“Pudimos haber muerto”: las horas de terror en la cárcel de Angol en voz de los gendarmes secuestrados por comuneros mapuche

Horas de horror se vivieron la jornada del domingo 7 de mayo en el Centro de Detención Preventiva (CDP) de Angol, en la Región de La Araucanía. Ahí, tres gendarmes fueron secuestrados durante varias horas por internos del módulo F de comuneros mapuche. Se registraron agresiones, allanamientos y traslados, lo que desencadenó toda una arremetida por parte de funcionarios penitenciarios que demandan mayores medidas de seguridad y, en paralelo, una investigación por parte del Ministerio Público en que se persiga la responsabilidad de sus captores.

El episodio, según investigadores en la zona, ha activado una serie de atentados que incluso obligaron al gobierno a redoblar la presencia militar y decretar un “estado de alerta”.

Como se lee en la querella presentada la tarde de ese mismo día por la dirección regional de Gendarmería en contra de 17 reos por los delitos de secuestro y maltrato de obra, todo comenzó a eso de las 9.30 de la mañana. En ese momento, comuneros le manifestaron a los efectivos a cargo de las labores de desencierro su molestia por la suspensión de las visitas con motivo de la elección de los integrantes del Consejo Constitucional. Pero como no consiguieron que sus familiares y conocidos ingresaran, los ánimos se crisparon, bloquearon los accesos e impidieron que los funcionarios salieran del lugar.

Pero aunque los seis “cabecillas” del “motín” ya fueron trasladados a otros recintos y gendarmes pudieron “regularizar” la situación al interior del penal, como manifestaron a La Tercera PM, aún temen ser víctimas de represalias. Ese día fueron amenazados de muerte y, de hecho, en lienzos encontrados en ataques registrados la última semana en la zona se les advierte: “Están en la mira”.

Los gendarmes que ese día se mantuvieron retenidos, según manifestaron sus pares a este medio, han optado por no comentar lo sucedido, están con licencia médica y recibiendo atención psicológica que les brindó la institución. Las declaraciones que entregaron con motivo de la denuncia -a la que accedió La Tercera PM-, en todo caso, reflejan las horas de temor que vivieron.

“Con un tono de voz desafiante, estaban exigiendo el ingreso de sus visitas, pero se les volvió a reiterar que se encontraban suspendidas las visitas a nivel nacional por el tema de las elecciones. Una vez terminado el diálogo, decidimos salir del interior módulo, encontrándonos con los dos accesos bloqueados y cerrados por fuera con el cerrojo, ante esta situación nos devolvimos al patio y nos apostamos en una esquina, ya que en ese sector hay una cámara tipo domo”, comentó uno de los funcionarios y cuyo nombre se mantendrá bajo reserva por motivos de seguridad.

Y agregó: “Nos quedamos en el mismo rincón apostados (...) Los comuneros se encontraban todos con las chuecas, consistente en un trozo de madera robusto de una medida aproximada de 1,20 metros, con las que golpeaban el piso de manera intimidante, mientras nos custodiaban con la finalidad de mantenernos retenidos en el lugar, más específicamente en el patio arrinconados”.

Como no era posible permitir el ingreso de las visitas, según el testimonio de los gendarmes, los comuneros emplearon mayor violencia y pese a que los efectivos advirtieron que harían uso de armamento disuasivo, comenzaron a agredirlos. “El escopetero le advierte que no se acerque a nosotros ya que de lo contrario iba a hacer uso del armamento disuasivo, el interno hace caso omiso y de forma desafiante se acerca más hacia nosotros y el resto de comuneros hicieron lo mismo, todos premunidos con sus chuecas (palos), y el colega realizó disparos al aire en dos ocasiones, sin embargo, nos comenzaron a golpear con estos elementos contundentes, en el lugar, había una mesa de plástico la que utilizamos como escudo para poder protegernos”, relató.

“Ellos nos agredieron de manera incesante con los palos, provocándome lesiones en mi cabeza con al menos dos golpes directos, también lesiones en manos, dedo pulgar, antebrazos, y otros más que con la adrenalina de la situación tal vez los esté pasando por alto”, complementó el funcionario, al tiempo que uno de sus compañeros involucrados declaró que sus pares les entregaron mascarillas para que pudieran respirar con normalidad, ya que harían uso de gases lacrimógenos.

