¿Qué decían los whatsapp que envió Palma a Hermosilla?

Hace casi dos meses, el 25 de junio, se conoció que tras declararse admisible una querella estampada en su contra, el fiscal regional de Aysén, Carlos Palma, sería investigado por su par de Los Lagos, Carmen Gloria Wittwer, por el delito de omisión de denuncia.

En ese momento, el persecutor era blanco de cuestionamientos por una conversación que había tenido con la pareja de la ministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco, Gonzalo Migueles, y que de acuerdo con una publicación de Ciper dejaba al descubierto eventuales ofrecimientos irregulares en el marco de la carrera para encabezar la Fiscalía Nacional.

Con el correr de las semanas, la indagatoria se amplió y sumó un nuevo ilícito a pesquisar: violación de secreto. Esto, luego de que el viernes pasado, en medio de un consejo extraordinario de fiscales, se informara que Palma habría entregado información al abogado Luis Hermosilla sobre una causa por tráfico de drogas en Aysén y que fue formalizada en 2022.

Según pudo conocer este medio, la persecutora recibió antecedentes del fiscal Felipe Sepúlveda -que analizó el celular de Hermosilla producto del denominado caso audio y que por estos días es formalizado por la Fiscalía Regional Oriente- relativos a que el otrora aspirante a liderar el Ministerio Público, en esa época, reportó información donde tenía participación un abogado que era parte del estudio del mencionado penalista.

De acuerdo con quienes conocieron el tenor de los intercambios, se trata de mensajes vía WhatsApp, de texto y audio, relacionados con la operación Viejos Arrayanes, donde el exintegrante del estudio, Juan Urrutia, defendía a Ignacio Yáñez, uno de los imputados.

¿Era información reservada? En conversación con La Tercera, Carlos Palma lo descarta: “Quiero dejar muy en claro que la conversación con el señor Hermosilla se produce el segundo día de la formalización, cuando los antecedentes ya no eran reservados, y se habían expuesto ante el tribunal. De hecho me llamó la atención justamente que ellos, el estudio, estuvieran defendiendo a un imputado por narcotráfico”.

Palma, hasta antes de estas causas que se han abierto en su contra, se encontraba investigando una de las aristas más políticas del caso Convenios y que afectaba directamente a gobernadores oficialistas como lo son Claudio Orrego y Rodrigo Mundaca, ambos independientes pero con domicilio político en el actual gobierno.

Junto con descartar cualquier ilícito, Palma aseguró que: “A Hermosilla lo conocí como abogado del Estado en Huracán y hay prohibición de que quienes litigan para el Estado a su vez representen a imputados por ley de droga. Eso es todo, las fechas, las audiencias y vuelvo a reiterar, no he infringido la reserva del caso”.

Pese a la exposición, la postura del fiscal nacional, Ángel Valencia, es de sospecha. De hecho, no descartó que se hiciera una investigación administrativa y se decrete la suspensión de Palma.

“Voy a hablar en general, no respecto al caso específico, en estas situaciones se suelen realizar investigaciones por dos cuerdas paralelas. Se buscan responsabilidades distintas: administrativas y penales”, indicó Valencia en conversación con Mesa Central. Y complementó: “Conforme a nuestra legislación, en un caso como este, una investigación disciplinaria suele ser llevada adelante por un fiscal regional, que tiene atribuciones para tomar decisiones tales como una suspensión de funciones. En una investigación disciplinaria sí se le podría suspender sin necesidad de una querella de capítulo”.

La versión de Palma, cabe hacer presente, coincide con la expuesta por el abogado y hermano de Hermosilla, Juan Pablo, quien al llegar a la tercera jornada de formalización, indicó: “La versión que yo tengo es que se trata de un llamado del fiscal Palma, que le da cuenta a Luis que hay un abogado de su oficina que está patrocinando un caso y está en audiencia por un caso de droga”.

“Obviamente todo el mundo tiene derecho de defensa, una persona acusada por tráfico también, pero la Ley 20.000 tiene limitaciones”. En esa línea, señaló que esa norma impide a abogados que tomen causas relacionadas a esos delitos trabajar en instituciones del Estado como organismos y universidades, lo cual era el caso de su hermano.

Por lo mismo, agregó: “Muchas oficinas de abogados como la de Luis, no tomamos causas de narcotráfico. Entonces, se le advierte esa situación. Luis habla con el abogado y le dice o sales de esa causa o te vas de la oficina, él decide mantenerse en el caso y se va de la oficina”.

“Eso es lo que pasó. No le veo yo objeción. Me dicen que se ha abierto una investigación, muy bueno que se arme una investigación para que se pueda escarbar todo y ver si está todo bien o no, pero esa es la versión que tengo y yo, desde mi ángulo, no veo nada irregular en el tema”, complementó.

Si bien como indicó la fiscal Carmen Gloria Wittwer se estaría ante un eventual caso de violación de secreto, abogados consultados por este medio lo descartan, en tanto la información que se habría compartido no tenía carácter de reservada y había sido ventilada en las audiencias públicas que tuvieron lugar el 23 y 24 de octubre de 2022. El secreto de la causa, en tanto, se había levantado el 18 de ese mismo mes, por lo que algunos insisten en que no habría delito.

Consultada respecto de cómo aplica el delito de violación de secreto, Alejandra Castillo Ara, directora del departamento de Derecho Penal de la UDP, manifestó que la regulación del secreto profesional tiene distintos grados dependiendo de las personas que estén involucradas. “En general, los fiscales y todas aquellas personas que tengan información a raíz de casos que conozcan en el ejercicio de su profesión, respecto de los cuales tienen un nivel de confidencialidad y deber de guardar secreto, si los revelaren incurren en el delito de violación de secreto profesional. Es una violación de la confidencialidad que tienen estas personas”, comentó.

En el caso de funcionarios públicos, manifestó, también se pueden establecer sanciones disciplinarias, por los que hay dos vías por las cuales seguir.

Cristián Riego, director de Clínicas Jurídicas UDP, en todo caso, es de la idea de que acá se podría estar ante otro delito: “Yo veo más bien tráfico de influencias en el sentido que Hermosilla lo ayudó en su postulación (a fiscal nacional) y aquí podría haber una devuelta de mano. Lo que esto mostraría es lo impropio de que los abogados hagan campaña por jueces o fiscales porque se generan deudas. Pueden ser intercambios de favores”.