Andrade, sólo advierte que “sobre la materia específica de eventuales conflictos de interés en la suscripción del convenio con la Fundación Democracia Viva, se recomienda solicitar un informe legal al área jurídica de la SEREMI de Antofagasta”, aunque más adelante concluye que “se debe monitorear los compromisos derivados de la auditoría realizada y solicitar informe específico en el caso de convenio con Fundación Democracia Viva y se debe implementar en esa región y en general en el Programa a nivel nacional un ajuste en materias de contratación de personal externo y suscripción de convenios con instituciones que será impulsada por el Nivel Central del programa”.

El oficio se envió a la Subsecretaría de Vivienda y fue, a partir de ahí, que comenzó a rumorearse en RD que “Andrade anda en algo”, relatan fuentes del partido.

Dos días después del informe del 5 de junio, el jefe de asesores del Segundo Piso, Miguel Crispi, se entera de los convenios. “Como jefe de asesores tomé conocimiento de un rumor el día 7 de junio”, dijo ante la comisión investigadora de los líos de platas de la Cámara, el propio militante RD.

Crispi dijo que uno de los integrantes de su equipo de asesores (de quien no dio el nombre) le hizo saber de la situación en un diálogo, tras lo cual él derivó esa información a la subsecretaria Rojas. “Le digo a la subsecretaria que tome el caso, que lo investigue”, señaló.

Pero Rojas contaba con los antecedentes desde antes del 7 de junio. Ya tenía conocimiento de la denuncia de los funcionarios y había recibido el informe que el lunes de esa semana le hizo llegar Trincado. Sin embargo, no fue hasta el 16 de junio, a las 18.42 horas -con la información aparecida en Twitter sobre los convenios, y dos horas antes de la publicación de Time Line- que pidió, a través de un correo electrónico a la jefa de la División Jurídica del Minvu, Alejandra Fuentes, que “se realicen las gestiones correspondientes a fin de investigar la existencia de responsabilidad administrativa, por las presuntas irregularidades en la transferencia de recursos a la Fundación Democracia Viva, según la denuncia realizada por un ciudadano a través de Twitter sobre la que hoy tomamos conocimiento”.

Lo cierto, sin embargo, era que de Democracia Viva y sus convenios en Antofagasta ya tenían conocimiento desde antes. ¿Quiénes más lo tuvieron? Es la duda que instaló Carlos Contreras y que hizo que el lío de platas volviera a La Moneda.