Pensiones de gracia del estallido: 69 tienen antecedentes y gobierno alista revocación a una veintena de beneficiados

Tras semanas haciendo frente a duros reproches, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, anunció el pasado 15 de enero que el Presidente Gabriel Boric tenía la intención de revocar, “lo antes posible”, pensiones de gracia otorgadas a víctimas del estallido que fueron condenadas o que tienen antecedentes por graves delitos.

Esto, luego de que se reportara la existencia de seis beneficiados que habían recibido penas por hechos vinculados a las manifestaciones del 18-O, más una ola de cuestionamientos desde la oposición.

Por lo mismo, y a pesar de que inicialmente la postura de La Moneda era que dicho acto administrativo no se podía revocar -como aseguró en octubre la ministra Carolina Tohá-, la División Jurídica del Ministerio del Interior comenzó durante las primeras semanas del año la revisión de la documentación de las 418 personas que, entre el 14 de enero y el 2 de diciembre de 2022, resultaron beneficiadas.

Y ahí la primera conclusión que saltó a la vista de los abogados de la cartera, como pudo constatar La Tercera, fue que el total de víctimas que tenían antecedentes no eran 41, como se reportó en su momento a la comisión investigadora de la Cámara de Diputados que analizó la materia, sino que serían 69 según catastros internos.

Pero a pesar de que ciertos sectores buscan que se retrotraiga el beneficio a todos quienes hayan sido considerados responsables de algún ilícito ligado al estallido social de 2019, desde el Ejecutivo han sido claros que no se les quitará la pensión a aquellos que estén afectados por un daño permanente, como lo son quienes sufrieron trauma ocular.

Entre los beneficiarios con antecedentes, eso sí, hay al menos una veintena que no están en esa condición, según confirmaron a este medio fuentes de la administración Boric, por lo que ahora se ultiman los detalles para revocar los decretos mediante los cuales se les visó su pensión.

Para esto se toma como máxima lo esbozado por el propio Presidente, que hace algunos días adelantó: “Efectivamente voy a hacer uso de una facultad administrativa en el caso de que cuando identifiquemos beneficiarios que tengan antecedentes penales por delitos graves, tales como homicidio, violación, porte de armas o narcotráfico... yo personalmente voy a hacer uso de la facultad administrativa para revocar esas pensiones”.

En paralelo, además, Palacio comenzó las coordinaciones con el Consejo de Defensa del Estado para, eventualmente, tener que hacer frente a las acciones que estas personas pudiesen presentar en tribunales por la pérdida del beneficio, lo que se posiciona como un escenario potencialmente complejo para La Moneda.

De hecho, fue el mismo Boric quien previó el escenario y pidió abordar el asunto con especial atención y delicadeza. “Eventualmente esto podría judicializarse, y por eso hay que ser muy cuidadoso en la decisión que se tome y estudiarlo caso a caso”, dijo.

Junto con lo anterior, el Ejecutivo emprendió otras medidas. Y es que también el pasado 15 de enero Interior timbró como “totalmente tramitadas” las modificaciones al “Manual de Procedimiento para el Otorgamiento de Pensiones de Gracia”, dejando sin efecto el decreto exento que había sido emitido por la administración anterior, en 2021, para los mismos efectos.

De esta forma, y pesar de que en el Congreso las indicaciones del Ejecutivo para actualizar la normativa fueron rechazadas, se introdujeron ajustes en esta vía administrativa.

Así, en el apartado referente a pensiones de gracia para personas afectadas por “accidente o catástrofe” y que se encuentren “incapacitadas e insalvables dificultades para ejercer labores remuneradas”, se incorpora como documento a presentar un “certificado de antecedentes para fines particulares”, un elemento que, hasta ahora, no se ponderaba.

Desde el 6 de octubre de 2023, quienes integran la comisión que revisa el otorgamiento de pensiones de gracia y recomienda o no beneficiarios al Mandatario está integrada por:

• - Sandra Guerra, jefa Dpto. Acción Social, Min. Interior y Seguridad Pública.
• - Leslie Saavedra, coordinadora Unidad de Gestión Social, Departamento de Acción Social.
• - Andrea Selman, abogada Dpto. Acción Social, Min. Interior del Interior y Seguridad Pública.
• - Alejandro Aguin, asesor subsecretario del Interior.
• - Francisca Orellana, profesional Unidad Pensiones de Gracia Depto. Acción Social.

• - Francisco Aldunate, asesor jurídico subsecretario del Interior.
• - Pedro Contador, Ministerio del Trabajo y Previsión Social.
• - Marion Pacheco, Secretaría General de la Presidencia.
• - María del Pilar Cruz, Ministerio de Hacienda.

Además, en caso de que uno de ellos no se encuentre disponible para sesionar, se nombró como suplentes a: Andrea Núñez Canales, abogada del Departamento de Acción Social del Ministerio del Interior; Alejandra Ceballos Valenzuela, encargada de Programas Complementarios ORASMI del Departamento de Acción Social del Ministerio del Interior; Cristián Soto Calderón, encargado de Presupuesto y Adquisiciones del Departamento de Acción Social del Ministerio del Interior; Natalia Balboa Gallardo, encargada de Gestión de Pensiones de Gracia del Departamento de Acción Social del Ministerio del Interior; Alejandra Salinas Silva, abogada de la División Jurídica del Ministerio del Interior, y Xemia Ximena Saavedra Veas, asistente social del Departamento de Acción Social del Ministerio del Interior.