Pavez vs. Osorio: el duelo que sellará el futuro de la senadora Allende en el TC

Los requerimientos de la oposición para destituir a la senadora Isabel Allende (PS) por la frustrada compra de la casa de su padre está entrando en tierra derecha ante el Tribunal Constitucional (TC).

Los dos escritos, que ingresaron al TC en enero, ya están en tabla para que a las 9.30 del próximo jueves el pleno de ministros haga la vista de la causa y, por lo tanto, se cite a los alegatos de ambas partes. Este será el momento en que los abogados requirentes -parlamentarios del Partido Republicano bajo la representación del abogado Emiliano García y de Chile Vamos en voz de Máximo Pavez- expongan sus argumentos para convencer a los 10 ministros de destituir a Allende.

Y junto con eso, la defensa de la emblemática parlamentaria socialista podrá desplegar las razones para hundir el requerimiento de las derechas y así salvarle el escaño a la senadora Allende.

Que la causa esté en tabla provocará que entren a la arena del TC dos reconocidos abogados que más de alguna vez han cruzado sus caminos en distintos episodios vinculados a la política nacional. Se trata de los dos excomisionados Pavez (UDI) y Gabriel Osorio (PS). Luego de los alegatos, en la tarde, el pleno deliberará y tomará su decisión final.

El duelo de Pavez y Osorio enfrentará por primera vez a los dos abogados en un litigio constitucional. Ambos son cercanos hace bastantes años. Si bien siempre han estado en veredas opuestas -uno es de derecha y el otro es de izquierda-, desde sus respectivos domicilios políticos han cruzado las aguas para buscar acuerdos o conseguir la promulgación de proyectos de ley en el Congreso.

Cuando los dos fueron designados por sus respectivos partidos para llegar a la Comisión Experta del segundo proceso constitucional, integraron subcomisiones distintas. Mientras Pavez se dedicó a defender las ideas de su sector en la instancia de principios, donde se discutían temas como el derecho a la vida y la subsidiariedad del Estado, Osorio se abocó a pensar una modificación a las reglas electorales que regulan la sala de máquinas del sistema político.

Los dos protagonizaron en más de una ocasión las soterradas negociaciones que marcaron el proceso constitucional tanto en la Comisión Experta como en el Consejo Constitucional.

En su estilo, los dos movieron sus hilos para que los expertos pudiesen terminar con un texto constitucional lo más empatado posible y que pudiera ser de consenso desde los republicanos hasta los comunistas. Luego, cuando los consejeros republicanos aterrizaron en el Consejo, participaron en las tratativas para evitar -sin éxito- que el proceso terminara en otro fracaso más.

En política los dos saben jugar de memoria. Mientras Pavez fue subsecretario de la Segpres durante el segundo mandato del expresidente Sebastián Piñera, Osorio se desempeñó como abogado asesor de la División Jurídica de esa misma cartera en el segundo gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet.

Como los dos manejan al revés y al derecho el proceso de formación de la ley, se suelen topar como contraparte cuando hay que escribir proyectos de ley o asesorar a parlamentarios en discusiones legislativas. Por ejemplo en el caso de Pavez acumula una década como asesor legislativo redactando acusaciones, trabajando en interpelaciones y varios otros asuntos vinculados al Congreso. Así fue como en 2022 los dos colaboraron como técnicos cuando hubo que escribir y aprobar la reforma constitucional que abrió el segundo proceso luego del fiasco de la Convención.

Sin embargo, los dos tienen perfiles distintos. Osorio se ha dedicado al derecho público y al derecho electoral. Es uno de los litigantes que más se repiten en el Tricel, donde ha ganado varios casos defendiendo impugnaciones a candidatos y otras causas.

Además, desde su estudio de abogados se dedica a litigar asuntos administrativos, por lo que también tiene experiencia en las cortes de Apelaciones, Corte Suprema y también en el TC. Pavez, en tanto, ha derivado más en un rol de dirigente político -hasta hace poco era parte de la directiva de la UDI- y también a labores académicas en la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, donde hace clases de pregrado sobre derecho público y clínica jurídica.

Cuando Pavez y Osorio se sienten ante el pleno del TC, al frente suyo habrá otros tres ministros con quienes hasta hace poco más de un año compartieron funciones en el proceso constitucional. Por un lado estarán las ministras Catalina Lagos y Marcela Peredo -ambas también excomisionadas- y por otro, el ministro Héctor Mery, quien además fue integrante del Comité Técnico de Admisibilidad.

Cuando los republicanos y Chile Vamos ingresaron sus requerimientos sabían que la correlación de fuerzas del pleno actualmente es adversa para la oposición. El oficialismo tiene de su lado al menos tres votos seguros. A la ministra Lagos se suman las magistradas Nancy Yáñez y la actual presidenta Daniela Marzi, quien tiene el voto dirimente en caso de empate. A ellas se suman las dos ministras que provienen del mundo DC: María Pía Silva y Alejandra Precht.

La derecha, en tanto, tiene asegurados al menos tres votos. A Mery y Peredo se suma el ministro Miguel Ángel Fernández. Eso deja como votos clave a los dos ministros judiciales, los exjueces que provienen de la Corte de Apelaciones de Valparaíso: Raúl Mera y Mario Gómez.

Fuentes vinculadas al mundo judicial que han seguido los requerimientos comentan que en el ambiente hay tres elementos de contexto que podrían favorecer la defensa de la senadora Allende.

En primer lugar, el rechazo de la acusación constitucional en contra de la exministra Maya Fernández (PS). Que los diputados hayan rechazado el libelo que reprochaba la responsabilidad política de Fernández por haber firmado un contrato con el Estado, indirectamente debilita y descomprime los requerimientos en el TC.

A eso se suma la reciente exposición de la contralora Dorothy Pérez ante el Congreso. La jefa de la Contraloría fue citada para declarar ente la comisión investigadora que indaga la fallida compra de la casa de Guardia Vieja, y ahí explicó ante los parlamentarios que en derecho público la compraventa de un bien inmueble requiere de dos actos administrativos.

El primero, que fue el único que ocurrió en este caso, solo autorizó la adquisición. Y el segundo, que nunca existió, tenía como objetivo dar luz verde a la escritura pública de compraventa. Ya que el acto administrativo no se completó, se detuvo y no continuó luego del escándalo, la contralora Pérez explicó que no hubo ningún ilícito constitucional: “El decreto en sí mismo, individualmente considerado, no contraviene ninguna disposición ni legal ni constitucional. Se trata de una mera autorización para una futura adquisición”.

Un tercer elemento es que pese a que la defensa de Allende había solicitado una serie de diligencias para la fase probatoria y el requerimiento de Chile Vamos también pedía lo mismo, finalmente Osorio terminó solicitándole al TC que no recibiera pruebas y se diera “curso progresivo” a la causa, es decir, pasara directo a resolver el requerimiento, y hace unos días el pleno aceptó la petición de Osorio.

Pese a que para algunos eso fue señal de que los hechos de la defensa ya están bien establecidos, para otros la resolución solo se explica porque el TC es un tribunal de orden exclusivamente jurídico.