ProCultura: Fiscalía incauta celular del gobernador Crisóstomo (PS) en Ñuble y avanza en investigación por convenios con fundación de Alberto Larraín

La mañana de este miércoles llegaron hasta el frontis del Gobierno Regional de Ñuble funcionarios de la Policía de Investigaciones (PDI) y un equipo de la Fiscalía Regional de Aysén, liderada por el fiscal Carlos Palma para allanar, por segunda vez el edificio ubicado en la Avenida Libertad en la ciudad de Chillán. La diligencia concluiría, entre otras cosas, con la incautación del teléfono del gobernador regional Óscar Crisóstomo en medio de la indagatoria en contra de la extinta ONG liderada por el psiquiatra Alberto Larraín.

El allanamiento en el GORE de Ñuble sería el inicio de la “tercera ronda” de ingresos a inmuebles que realizaría el Ministerio Público, ente persecutor que desde marzo ha hecho lo mismo en cuatro regiones en la denominada arista ProCultura del caso líos de platas.

La incautación al teléfono de Crisóstomo se da en medio de la investigación por presuntos delitos de tráfico de influencias y fraude al Fisco en contra de la ONG, comenzó en julio del 2023 en la Región de Aysén por orden del fiscal Palma, quien en diciembre pasado fue nombrado por el fiscal nacional, Ángel Valencia, como el persecutor a cargo de la investigación de una serie de convenios de la fundación con organismos públicos que ascienden a los casi $6 mil millones. La misma ONG también tiene indagatorias en su contra en las regiones de Antofagasta y Valparaíso, también por convenios.

La diligencia realizada en el GORE del Ñuble busca conocer si es que hubo delitos en la transferencia de $ 268 millones de parte del organismo regional por un proyecto de integración con Argentina. En el allanamiento, además de incautar el teléfono del gobernador, también se hizo lo mismo con el equipo de la administradora regional, Alicia Salinas, y otro alto funcionario.

Tras el allanamiento de este miércoles en Chillán, el fiscal Palma aseguró que “estamos levantando evidencia de los distintos servicios públicos y entidades privadas que, a juicio nuestro, están relacionadas con los convenios, en el marco de esta investigación, en las distintas regiones del país. Por lo tanto, bajo esa lógica, no se descarta ningún tipo de diligencias como tomas de declaraciones o eventualmente, otras medidas intrusivas”.

Por parte del GORE confirmaron que la diligencia “consistió en la confiscación de tres celulares, además de solicitar la nómina de los teléfonos móviles que posee el Gobierno Regional”. En esa línea, agregaron que “al igual que en el procedimiento anterior, como institución aportamos todos los antecedentes requeridos y reiteramos la voluntad de colaborar con la información con el fin de que esto sea aclarado a la brevedad”.

La investigación del Ministerio Público va en la línea de lo que a partir de diferentes auditorías ha cuestionado la Contraloría por los contratos alcanzados entre los gobiernos regionales allanados y la ONG que en noviembre del año pasado anunció su cierre.

En el GORE de Ñuble el ente fiscalizador cuestionó el proyecto “Transferencia fortalecimiento de la integración con Argentina, Encuentro Binacional Ñuble”, por $ 268.100.000, que fue entregado de forma directa sin la debida fundamentación. Entre otras cosas, también se cuestiona que en dicho proyecto la ONG sólo fue intermediaria entre el gobierno regional y empresas privadas que finalmente realizaron los trabajos. También se detectó que existen inconsistencias en los pagos.

Es precisamente la contratación de terceros para realizar el trabajo otra de las aristas que los investigadores indagan en la arista ProCultura. Por lo mismo, además del tráfico de influencias y fraude al Fisco -que son los delitos que estarían configurados en este caso- también se investiga si es que existió cohecho en la contratación de la ONG de Larraín, la que en algunos casos se le asignaron los fondos de manera directa, eso pese a que bajo algunos contratos ni siquiera tenía la especialidad, algo que levanta sospecha en los investigadores.

Desde marzo, el Ministerio Público ha realizado una serie de allanamientos en cuatro regiones: Ñuble, Biobío, La Araucanía y Magallanes. Pese a aquello, el fiscal Palma tiene las investigaciones en ocho regiones, entre las que destacan Antofagasta, Atacama, Valparaíso, Metropolitana, Magallanes, Aysén, entre otras.

La investigación de la Fiscalía de Alta Complejidad de Aysén y de equipos especiales y dedicados de la PDI para esta arista, ya se encuentra en una etapa de recolección de pruebas. Y es que, si bien el allanamiento al GORE de Ñuble es la diligencia más reciente, anteriormente en el mismo organismo ya se había allanado, así como también en otras reparticiones públicas. En esa ocasión se levantó prueba documental y registros computacionales.

Las diligencias realizadas este martes corresponden a la “tercera ronda” de allanamientos del Ministerio Público en la arista ProCultura. Sin ir más lejos, en paralelo al allanamiento al GORE, según señaló el fiscal Palma “hemos realizado diligencias con órdenes judiciales en la Región de Araucanía, Biobío y Ñuble, específicamente en las comunas de Concepción, Cabrero, Chillán y Pucón”. Este jueves, además, se realizó un allanamiento en la capital, específicamente a una empresa que prestaba servicios a la ONG.

Y es que además de indagar convenios entre la fundación de Larraín con los GORE, también se investigan los convenios con reparticiones de gobierno. En ese sentido, el miércoles también se allanó el Serviu y Minvu de Concepción. Un día antes -el martes- también se irrumpió nuevamente en el Gobierno Regional del Biobío, el que también tiene convenios cuestionados con ProCultura. En la Región de La Araucanía, comuna de Pucón, también se realizaron este tipo de medidas intrusivas, según señaló el persecutor porque “había evidencias que se encontraban en casas de particulares y que formaban parte de aquellas que estimábamos necesarias había que incautar”.

Los allanamientos de esta semana se suman a los realizados el 20 de marzo, cuando se irrumpió en el Gobierno Regional de Magallanes, así como también en el Minvu y Serviu de la misma región. Además, en esa misma jornada se allanó también la Municipalidad de Porvenir, la que también tenía un contrato con la ONG.

Dos semanas antes de aquello, y en una primera ronda de incautaciones, se hizo lo propio -por primera vez- en el GORE de Ñuble, así como también en diferentes oficinas de empresas relacionadas a ProCultura que estaban en Chillán y Concepción.

“Estamos levantando evidencia de los distintos servicios públicos y entidades privadas que, a juicio nuestro, están relacionadas con los convenios, en el marco de esta investigación, en las distintas regiones del país. Por lo tanto, bajo esa lógica, no se descarta ningún tipo de diligencias como tomas de declaraciones o eventualmente, otras medidas intrusivas”, concluyó Palma de la jornada de allanamientos.