¿Qué hacía el secretario del Senado en el Palacio de Tribunales en medio de las acusaciones contra supremos?

Una situación poco habitual se vivió ayer en los pasillos del Palacio de Tribunales. Y es que el secretario del Senado, Raúl Guzmán, no estaba en el Congreso, en Valparaíso, sino que en la capital. Pasado el mediodía llegó raudo hasta el recinto, sin mirar a nadie. Algo urgente iba a realizar, dice uno de los testigos de su visita. El tema es que esa misma jornada había sufrido un duro traspié en la Corte de Apelaciones de Valparaíso, que ordenó tramitar una querella por prevaricación y falsificación de documentos que lo tienen en calidad de imputado en una causa penal del Ministerio Público.

A todo esto se suma el que en estos momentos el Congreso, específicamente los diputados, promueven acusaciones constitucionales que afectan a tres ministros de la Corte Suprema: Sergio Muñoz, Ángela Vivanco y Jean Pierre Matus. Es por tal motivo que un ministro advierte que dicha visita pudo tratarse de que había solicitado una audiencia con algún magistrado. Con todo, la situación causó extrañeza en el edificio.

Entre las funciones de Guzmán en la Cámara Alta está “dirigir, coordinar y controlar la ejecución de las labores de apoyo administrativo necesarias para el correcto desarrollo de la labor legislativa”.

La Tercera consultó formalmente al Poder Judicial si existía alguna solicitud de reunión por parte del secretario. Desde comunicaciones respondieron que tras revisar las agendas de todos los ministros ninguno registra una cita con el abogado.

Finalmente, consultado el propio Guzmán -a través de su jefe de prensa-, no quiso explayarse y sólo respondió que fue por ”asuntos personales”.

El problema con esta visita, dicen algunos diputados consultados por este medio, es que el Senado en el proceso de la acusación constitucional contra los supremos obra como “juez”. Y en ese entendido, “debería abstenerse” de contactos judiciales, indican las mismas fuentes.

Con todo, el secretario del Senado -dicen cercanos- siempre ha tenido estrechos vínculos con el Poder Judicial. Sobre todo con la Corte Suprema. No por nada en el concurso para fiscal nacional que ganó Jorge Abbott, en 2015, Guzmán recibió el apoyo de 11 supremos, liderando la quina junto al entonces también fiscal Luis Toledo, quienes dejaron varios lugares atrás a sus contendores, incluido el abogado de Valparaíso que resultó -finalmente-, elegido.

Ahora, dicen otras fuentes de palacio, no es raro que los abogados se junten con amigos en las cortes. Y para ello no es necesario dejar registros. El tema, comentan congresistas, es el lugar y el momento.

“Podría haber venido a pedir consejo por la causa penal”, dice un funcionario del palacio.

Y es que este jueves la Corte de Apelaciones de Valparaíso revocó el fallo de primera instancia que había declarado inadmisible una querella presentada por el fiscal de la Cámara Alta, Javier Norero, en contra el otrora fiscal regional metropolitano sur. Con esta determinación, se acogió a trámite el libelo y la Fiscalía de Valparaíso está obligada a investigar eventuales ilícitos cometidos por la autoridad de la Cámara Alta.

En la acción criminal se describen una serie de hechos que a juicio del abogado Mauricio Suazo serían constitutivos de delitos de prevaricación administrativa y falsificación de instrumentos públicos. Lo que pone en una incómoda situación a Guzmán, quien en el pasado -de hecho- fue también miembro del Ministerio Público. Pasó entonces de perseguir a, ahora, ser perseguido, comentan quienes tuvieron conocimiento de la determinación de la Corte de Apelaciones de Valparaíso.

En el libelo se detalla que “en el mismo momento en que es despedido, a don Javier Norero se le bloquea su credencial institucional que permite el acceso al edificio, y a la oficina en la que resguardaba toda la información referida a su trabajo; se le solicita entrega de notebook personal, en el cual almacenaba digitalmente miles de archivos, y se cancela el acceso al respectivo correo institucional”.

Cabe destacar que Norero es funcionario de carrera y cumple roles en el Senado desde 2003. Guzmán, en tanto, entró a la corporación en 2019, poco antes de terminar su periodo como fiscal regional metropolitano sur. De hecho, no pocos levantaron ciertos reparos con su nominación, en ese entonces, por provenir del Ministerio Público. Sin embargo, gracias a apoyos políticos transversales consiguió su puesto en la testera en un cargo que algunos plantean no tiene contrapesos.

Es en base a esto último que dictó la resolución Nº P-205/2023, de fecha 29 de noviembre de 2023, que puso término anticipado al contrato de Norero, desatando la molestia de las asociaciones de funcionarios de la Cámara Alta, las que se enfrentaron al secretario administrativo.

Por el momento la causa penal se tramitará en la jurisdicción del puerto principal, pero todo quedará en manos del fiscal nacional, Ángel Valencia, quien puede invocar el artículo 19 -como lo ha hecho en otros casos- y cambiar al fiscal regional que tramite el caso.

Con todo, esta batalla recién comienza, aseguran en el entorno de Norero.