Pensiones de gracia: la nueva arremetida PC en medio de complicada agenda de seguridad de Tohá

Si bien ya había sido advertido la semana pasada, este lunes la diputada del PC María Candelaria Acevedo oficializó la idea de que si avanza la revocación de las pensiones de gracia otorgadas por el Ejecutivo, el tema será llevado al Tribunal Constitucional (TC). Incluso, si es que no se llegara a prosperar en dicha instancia, la situación se elevaría hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Esto ante el despacho a la sala de la Cámara de Diputados del proyecto que modifica el otorgamiento de estos beneficios, que avanzó sin las indicaciones del Ejecutivo en dicha materia.

“El gobierno va a presentar su propia propuesta, dado que la comisión no dejó incorporar indicaciones, y por vía administrativa se van a dejar sin efecto las pensiones que se entregaron a personas que tienen antecedentes penales”, dijo al respecto la ministra del Interior, Carolina Tohá, cuya aprobación en la última encuesta Cadem cayó 8 puntos, situándose en su peor momento, con 38% de respaldos y cargando una agenda complicada en materia de seguridad, luego de cinco semanas álgidas al respecto.

La vía administrativa mencionada por Tohá fue anunciada previamente por el Presidente Gabriel Boric, quien instó a revisar las pensiones de gracia otorgadas en los últimos años, para que se revoquen aquellos beneficios a personas que tengan antecedentes por delitos graves como homicidio, violación, porte de armas o narcotráfico.

Esto tampoco gustó en el Partido Comunista y la idea fue tildada como una “aberración sin precedentes” por el diputado Boris Barrera, integrante de la comisión investigadora por las pensiones de gracia otorgadas a raíz de casos ocurridos durante el estallido social.

Ese fue el inicio del malestar, al que se plegaron parlamentarios del Frente Amplio. En ese momento la diputada Acevedo ya había advertido a La Tercera que si estos casos, propuestos por Boric, prosperaban acudirían a una instancia judicial o incluso a un organismo internacional.

Su intención, confirmada este lunes en la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara, no fue informada previamente al gobierno. El asunto de las pensiones de gracia ha sido trabajado desde el Ejecutivo por el Ministerio del Interior, por su titular, Carolina Tohá, y el subsecretario Manuel Monsalve. A este último, de hecho, identifican los comunistas como su interlocutor.

“Desde un principio encontré que este proyecto no iba, era malo. Hay jóvenes que delinquieron, pero no podemos obviar que -en contexto de estallido social- a algunos se les vulneraron sus derechos por agentes del Estado”, planteó Acevedo a este medio.

La misma parlamentaria agregó que tiene el apoyo en este tema por parte de su comité parlamentario: “Informé a la bancada de esto ayer, después de que lo dije en la comisión. Lo vamos a analizar con nuestros abogados para buscar la mejor alternativa. Si es que no se puede (en el TC) porque no vamos a tener los votos para esa situación, bueno, buscaremos la otra alternativa, que tiene que ver con la CIDH”.

“Hasta ahora no hemos tenido ningún acercamiento (con el gobierno), ninguna cosa. Esperemos que si se da, bueno, si no seguiremos trabajando igual”, cerró la diputada Acevedo.

Este martes la bancada del PC quedó de analizar la proposición de la diputada Acevedo.

El jefe de dicho comité, Luis Cuello, se limitó a mencionar sobre la revocación de las pensiones de gracia que “nuestra opinión es que el Estado tiene una obligación internacional de reparar los daños cometidos por sus agentes, en contexto de violaciones a los derechos humanos. En consecuencia, esto no está sujeto a la existencia de un antecedente penal, sin perjuicio de que quienes cometan delitos deben cumplir con la condena que se establezca”.

Desde la dirección del PC, encabezada por Lautaro Carmona, evitaron referirse al tema. Sin embargo, dentro de ese espacio advierten que hay una buena evaluación respecto de cómo la diputada Acevedo está liderando el tema.

Sin ir más lejos, luego de que Boris Barrera calificara la idea de Boric como una “aberración sin precedentes”, Carmona -con un tono menos duro que el diputado- indicó a La Tercera que “si una persona demuestra que sufrió atropellos a los derechos humanos, por parte de las fuerzas policiales que, abusivamente, lo afectaron quitándole la vista, no entendería que el ojo de una persona que no es delincuente vale más que el de una persona que es delincuente. Estaría igualando las obligaciones del Estado con las de quien haya delinquido. Lo otro sería salir a justificar un: salgan a cazar y afecten los derechos humanos de las personas, en total si son delincuentes no hay problema, y eso no es así”.

Este martes, el propio diputado Barrera agregó sobre la idea de Acevedo que “es una herramienta que no descartamos, que es algo que se puede hacer y creo que va en la línea correcta cuando, a través de una moción parlamentaria, se intenta entregar o modificar procedimientos que son atribución exclusiva del Presidente”.

Por otro lado, el también diputado comunista Matías Ramírez complementó que “me parece totalmente acorde a las obligaciones que el Estado chileno tiene respecto de la reparación a víctimas de violaciones a los derechos humanos. No es posible que se abra un debate falaz cuando estamos hablando de una compensación como reparación ante el daño provocado por agentes del Estado, donde la calidad del beneficiario no es tema sino que la gravedad de los hechos ocurridos y sufridos por esta última. Por ello, ante una ley que pueda afectar dichas reparaciones, corresponde que determinar su constitucionalidad sea por vía del TC o en instancias de carácter internacionalLo cierto es que Manuel Monsalve fue consultado por la idea de acudir al PC en La Moneda. Ante el planteamiento, el subsecretario del Interior manifestó que “respecto a las decisiones que tomen los partidos políticos, tienen autonomía para hacerlo. (...) El Presidente ha tomado la decisión de usar una facultad administrativa, para lo cual se pidió un informe jurídico que las respalda, facultad administrativa que no ausenta que las personas puedan eventualmente recurrir a la justicia”.

“El presidente de la república tiene una facultad, tiene una decisión y la va a usar (...) No he tenido la posibilidad de conversar con ellos (PC). (...) El gobierno no tiene ningún problema, en el caso de aquellos parlamentarios o partidos políticos que quieran recabar más información respecto a las decisiones que el gobierno toma en materia de pensiones de gracias. Por su puesto puedo recibirlos y entregar la mayor cantidad de detalles posibles”, cerró el subsecretario del Interior.