Presidente de la Asociación de Magistrados: “La Comisión de Ética no es la respuesta a las denuncias por tráfico de influencias en la Suprema”

En medio de la crisis que atraviesa el Poder Judicial producto de denuncias respecto de eventual tráfico de influencias en nombramientos, el lunes recién pasado inició su visita al país la relatora especial de Naciones Unidas sobre la independencia de magistrados y abogados, Margaret Satterthwaite.

La profesora de Derecho Clínico en la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York sostendrá reuniones con diversos funcionarios del Estado y representantes de la sociedad civil, con el propósito de discutir buenas prácticas y los desafíos existentes en el área.

Y ya durante su primera jornada de reuniones, la profesional fue recibida por el presidente de la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados (ANMM), Alejandro Vera, quien valoró el encuentro y destacó que sus recomendaciones serán especialmente relevantes en medio de la discusión respecto de las modificaciones al sistema de nombramientos, para saber si los jueces están siendo nombrados por un procedimiento preestablecido y si hay perfiles de cargo que, en definitiva, impliquen contar con magistrados que cumplan con sus labores “sin ninguna presión indebida”, como sostuvo en entrevista con La Tercera el también ministro de la Corte de Apelaciones de Temuco.

¿Cómo define el escenario con el que la relatora se encuentra acá en Chile?

En Chile, el nivel de confianza de la ciudadanía en el Poder Judicial es bajo, incluso en relación a la región. Y eso se debe, según lo que nosotros como asociación vemos, a la estructura del Poder Judicial, donde no existe un organismo autónomo y sin influencia de poderes políticos directos en el nombramiento de los jueces. Tampoco existe un órgano independiente que investigue, juzgue y eventualmente sancione la responsabilidad de los jueces, y especialmente sin independencia financiera, lo que puede constituir una amenaza, ya que -entre otras cosas- hace más de 13 años que a los jueces no se les suben sus remuneraciones.

Y bueno, con lo referente al mismo sistema de nombramiento, eventualmente los jueces puede que no estén libres de interferencia y eventualmente de presiones indebidas. Esos fueron algunos de los tantos temas que tratamos.

Eso justamente ha quedado en entredicho a raíz del caso de presunto tráfico de influencia ¿Qué análisis hace usted de esa situación?

En el tema de los nombramientos, lo que hoy en día están investigando tanto el Ministerio Público como la Corte Suprema, lo que sí existen son denuncias de intervenciones indebidas, y entiendo que se están investigando eventualmente ilícitos de tráfico de influencias. Y lo que yo he observado es que efectivamente el sistema no cumple con los estándares de independencia al momento de nombrar, y también no tiene estándares de criterio preestablecido, lo que constituye evidentemente una amenaza y posibilita obviamente presiones indebidas.

¿Y le parece que las determinaciones que ha tomado el presidente de la Corte Suprema en ese sentido han sido acertadas?

Fue importante para el Poder Judicial que por resolución del pleno que dirige el ministro Ricardo Blanco se decidió formar mesas de trabajo para ver estos temas, y es una decisión que para mí es sumamente relevante porque la Corte Suprema antes lo había dicho a través de prensa, pero no a través de una resolución de pleno. Consideramos que es un paso sumamente importante, porque es una decisión de carácter judicial y por tanto entiendo yo que debiera ser cumplida.

¿Le parece una medida acertada el haber reactivado la Comisión de Ética para que analice los casos de presunto tráfico de influencias donde estarían involucrados cuatro ministros?

Primero hay que entender que es la ética y lo que exige. Y la ética lo que exige es el cumplimiento de normas que significan un cumplimiento superior al que establece la ley o los reglamentos que se dicten dentro del Poder Judicial en este caso, de tal manera que en realidad nosotros en general vemos que lo que se está buscando a través de la Corte Suprema es establecer en el fondo si se han incumplido normas en el rango inferior a la ley o a los reglamentos, y en ese pie después seguir la responsabilidad disciplinaria. Pero hay que entender que las normas éticas para todo conglomerado profesional tienen que ser dictadas por los pares para los pares, y en este caso extrañamente surgen de la jerarquía.

Lo que se está haciendo ahí en la Comisión de Ética por ahora no se está siguiendo ninguna responsabilidad funcionaria.

¿Espera algo de ese trabajo que se está haciendo? ¿Sirve en cuanto hay denuncias sobre eventual tráfico de influencias?

Es un paso, pero yo creo que no es la respuesta a las denuncias. O sea, obviamente de aquí no va a surgir una respuesta, sino que va a surgir, eventualmente, una nueva investigación o directamente puede terminar acá.

¿Lo ve como una señal comunicacional simplemente?

Sí, yo creo que sí. Creo que eso es lo que se busca, digamos, transmitir una señal justamente de que se están investigando estos hechos, pero ya sabemos que no se están investigando con todas las herramientas, porque ya lo dijo el fiscal nacional, él no le va a entregar todas las herramientas y no las puede entregar porque no tiene la obligación legal de hacerlo. Y en ese sentido hay que tener cuidado, nosotros obramos en base a lo que la ley nos faculta, yo no puedo hacer más de lo que la ley me faculta en mi calidad de miembro del Estado.

Se entiende que es un proceso reservado, pero acá estamos ante procedimientos que no están del todo reglados. No se sabe cuándo ni cómo sesionan, qué acciones toman. Entonces, ¿se puede confiar en su transparencia?

Eso es, de hecho, una de las cosas que nosotros hemos estado hablando. Le señalamos a la relatora de independencia judicial que hay una deuda ahí, porque no existe un procedimiento legal de ley donde un órgano independiente investigue la conducta o la responsabilidad funcionaria de los jueces. No existe un procedimiento de defensa de los jueces, con pasos preestablecidos para investigar a jueces. Y tampoco existe un listado de cuáles son las conductas objetivas que deben ser perseguidas o eventualmente castigadas. Nosotros este procedimiento de responsabilidad funcionaria, mal llamado disciplinario, lo hemos pedido en distintas ocasiones y todos los años.

¿Considera que va en la línea correcta la propuesta de modificación al sistema de nombramientos que emanó el pleno hace algunas semanas?

Lo encontramos deficiente porque justamente el sistema de nombramiento propuesto se refiere a todos los jueces, pero no incluye en ese sistema a los ministros de la Corte Suprema.

¿A quién atribuye esa deficiencia?

La verdad lo desconozco, porque primero que todo nosotros, cuando se dictó esa propuesta, no fuimos consultados. No entendemos si se consulta al mundo académico, porque al menos en el fondo esa propuesta no cumple con los parámetros de carácter internacional. Entendemos que sí hay ahí un esfuerzo, una visión que tiene la Corte Suprema, que no es la misma visión que tiene la Asociación Nacional de Magistrados; nosotros pronto daremos a conocer nuestra propuesta en la materia.

¿Qué expectativas tiene de estas modificaciones?

Aquí tiene que haber un compromiso tanto del gobierno como del Congreso en orden a mejorar este sistema de nombramiento. Nuestra esperanza va hacia allá obviamente, y yo creo que para la ciudadanía es importante entender que las instituciones están operando, hay investigaciones que se están llevando a cabo por el Ministerio Público y, en paralelo, por la Corte Suprema, y espero que estas lleguen a buen puerto.