PDI perdió ropa de la víctima: develan extravío de “prueba clave” en causa contra excadetes de Cobreloa acusados por violación grupal

Hace poco más de tres años, la madrugada del 18 de septiembre de 2021, personal de Carabineros de Calama ingresó en “cadena de custodia” una evidencia que resultaba clave en el caso de la joven -hoy de 21 años- que denunció haber sido víctima de una violación grupal por parte de entonces nueve cadetes del club Cobreloa.

Se trataba, como se lee en documentos que son parte de la carpeta del caso -que fue formalizado recién el pasado 3 de mayo-, de un vestido negro que utilizó, conforme a su relato, la noche en que fue abordada violentamente por los sujetos.

“Siendo las 04:10 horas, el oficial que suscribe en compañía del inspector H.A., se trasladaron hasta el Hospital Dr. Carlos Cisternas, ubicado en Avenida Grau N° 1490 de esta ciudad, entrevistándose en primera instancia con el cabo 2° F.H., quien fue el encargado de cursar la denuncia y dar cuenta de lo ocurrido al fiscal de turno, haciendo entrega al suscrito de la vestimenta de la víctima descrita por esta como, ‘un vestido negro corto con tirantes de lycra, sin estampados’, mediante rótulo y formulario de cadena de custodia N.U.E N° 5257828″, se indicaba en un informe que emitió días después de recepcionar la denuncia un funcionario de la Policía de Investigaciones (PDI).

Pero pese a la relevancia que tendría dicha prueba para la indagatoria, como coinciden distintos intervinientes, a la fecha se desconoce su paradero.

De acuerdo con antecedentes recabados por La Tercera, la evidencia en cuestión se reportó oficialmente como extraviada semanas después de la formalización de los nueve imputados, por lo que no se han podido materializar análisis que estaban pendientes y que habían sido solicitados por los abogados que representan a la víctima.

Producto de la situación, desde la PDI confirmaron a este medio que las jefaturas de la institución en la región determinaron el pasado 29 de mayo la apertura de un sumario administrativo, que sigue vigente, con miras a establecer eventuales responsabilidades.

En paralelo, además, desde el Ministerio Público se instruyó el inicio de una investigación penal que también se mantiene abierta. Eso sí, hasta ahora los antecedentes no han sido reportados formalmente a la parte querellante ni a las defensas.

Consultados al respecto, desde la Fiscalía Regional de Antofagasta declinaron hacer comentarios y se limitaron a sostener que el caso se mantiene con diligencias investigativas pendientes.

Frente a la situación, la abogada que representa a la joven, Patricia Muñoz, manifestó que “la pérdida de evidencia en cualquier investigación penal por parte de la policía resulta particularmente grave. Las policías son las llamadas a auxiliar al Ministerio Público en la investigación penal y parte de ello, y muy relevante, tiene que ver con no solo la incautación de elementos que pueden constituir evidencia, sino que también la custodia de la misma para efecto de que esta pueda ser periciada de ser necesario”.

“En este caso la conducta de la Policía de Investigaciones refleja una manifiesta negligencia en el comportamiento y en el quehacer en relación con esta causa. Ya es segunda vez en que aquello queda de manifiesto. Primero en relación con la denuncia que la víctima presentó y cómo aquella no fue atendida, lo que implicó que esta causa estuviera tres años sin que se ejercieran las acciones de protección en favor de ella ni tampoco la persecución penal. Y ahora nos enteramos que, de acuerdo con lo conocido por el Ministerio Público, se habría perdido evidencia incautada diligentemente en el contexto del inicio del procedimiento”, complementó.

Por lo mismo, hizo presente que como querellante espera que esto no solo implique una investigación rigurosa, “sino que también una sanción coherente con la gravedad que representa para cualquier policía y cualquier delito que la evidencia se pierda”.

Hizo presente, eso sí, que no ven riesgo para el futuro del caso. “Desde nuestra perspectiva como querellantes, la contundencia de la causa no me parece que corra perjuicio. Por tanto, la imputación no varía de ninguna manera, considerando que no se discute ni se ha cuestionado la participación de los nueve imputados en el hecho por el cual fueron formalizados”, sostuvo.

De todas maneras, recalcó: “Nos parece de la máxima gravedad lo que se está investigando y esperaremos que las sanciones se produzcan con la severidad necesaria y, por supuesto, habrá que analizar en su momento acciones que, desde la perspectiva civil o administrativa, la víctima pudiera ejercer contras las instituciones que no han ejecutado las acciones que han debido en relación a sus obligaciones constitucionales y legales”.

Si bien la nueva irregularidad en el marco de esta indagatoria ha generado indignación entre los intervinientes, no es la primera que se registra desde que se recibió la denuncia de la joven.

Y es que luego de que la víctima estampara la denuncia correspondiente, al día siguiente comunicó su intención de desistirse de los hechos. Lo anterior, como reveló meses más tarde, porque funcionarios policiales la habrían instado a tomar esa determinación.

Así, una vez que se reaperturó la indagatoria, se inició una investigación interna en la PDI, la cual concluyó con dos detectives sancionados.

De acuerdo con fuentes conocedoras de las pesquisas realizadas, dos efectivos de la Brigada de Investigación Criminal de Calama fueron sancionados por no haber acogido debidamente la denuncia y se les aplicó una medida disciplinaria severa. Esto quiere decir que se les realizó una anotación grave en sus expedientes que podría afectar sus eventuales ascensos.