Una querella por una presunta asociación ilícita destinada a tapar los casos de abuso sexual presentaron nueve víctimas de estos delitos que habrían sido cometidos por miembros de la Congregación Salesiana entre los años 1973 y 2009. En el libelo se apunta directamente al rol del exarzobispo de Santiago Ricardo Ezzati, quien ya enfrenta una causa penal por eventual encubrimiento, y a otros cinco sacerdotes católicos.

El grupo de denunciantes asegura que la agrupación estuvo “dispuesta a propiciar y silenciar los abusos” durante largos años. Tanto así que incluso “esta estructura orientada a delinquir ha seguido funcionando, incluso después de 2009″, consignó la acción penal que se tramita en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago.

El caso se enmarca en una investigación que lleva adelante el fiscal regional Centro Norte, Xavier Armendáriz, por abusos sexuales cometidos al interior de la Iglesia Católica y en el que los querellados han planteado inocencia absoluta y que además las acusaciones están prescritas. La indagatoria está desformalizada y aún abierta en espera de una orden de investigar despachada al OS-9 de Carabineros.

Aparte de Ezzati, en la querella también se pide investigar a Maximiano Ortúzar y Alfonso Rodolfo Horn, exdirector y exrector del Instituto Salesiano de Valdivia, respectivamente. Además de los exprovinciales Natale Vitali Forti, Alberto Lorenzelli Rossi y Leonardo Santibáñez Martínez.

Los mencionados religiosos, según se relata en la acción judicial que fue declarada admisible por la justicia, habrían estado dispuestos a organizarse en torno a un objetivo común como lo eran “gravísimas agresiones sexuales”. Para los denunciantes, los sacerdotes salesianos contra quienes se presenta la querella habrían actuado de manera organizada a lo largo del tiempo de forma permanente y estable. Lo anterior se ve reflejado, dicen, en cómo ciertos nombres se repiten en los distintos relatos y el modo de actuar de algunos integrantes de esta congregación.

“Los relatos de las víctimas expuestos exhiben que el vínculo entre los miembros de la organización se encuentra determinado por su vinculación a la Congregación Salesiana y sus distintos centros educacionales y asociaciones. Esto explica el modo de actuar organizado y coordinado en esta asociación, en la cual existían jefaturas y reglas propias. Las jefaturas se encuentran asociadas a la posición que distintas personas ostentaban al interior de la congregación y/o en sus respectivas funciones en institutos educacionales. Y las reglas propias se encuentran asociadas al silencio y la creación de escenarios propicios para la impunidad”, se lee en el escrito que fue presentado por el abogado Juan Pablo Hermosilla.

Junto con esto se expone que “todas las víctimas de esta querella buscaron la rendición de cuentas de sus agresores. Sin embargo, sus esfuerzos no han tenido los resultados esperables. El mismo escrito consignó que al momento de perpetrarse los delitos sexuales eran niños y que canalizaron el daño generado por la violencia sexual sufrida a través de conductas anómalas al interior de sus recintos educacionales. Estos cambios conductuales fueron de conocimiento de las autoridades de los diferentes recintos educacionales, quienes en vez de abordar las causas de la mismas reaccionaron con la expulsión de los alumnos”.

En la querella, dos de los denunciantes aseguraron que fueron víctimas del sacerdote Sergio Aravena cuando tenían 12 años y estudiaban en el Instituto Salesianos de Valdivia. Cuando decidieron hacer público el caso, detallan, se dirigieron al director del colegio, Maximiliano Ortúzar, quien los habría increpado diciendo que estaban hablando “puras estupideces”, y los habría sacado de su oficina. Ese mismo día, según los denunciantes, su abusador los amenazó con que se les cancelaría la matrícula y así fue, relatan en la querella. Ambos fueron expulsados mediante el envío de una carta que no señalaba motivo alguno para su fundamentar la decisión.

Otro de los denunciantes expuso que en 1983, a sus 12 o 13 años -no recordaba bien- comenzó a ser agredido sexualmente por el mismo sacerdote, Sergio Aravena, quien en esa época trabajaba en el Liceo Manuel Arriarán Barros, ubicado en el paradero 22 de Gran Avenida, La Cisterna. En el año 2002, cuando ya era mayor, recién pudo contarle a su madre sobre los abusos y ella junto a su padre enviaron en noviembre de ese año una carta al inspector de la Congregación Salesiana, Bernardo Bastres, haciendo formalmente la denuncia. Después de eso, se lee en el documento, la familia acudió al arzobispado a hablar con un representante de los salesianos para hacer el reclamo. Ellos dijeron que investigarían. Sin embargo, según los denunciantes, nunca más fueron contactados.

“La violencia sexual ejercida contra mi representado fue tolerada por distintos sacerdotes y miembros de la comunidad educacional del Instituto Salesiano. Entre ellos se encuentra el sacerdote salesiano y rector del Instituto Salesiano de Valdivia entre los años 1984 y 1988 Alfonso Horn Kaschel”, consignó otro querellante que denunció abusos del fallecido sacerdote Rimsky Rojas.

Consultado sobre el caso, el penalista Hugo Rivera, quien obra como defensa del exarzobispo de Santiago, explicó que “el origen de esta querella, indudablemente, arranca del hecho que la investigación llegaba a su término, revelando la total y absoluta inocencia del cardenal don Ricardo Ezzati. Esto es así, pues junto a su interposición se reinició una campaña periodística, en que incluso se llega a atacar a personeros del Ministerio Público”.

El abogado agregó que “la querella es absolutamente infundada, pues se sustenta en hechos falsos y adolece de una absoluta carencia de fundamentos jurídico-penales” y destacó que uno de los casos denunciados en contra de su cliente ya fue desestimado, luego de que fuera sobreseído por la Corte de Apelaciones de Valdivia. Esto debido a que ocurrió hace más de 30 años. En esa misma línea, además, dijo que desde fines de los años 90 su representado dejó de tener la supervigilancia de la congregación salesiana.

Frente a estas declaraciones, Juan Pablo Hermosilla, abogado de los denunciantes dijo estar no sorprendido. “El cardenal Ezzati en vez de enfrentar sus responsabilidades siempre ha estado por hacerle el quite. Creo que los hechos sobre los cuales se basa la querella contiene un contiene hechos que son indiscutidos, como por ejemplo la costumbre de trasladar cada vez que había una denuncia, al sacerdote saleciano de un lugar a otro sin tomar ninguna precaución y que no fuera a repetir los delitos, cosa que ocurrió habitualmente”.