En ese momento, como relataron los tres gendarmes secuestrados, temieron por sus vidas. “Mientras nos agredían violentamente, los funcionarios que se encontraban en la línea de fuego (que corresponde al espacio que hay entre las murallas del recinto y la malla perimetral del módulo) cortaron la malla con un napoleón, para poder salir con vida del patio del módulo, ya que nos golpearon por algunos minutos y de no haber sido por los colegas que cortaron la malla, probablemente habríamos sufrido lesiones gravísimas e incluso haber muerto a manos de los internos comuneros”, manifestó uno de ellos.

Pero la extracción de los gendarmes no fue nada de fácil. Como se señala en el parte denuncia de lo ocurrido, en medio de las labores de rescate “los internos continúan agrediéndolos, a su vez, agreden a otro funcionario en la parte posterior de la cabeza, mientras se procedía al cierre de emergencia de la malla con medidas de seguridad corta (esposas M-100). para evitar cualquier otro tipo de vulneración a la seguridad del Establecimiento Penitenciario, ya que los reclusos se abalanzaban hacia el lugar, y señalaban ‘si salen los pacos, salimos todos’ además de vociferar reiteradas amenazas contra el personal. A viva voz, de manera directa sindican ‘te vamos a matar sabemos dónde vives, tú y tu familia se van a acordar de nosotros’”.

Por lo anterior, y dado que tras conseguir el rescate los reos siguieron movilizados, se dispuso de un completo operativo para normalizar la situación al interior del recinto. De acuerdo con el parte, a eso de las 13.00 horas, el jefe Operativo Regional ordenó el ingreso del personal al módulo y con ello el desalojo de la totalidad de internos hacia el sector de Sala de Uso Múltiple. Se intentó, en primera instancia, ingresar por el acceso de Guardia Interna, pero los reclusos mantenían bloqueado el paso con mangueras de la red seca contra incendios y lanzaban agua y polvo químico de los extintores, al personal.

Así, insistieron por la denominada línea de fuego, cortaron nuevamente la malla y lograron entrar y desalojar el espacio, derivando a los internos a recintos médicos para que constataran lesiones, aunque sólo algunos aceptaron la medida.

Luego de eso, se allanaron las celdas del mencionado módulo, logrando la incautación de celulares, armas blancas, chicha artesanal y otros elementos prohibidos.

Dado que una de las solicitudes de las asociaciones de funcionarios era el traslado inmediato de los internos involucrados a otros penales, durante la tarde de ese mismo domingo las autoridades accedieron y firmaron la medida para seis de los internos.

Por orden de la jefa del Departamento de Control Penitenciario, se dispuso el traslado de Fabián Llanca Nahuelpi y de Juan Queipul Millanao a Rancagua, de Hanthu Llanca Quidel y de Máximo Queipul Huenchullán al Biobío, y de Joaquín Huenchullán Queipul y de Freddy Marileo Marileo, a Puerto Montt.

Además, como comentan efectivos que se mantienen en funciones en Angol, se eliminaron ciertos privilegios de los que gozaban los internos del módulo F. Por ejemplo, el encierro ya no se realiza a las 21 horas, sino que a las 17.30 horas, como en otras cárceles del país. Además, según el grado de participación que tuvieron en el secuestro, se les suspendieron las visitas por entre 25 y 30 días.

Dado lo sucedido el pasado domingo, los funcionarios del penal siguen en alerta. Como manifiestan en privado, llevaban meses alertando de que algo así podría ocurrir, por lo que hoy exigen mayores medidas.

Esto, como insisten, porque se sienten totalmente en riesgo. De hecho, como sostiene un funcionario que trabaja en Angol, a las afueras de los recintos lo graban y toman notas de las patentes de sus autos.

Consultado al respecto, Joe González, presidente de la Asociación Nacional de Suboficiales de Gendarmería (Ansog) manifestó: “Como funcionarios y como asociación estamos bastante preocupados por la situación que está ocurriendo en el sur, especialmente por las amenazas que están sufriendo nuestros colegas. Creemos que el gobierno tiene que tomar cartas en el asunto porque esta situación es bastante grave”.

“No se puede ceder ante las presiones y ante grupos que vulneran el Estado de derecho. El Estado tiene que actuar de manera contundente, y como asociación estamos pendientes”, agregó.