“Es una encarnación de lo peor de la historia de los EE.UU.”, posteó en redes sociales el embajador de Chile en ese país, Juan Gabriel Valdés, respecto del Presidente electo Donald Trump.

Hoy, cuatro años más tarde y en medio de la elección que llevó al multimillonario empresario a la presidencia de su país por segunda vez, Valdés ha vuelto a estar en el ojo del huracán -o de los parlamentarios de oposición-, debiendo sortear las ofensivas de esos legisladores que han pedido su renuncia.

Sin embargo, el diplomático ahora debe enfrentar la posibilidad de que desde el Congreso Nacional se impulse una reforma a la Carta Fundamental que haga acusables constitucionalmente a los embajadores.

El año 2022, el diputado Cristian Labbé (UDI) -quien es miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores en la Cámara- presentó la reforma en medio del escándalo que desató el embajador de Chile en España, Javier Velasco, por figurar cenando un plato de langosta y haber aparecido con su pareja en un auto oficial.

Consultado por La Tercera, y en medio de las polémicas que acechan en esta oportunidad a Valdés, Labbé aseguró que “hoy día hay que seguir evaluándolo”.

“Sostengo esta opción de hacer una reforma en donde se pueda acusar constitucionalmente a los embajadores y que puedan pasar los nombramientos por el Congreso, porque chambonadas como ha hecho el Presidente Boric nombrando a sus amigos, y que han entregado paupérrimas demostraciones de poder liderar de manera internacional las embajadas, amerita por lo menos darle una vuelta”, añadió el parlamentario gremialista.

Sin embargo, la idea no genera consenso en las filas de la derecha. El diputado Diego Schalper (RN), por ejemplo, sostuvo: “El que conduce la política exterior es el Presidente de la República, y el canciller, por lo que si el Congreso tiene algún cuestionamiento, la herramienta es interpelar o acusar al ministro”.

Y añadió: “No estoy de acuerdo con algo que sería propio de los regímenes parlamentarios y no presidenciales”.

Desde el oficialismo también le quitaron el piso a Labbé. El diputado Raúl Soto (PPD) descartó de plano avanzar en la idea de acusar constitucionalmente a los embajadores. “Contaminar la política exterior con la contingencia política interna de los países es abrir una puerta que es peligrosa, rompe con las tradiciones de nuestro país”, sostuvo.

“No veo ninguna razón para que exista una herramienta que permita acusar constitucionalmente a los embajadores”, añadió Soto.

El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara, Vlado Mirosevic (PL), sostuvo: “No hay que chacrear la política exterior chilena, que es seria, sobria, que tiene un prestigio internacional, mucho menos con el embajador Juan Gabriel Valdés, que es un embajador que cuenta con un prestigio y una reputación internacional”.

“Los embajadores son personas de confianza del Presidente, no del Congreso. Una acusación me parece que no corresponde”, sentenció Mirosevic.

Aunque la idea de concretar una reforma constitucional para hacer sujetos de acusación a los embajadores es de 2022, el despliegue del representante de Chile en Estados Unidos, en medio de los comicios presidenciales de ese país, la reflotó.

Sumado a la tentación de activar la reforma a la Constitución, Valdés ha debido sortear al menos dos pedidos de renuncia desde las bancadas opositoras.

En primer lugar, fue el bloque de los diputados del Partido Republicano que pidió la renuncia del diplomático.

“El embajador que tenemos en Estados Unidos, Gabriel Valdés, tomó posición explícita por su contendora Kamala Harris, estuvo en sus eventos; también en redes sociales se mostró a favor de ella, por lo tanto la preocupación que hoy día tenemos es en qué posición queda Chile con un embajador que tomó posición por una candidata presidencial que perdió”, apuntó la diputada Catalina Del Real (ind.-republicana) al conocerse el triunfo de Trump.

El secretario general de la UDI, el diputado Juan Antonio Coloma, también se sumó a la ofensiva en contra de Valdés, aunque de manera más cauta que los republicanos.

“Es evidente que hay un error y aquí es el Presidente de la República quien tiene que evaluar (...). Hacemos un llamado al Presidente a poder ponderar hechos que son complejos y pueden ser graves, pero es precisamente el Presidente el que debe tomar una decisión”, agregó.

La idea de que estos diplomáticos pudieran ser sometidos a un juicio político en el Congreso nació en 2022 como un primer paso para tratar de forzar la salida del embajador ante España, Javier Ignacio Velasco.

Según el proyecto del gremialismo, en un sistema democrático “necesariamente deben existir mecanismos tendientes a evitar los abusos de poder y la negligencia de aquellos que se desempeñan en la administración del Estado (...). Los embajadores, en este sentido, cumplen un rol esencial”, dice esta reforma en su fundamentación.