“Prometimos ‘no más pitutos’ y ahora estamos en entredicho”: así fue el reservado y duro juicio político en que RD dejó caer a Catalina Pérez

Se trata de un expediente que está reservado en Revolución Democrática (RD). El documento es netamente interno, pero que debido a la investigación que lleva la Fiscalía sobre los convenios entre Democracia Viva y la Seremi de Vivienda de Antofagasta, el proceso debió ser adjuntado a la indagatoria, pues allí hay elementos que son de interés para el Ministerio Público.

“Acta de audiencia y sentencia”. Así se titula el documento que da cuenta del juicio político que la entonces directiva de RD hizo contra la diputada Catalina Pérez, hoy imputada en la investigación por negociación incompatible, omisión de denuncia, fraude al Fisco y malversación que sigue adelante el Ministerio Público.

Fue en este proceso interno en que se resolvió la suspensión por un año de la diputada Pérez de la colectividad. Apelando al compromiso partidario, al quiebre de las confianzas y a la lucha que el partido tenía contra la corrupción, la noche del 18 de junio, RD dejó de blindar a quien fuera su presidenta entre 2019 y 2021.

La directiva de RD partió creyéndole a Pérez. Creían en que no sabía de los convenios, pero con el tiempo esa certeza se diluyó y terminó en una denuncia para su suspensión, presentada por el secretario ejecutivo del partido, Edson Dettoni.

“Quisiera comenzar puntualizando lo obvio: esto no se trata sobre hechos que revistan características de delito, sino un juicio de ética al liderazgo femenino más importante de nuestro partido”, partió diciendo Dettoni, quien presentó en el juicio a la Dirección Nacional de RD. El abogado agregó: “Lo primero que vamos a probar es la preponderancia política, en segundo lugar, que Catalina conocía o debía conocer de los convenios entre Democracia Viva y la Seremía de Vivienda de Antofagasta y que los hechos anteriores los debía denunciar”.

Para eso presentó tres militantes como testigos: Lorena Cisternas, Sofía Valenzuela y Nicolás Valenzuela. En tanto, Catalina Pérez, esa noche estuvo acompañada de su abogado Gonzalo Medina y su jefa de gabinete, también abogada, Romina Neumann.

El juicio comenzó a las 21.18 de la noche y se extendió hasta cerca de la medianoche. Serían horas largas, donde la otrora líder del partido vería caer el capital político que tenía al interior de una de las colectividades de gobierno.

El acta de la audiencia revela varios pasajes que no se conocían del caso y que ahora están en manos de la Fiscalía. Por ejemplo, la defensa de Pérez expuso ante el tribunal supremo de RD que “mi representada ha colaborado, ha sido objeto del reproche público total y solo en efectos de colaboración, se pidió el 10 de junio una reunión que fue negada, en donde se le pidió que se autodenunciara, encapsulando en ella toda la responsabilidad. Sobre si sabía o debía conocer tiene que ver con lo oportuno y cómo sabemos qué es lo oportuno”.

Su defensa insistió en algo que siempre ha sido argumento para descartar la comisión de delitos en el caso: que no intervino en la gestión de los convenios. Eso lo ha dicho Pérez y también sus abogados, pero no se refirió a cuándo se enteró de los convenios, algo que la directiva de RD, sí lo aseguró.

“Es importante saber si Catalina sabía o debía saber sobre la existencia de estos convenios y desde cuándo. En la denuncia lo establecimos como una presunción, pero con el tiempo nos fuimos enterando, después, de que había otros antecedentes que daban cuenta que podía saber mucho antes, como señalaron los mismos testimonios. Desde cuándo sabía y cuánto sabía es algo que sólo está en el fuero interno de la denunciada, pero podemos presuponer que sí sabía y eso es importante”, alegó Dettoni.

Agregó que “a Catalina nunca la hemos visto negar su conocimiento, solo ha dicho que no tenía conocimiento específico, pero a grandes rasgos sabía que existían o estaba consciente del riesgo político que podían implicar. Además, sabía su gabinete y sabían las personas de su Territorio ligadas a Catalina Pérez, que pusieron la alerta por primera vez”.

La figura de la diputada en el partido también fue un punto que la directiva nacional quiso remarcar. “El Tribunal sabe y todos sabemos que Catalina es la figura más importante de nuestro partido, al menos femenina, y ciertamente la que tiene o tenía más proyección política, no solo por su capacidad como vocera, no solo por su historia política, que está marcada por una lucha contra la corrupción si no también por su capacidad de articular tanto dentro como fuera del partido”, indicó Dettoni.

La crítica política a RD también se ha centrado en la bandera contra la corrupción que levantaron, antes de ser oficialismo. En el juicio, este argumento también fue usado por los denunciantes.

