El 10 de enero de este año el diputado Andrés Giordano (FA) presentó un proyecto de ley que reforma la Constitución con el objetivo de suspenderles la dieta a aquellos diputados o senadores que estén siendo investigados en procesos judiciales.

La iniciativa incorpora esta idea en uno de los incisos del artículo 61. Esta norma señala: “Desde el momento en que se declare, por resolución firme, haber lugar a formación de causa, queda el diputado o senador imputado suspendido de su cargo y sujeto al juez competente”.

Con esto se busca que, además de la suspensión de funciones, se corte el sueldo mientras dure la investigación que pesa en su contra.

Además de Giordano, el proyecto fue patrocinado por los diputados Luis Cuello (PC), Marta González (PPD), Javiera Morales (FA), Erika Olivera (Demócratas), Emilia Schneider (FA), Alexis Sepúlveda (radical), Leonardo Soto (PS), Consuelo Veloso (FA) y Ericka Ñanco (FA).

A pesar del amplio respaldo que concita en el oficialismo, en la oposición miran con distancia el proyecto, argumentando que la medida es demasiado severa, pues el desafuero solo implica una habilitación a que la investigación se inicie, y no la culpabilidad del parlamentario.

De igual manera, los impulsores de la iniciativa activarán gestiones a contar de marzo para que el texto inicie su discusión en la Comisión de Constitución, la instancia de la Cámara que revisa los proyectos de reforma a la Carta Fundamental.

En ese sentido, la diputada Morales aseguró que “como Frente Amplio tenemos planificado retomar su discusión en marzo, a la vuelta del receso”.

Y añadió: “Cualquier trabajador chileno que esté suspendido de su trabajo por problemas judiciales, no recibe sueldo. En el caso de los parlamentarios, es incomprensible que aquellos desaforados sigan recibiendo la dieta parlamentaria”.

Giordano, por su parte, sostuvo que “espero que, dado el escenario de la Cámara, este sea un proyecto que se ponga en tabla para discutirse y perfeccionarse, si fuera necesario, a la brevedad posible”.

La diputada González, por su parte, indicó que “el desafuero se realiza con antecedentes suficientes a la investigación de la causa y se quite esta suerte de protección a raíz de las labores fiscalizadoras del parlamentario”.

Y añadió, al igual que Morales, que a la vuelta del receso, en la primera semana de marzo, van a “consensuar una estrategia” para avanzar con la iniciativa, en el contexto de que en las últimas semanas han existido más parlamentarios desaforados. Ese antecedente, considera la diputada, “cobra más sentido al proyecto”.

En la oposición, en tanto, además de considerar excesivamente severo privar de la dieta a un legislador que se encuentre investigado, creen que el proyecto es altamente “popular” y que podría tener adhesión ciudadana en un año electoral.

La diputada y jefa de bancada de RN, Ximena Ossandón, señaló que “este año vamos a estar llenos de proyectos populares, pero tenemos que ver si son justos y atingentes. En estos casos hay que tener presente la presunción de inocencia”.

El integrante de la Comisión de Constitución Jorge Alessandri (UDI) sostuvo que la iniciativa “es lo popular, que va a tener fácil tramitación en un momento como este con tanto parlamentario desaforado, pero no es una buena idea, el desafuero es una protección no para el parlamentario, sino para el que se querella contra él”.

Y añadió: “El desafuero no es culpabilidad, es que te van a empezar a investigar, igual que la formalización. No es bueno castigar antes que un tribunal independiente te encuentre culpable”.

El presidente de la comisión, Miguel Ángel Calisto (Demócratas), confirmó que ha tenido diálogos con Morales -quien es integrante de Constitución- para acelerar la iniciativa. En ese sentido, el diputado priorizará el proyecto en esa instancia a partir de marzo.

En cuanto al contenido, Calisto indicó que “que es importante también hacer un análisis crítico, pero también bien apegado a la ley respecto de este tema”.

Y añadió que “el desafuero es un proceso que es parte de un proceso investigativo. Por lo tanto, en ningún caso involucra que la persona que ha sido desaforada ha sido parte o tiene responsabilidad en la comisión de un delito”.

En esa línea, el legislador es partidario de incorporar una norma que señale que, en el caso de que el diputado investigado resulte inocente, se le restituya la dieta que no se le pagó.

En este momento existen tres diputados que están desaforados.

El primero de ellos fue Francisco Pulgar, quien quedó en esa calidad en octubre del año pasado, con lo cual se dio inicio a la investigación que pesa contra él por los eventuales delitos de violación y abuso sexual de una menor de 14 años, hechos que habrían ocurrido en 2014. Incluso, en la jornada de ayer Pulgar quedó en prisión preventiva.

El segundo diputado que perdió esta protección parlamentaria fue Mauricio Ojeda (ind. republicano), a quien se le está investigando por presuntos delitos de fraude al Fisco en el marco de los líos de platas, específicamente en la arista llamada caso Manicure.

Ojeda, al igual que Pulgar, quedó en prisión preventiva. La Fiscalía pide una pena de 19 años de cárcel para el exrepresentante del Partido Republicano.

También está el caso de Catalina Pérez, a quien se le está llevando el proceso de desafuero por estos días. Si bien el pasado 10 de febrero la Corte de Apelaciones de Antofagasta acogió la solicitud del Ministerio Público, el abogado de la diputada, Gonzalo Medina, confirmó que recurrirán a la Corte Suprema para revertir la medida.