Por estafa y apropiación indebida: Tribunal despacha orden de detención contra dueños de automotora de vehículos de lujo “Larruy”

El 2018 ingresó a tribunales la primera querella en contra de la automotora Larruy, de propiedad de los hermanos Juan José, Michel y Marcelo Isuani Larruy, quienes se especializan en la venta de vehículos de alta gama. Desde esa acción judicial, una serie de clientes se sumaron y presentaron acciones judiciales por el delito de estafa y apropiación indebida. El miércoles 12 de octubre, y luego de su formalización, el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago despachó una orden de detención en contra de los propietarios de la empresa.

En agosto de 2020, tras una serie de querellas por los mismos hechos, el Ministerio Público solicitó al tribunal agrupar las investigaciones en contra de la automotora ubicada en Avenida Vitacura. Durante la audiencia de formalización de este miércoles, la Fiscalía Metropolitana Oriente logró acreditar la ocurrencia de 21 delitos de apropiación indebida y 5 por estafa, todo esto por más de $ 400 millones.

Las querellas en contra de los dueños de Larruy se debe a la denuncia de clientes que dejaban sus vehículos en consignación en la automotora, la que debía encargarse de venderlos. Sin embargo, estos nunca recibían el dinero de la venta, o sólo una parte de ella. Además de eso, hay otras formas de actuar que la fiscal Karin Naranjo les imputó a los hermanos Larruy.

Durante la reciente audiencia de formalización, la defensa de los imputados pedía sobreseerlos, sin embargo, el tribunal no acogió la solicitud. Según señaló el tribunal: “Existe un perjuicio patrimonial a las víctimas, al recibir los dineros y al haberse requerido los dineros o vehículos y no realizar dicha retribución, se constituye el delito de apropiación indebida, haciendo que una simple obligación civil se transforme en un delito, por dicho motivo y al no adquirir la certeza absoluta que los hechos no son constitutivos de delitos”.

Por este caso, el Cuarto Juzgado de Garantía decretó 100 días de investigación. Mientras tanto el tribunal decretó la medida cautelar de prisión preventiva y ordena despachar orden de detención en contra de los tres imputados.

El primer querellante -el 2018- de la automotora Larruy, fue porque el año 2013 un cliente firmó un contrato de “orden de venta” de un auto Infiniti G37 Coupé. Según dicha acción judicial, luego de haber dejado su vehículo en dicha automotora, y al volver de un viaje, el cliente intentó contactar a la automotora, sin embargo, su automóvil había sido cambiado de sucursal.

“Sin mi autorización trasladaron el vehículo de una sucursal a otra, para luego perder completamente el rastro de éste. Más gravitante aún fue la respuesta de don Mauricio (un trabajador), quien me señaló haber entregado el vehículo a un pariente mío, supuestamente una mujer. Es desde este día, que nunca más he tenido conocimiento del paradero del vehículo”, se puede leer en la primera denuncia.

Una segunda querella acusa a la automotora de armar “toda una puesta en escena para la venta de un vehículo de alta gama, cuya transferencia nunca se realizó, a pesar de haber pagado el precio”.

Pero esta denuncia va más allá, porque junto con eso, la víctima denuncia que durante la compra del Porsche que adquirió, le ofrecieron un seguro automotriz, al cual accedió. Meses después, ese cliente fue víctima de un asalto y le robaron su vehículo de alta gama, por lo cual decidió cobrar el seguro. Sin embargo, desde la aseguradora rechazaron su solicitud, ya que, señala, este no estaba inscrito a su nombre. Momento en el que descubrió que la transferencia nunca se realizó.

Una vez que se dirigió a la automotora a reclamar por no poder recuperar a través del seguro el vehículo, uno de los dueños de la empresa le cobró $ 2.000.000 adicionales para cobrar el siniestro del seguro en su representación. Luego, “habiendo pagado la compañía de seguros la indemnización por el robo del vehículo, al señor Juan José Isuani Larruy, este último se niega a pagarle a la víctima señalando que se había gastado el dinero, pero que le iba a pagar con cheques”, señala la querella.

Además de estas, existen una serie de denuncias sobre el mismo modo de operar de la empresa. Esto, según señalan otras querellas, porque una vez que el cliente dejaba su vehículo en la automotora, para que esta lo vendiera, esta no realizaba los pagos por los automóviles, o sólo parcialmente.

La causa en contra de la empresa de los Larruy ya suma a la fecha 32 querellantes. Además de contemplar la ocurrencia de los delitos, el tribunal además consideró que se trataba de un hecho reiterado, con “numerosas víctimas, cuantioso perjuicio, además de actuar en grupo o pandilla”.

Durante la audiencia de formalización, los abogados de los imputados argumentaron que el estallido social “provocó una gran baja en las ventas, generando falta de liquidez, sumado a que han sido víctimas de delitos de estafa”. Tesis rechazada por el Ministerio Público, que aseguró que la crisis social “y pandemia no son los accionantes de esta declaración de quiebras, indicando que los hechos ocurren desde antes del año 2018 no pudiendo ser encasillados en un simple incumplimiento contractual, solicitando el rechazo de lo solicitado por las defensas”.

Junto con eso, según consigna el acta de la audiencia de formalización, el abogado de Juan José Isuani Larruy argumentó que este “jamás ha dejado de reconocer las deudas de dinero y se está en presencia de una actividad comercial donde todos los querellantes tienen herramientas para exigir el pago de dinero en sede civil”.

La defensa de Michel y Marcelo Isuani Larruy, por su parte, sostuvo que la sociedad se encuentra declarada en insolvencia, “privando de cualquier acto en orden de ejercer la actividad económica, debiendo hacerlo en procedimiento de quiebra para cobrar acreencias”. Junto con eso, y en la misma línea que la defensa de su otro hermano, asegura que los imputados no se han relacionado en la compra y venta de los vehículos con los querellantes: “su intervención es post a estos hechos, nada demuestra que sus representados se hayan apropiado de dinero”.

Además de eso, la defensa de Juan José estuvo en contra de la medida cautelar de prisión preventiva, argumentando que “existe una serie de desistimientos, respaldados por acuerdos reparatorios y transacción notariales, existiendo un total, 13 personas desistidas, lo cual implicaría una forma de colaborar con la investigación, reparando el mal causado”.

El tribunal resolvió que el “reintegro no hace desaparecer el delito, se comparte la calificación jurídica asignada por el órgano persecutor, se está ante la presencia de un delito de apropiación indebido y también un delito de estafa”.

Según la fiscalía, los propietarios de la automotora siguieron “actuando con normalidad, realizando los mismos hechos ilícitos en otras empresas, constantemente han utilizado su libertad para evitar la obtención de pruebas para llevar con éxito a la investigación, no han colaborado con la investigación y han dilatado la investigación de manera constante”.