“Nosotros prometimos que íbamos a cambiar la manera de hacer las cosas, que no íbamos a aceptar más pitutos, que no íbamos a aceptar una política que no estuviese al servicio de la gente, y lo que nos ha pasado es que se nos ha puesto en entredicho”, señaló Dettoni.

Para cerrar sus argumentos, el abogado indicó al tribunal que “lo que hemos sabido no es que no sólo no denunció ni impidió los hechos, además fue testigo de defensas corporativas, posiblemente estuvo al tanto, a través de su gabinete, de respuestas falsas respecto a la antigüedad del trabajo de la fundación y ese tipo de cosas son relevantes, porque las falsedades que permitió que existieran en la reunión con la Directiva, y las defensas corporativas que permitió que existieran”.

Por último señaló: “Vimos a través de los testimonios que no sólo quedaron encapsulados en el caso Democracia Viva, sino que generó un efecto dominó hacia todas las autoridades del partido, que nos tiene sometidos a una revisión permanente de nosotros mismos que implica un desgaste orgánico inmenso, y el prestigio del partido en estos momentos, que es el peor momento de nuestra historia partidaria, y es justamente porque la involucrada en estos hechos es Catalina Pérez y no otra persona”.

El abogado a cargo de la defensa de Pérez descartó cualquier irregularidad política. En ese sentido, explicó que “nadie tiene claro que acá haya existido alguna irregularidad en la que haya estado involucrada la diputada Pérez, lo único que uno puede afirmar en abstracto hubo un conflicto de interés en el que nunca se realizó ninguna intervención y bueno ya se indagará si alguien hizo algo más que tener relación con las dos personas, pero hasta el momento nadie más sabe que haya hecho nada más. Y lo niego categóricamente, la diputada Pérez no ejerció ninguna influencia en la generación del convenio con Democracia Viva”.

Pero, advirtió: “que haya habido un conflicto de interés, no es en principio una falta a la ética o a la probidad, ni falta a los principios del Partido. La gente tiene conflictos de intereses y la cuestión que define el comportamiento ético o el respeto a la probidad, a la trayectoria y a la historia en lo que ha sustentado al Partido, y lo que ha mantenido Catalina Pérez como norte, es como se actúa frente a esos conflictos de interés”.

Medina defendió el rol de la diputada en el manejo de la causa al interior del partido, dado que no era ético que intercediera ante el Seremi, por ejemplo, para frenar los convenios. Pero también fue más allá: “Me van a perdonar pero da la sensación, desde afuera, que lo que hubiera pasado acá es que todo el mundo se hubiera robado la plata y se la hubieran llevado al bolsillo, como han hecho otros partidos, que fuera eso lo que anduvieron haciendo los militantes de Revolución Democrática, eso no es efectivo por lo menos en este caso”, dijo.

La audiencia se suspendió a las 23:37 de la noche y se retomó a las 01:05 para comunicarse la resolución del tribunal supremo. Fue una espera larga y angustiosa que para los presentes, admiten algunos, en este tipo de procesos siempre es compleja desde lo emocional. Mal que mal, en algún minuto todos fueron compañeros de ruta.

El tribunal, finalmente, tomó la decisión de suspender a la diputada Pérez por un año. La resolución fue dura y en cinco puntos.

“En atención a los antecedentes que constan tanto en el proceso, como aquellos de notorio y público conocimiento, especialmente la declaración pública realizada por la denunciada el primero de julio del año 2023, se da por probado que aquella tenía conocimiento de la existencia de los convenios suscritos entre la fundación Democracia Viva y la Seremi de Vivienda y Urbanismo de Antofagasta, los cuales no se ajustaban a las exigencias y requisitos éticos de nuestro Partido acorde a la Declaración de Principios del Partidos, a los principios que informan el Procedimiento de prevención de la corrupción, y a la práctica establecida de nuestro partido”, resolvió.

Además, se consignó que “la denunciada en la misma declaración reconoce un error de juicio al ponderar las consecuencias y efectos de los convenios suscritos, y en consecuencia no adoptó oportunamente las medidas y acciones que permitieran mitigar el impacto de esta situación como lo requeriría el estándar ético esperable en atención a su cargo, experiencia y trayectoria en el Partido”.

Su envergadura como militante también fue tomada en cuenta, dado que al haber sido presidenta de la colectividad, para el tribunal, “debió con mayor razón haberse ajustado a los estándares partidarios en términos éticos y políticos se acoge en todas sus partes la denuncia interpuesta y se accede a la sanción solicitada de suspensión de la militancia por el plazo de un año”.

La votación fue unánime y nadie dio espacio para la permanencia de Pérez en el partido. Su suspensión vencerá el 4 de julio del 2024 cuando el caso en sede judicial siga su curso, aunque sólo la Fiscalía sabe en qué situación estará la cuestionada diputada.