Perú nuevamente va por Fujimori: piden a la Corte Suprema chilena ampliar cargos para seguir juzgando al exmandatario

Poco más de 15 años han pasado desde que el expresidente de Perú Alberto Fujimori (84) fue enviado por Chile a su país por diversos delitos, incluidos de lesa humanidad y corrupción, que le acusaba la justicia peruana tras huir de ese país y renunciar -por fax- desde Japón. En septiembre de 2021, la Fiscalía de Perú volvió a la carga y solicitó a la Corte Suprema del territorio nacional ampliar la extradición de Fujimori para incluir nuevos delitos los cuales busca imputar al exmandatario.

La semana pasada, el procurador público adjunto en delitos de corrupción de la nación vecina, Javier Pacheco, viajó personalmente para entregar los antecedentes ante la Corte Suprema y así esta revise la solicitud. Aquello se concretó este martes 11, cuando el acusador visitó, de forma reservada, a la ministra instructora Andrea Muñoz, quien será la encargada de tramitar en primera instancia este proceso.

Para resolver la justicia chilena solicitó un informe de salud de Fujimori, así como también los registros de los casos que se le imputan al expresidente, entre los que se encuentran los delitos de homicidio, secuestro, revelación de secretos de interés nacional, entre otros.

Junto con eso, el denominado “zar anticorrupción”, seguirá su periplo por Chile desde el 10 al 13 de octubre “para realizar coordinaciones con autoridades políticas, académicas y del derecho, a fin de asegurar y garantizar una debida representación” del Estado peruano ante la justicia chilena.

Fujimori fue extraditado desde Chile en septiembre de 2007. Desde ese entonces cumple una condena de 25 años de cárcel por delitos de lesa humanidad, así como también distintos casos de corrupción. La expulsión de Chile se debió a dos casos de violación a los derechos humanos y cinco por el delito de corrupción.

¿Por qué ampliar la extradición? Los representantes legales de Perú ante la justicia chilena, el estudio Zegers Abogados, explican que esta solicitud se debe realizar debido a las relaciones y tratados internacionales. Esto, ya que Fujimori fue condenado en Perú sólo por aquellos delitos por los cuales fue extraditado. Por lo tanto, si se le quieren imputar más delitos, entonces la justicia chilena debe ampliar la extradición que permitió juzgarlo en la justicia peruana.

Rodrigo Zegers Reyes, abogado representante del Estado peruano en Chile, espera que la Corte Suprema “acoja esta solicitud de extradición al menos por aquellas operaciones o casos más graves para que no quede en la impunidad y para ello era necesario aportar una serie de antecedentes que había pedido la señora ministra instructora, doña Andrea Muñoz, y que dicen relación con la acreditación de los hechos delictivos y de la participación del señor Fujimori en aquellos casos por los cuales se está solicitando la extradición”.

Zegers, agrega, que ampliar la extradición de Fujimori permite -además- buscar justicia para las víctimas en Perú. Lo anterior, ya que Fujimori, a pesar de estar preso, aún no ha sido condenado por todos los hechos a los que se le vincula.

En enero de 2006, la justicia peruana envió 12 cuadernillos a Chile para que comenzara la tramitación de la deportación de Fujimori. Tras 22 meses, la Corte Suprema revisó las cerca de 16 mil páginas sobre los antecedentes del exmandatario y finalmente aprobó la extradición por siete casos que se le imputaban, entre ellos las matanzas de La Cantuta y Barrios Altos.

Posteriormente, el 2012 y 2017 se solicitaron, nuevamente la ampliación de la extradición de Fujimori. En esta ocasión, la justicia peruana solicita ampliar los cargos por siete hechos más por los delitos de homicidio calificado, peculado y asociación ilícita para delinquir, secuestro, revelación de secretos de interés nacional, entre otros.

El primero de los casos que se le imputan a Fujimori es el haber ordenado la planificación y ejecución de una operación para asesinar a dirigentes e integrantes del Movimiento Terrorista Sendero Luminoso en la cárcel Castro Castro entre el 6 y 9 de mayo de 1992.

La Fiscalía de Perú también busca imputarle el delito de homicidio calificado por haber planificado y coordinado un operativo militar el 22 de abril de 1997, con el cual buscaba rescatar rehenes desde la embajada de Japón en Lima. En ese contexto, a Fujimori se le atribuye el haber ordenado la ejecución de los detenidos por esta toma una vez que estos ya se habían rendido.

Además de eso también se le imputa el haber concertado con su exasesor Vladimiro Montesino, para lograr su reelección el 2000. Para esto, Fujimori habría utilizado a los medios de comunicación al concertarse con sus propietarios, desviando fondos desde los ministerios de Defensa y del Interior. Por este hecho la Fiscalía de Perú le atribuye los cargos de “peculado y asociación ilícita para delinquir”.

En esa línea, también figura entre los nuevos antecedentes, la ejecución de procedimientos paralelos a la justicia, todo esto coordinado con su asesor Montesinos. Además de imputarle la coordinación con el mismo funcionario para el secuestro de personas bajo el pretexto de haber cometido delitos como rebelión militar, tentativa de homicidios, entre otros.

Finalmente, también se le atribuye el delito de revelación de secretos de interés nacional, ya que, tras su renuncia a la presidencia, Fujimori habría conservado grabaciones de tres reuniones secretas del Consejo de Defensa Nacional, en las cuales se trataron temas relacionados al conflicto bélico con Ecuador en 1994.

Los antecedentes entregados por Perú ya están en manos de la ministra Muñoz. Además de eso, la defensa pública de Fujimori en Chile deberá presentar los antecedentes que permitan a la Corte Suprema determinar si decide ampliar la extradición que otorgó al país vecino hace 15 años.