¿Rebelión de fiscales? Se eleva la tensión en el Ministerio Público por reunión de Valencia, Chadwick y Hermosilla

Aunque hace algunas semanas, en medio del aniversario del Ministerio Público, los fiscales regionales salieron a “blindar” las actuaciones realizadas bajo la gestión de Ángel Valencia -sobre todo en el marco de las revelaciones derivadas del denominado caso Audio-, las aguas al interior de la institución no se han mantenido tranquilas.

En las últimas 24 horas se han vuelto a activar los cuestionamientos en torno a la figura del máximo persecutor. En esta ocasión, por información develada por Juan Pablo Hermosilla en medio de un recurso de protección en favor de su hermano, Luis Hermosilla.

En el documento presentado ante la Corte de Apelaciones de Santiago, el abogado aseguró que el fiscal ha mentido sobre sus acercamientos con su hermano -hoy imputado y en prisión preventiva por diversos delitos-, y que, de hecho, en el encuentro que sostuvieron ambos con el exministro del Interior Andrés Chadwick, Valencia comprometió la entrega de información relativa a causas que afectaran al expresidente Sebastián Piñera.

La situación generó alarma inmediata entre el resto de los fiscales y funcionarios, pues aun cuando en medio de la citada acción no se aportaron “pruebas” que sustentaran la afirmación referente a presuntas irregularidades, se abrieron nuevos flancos.

Así, y a pesar de que inicialmente desde la Fiscalía Nacional descartaron entregar comentarios al respecto, a las 16.48 horas, poco más de tres horas después de que La Tercera publicara los antecedentes aportados por la defensa del otrora influyente penalista, el fiscal nacional hizo llegar un mensaje a sus subordinados. Aseguró que lo señalado por Juan Pablo Hermosilla era falso y que emitirían el comunicado.

Pero el asunto no se agotó con la emisión de la comprometida declaración. Es más, la tensión aumentó, porque el escrito en cuestión no venía firmado por Valencia, sino que a nombre de la Fiscalía Nacional.

El hecho generó nuevamente incomodidad entre los persecutores, pues pese a que varios concuerdan en que lo referido por la defensa de Hermosilla podría ser falso, estimaron como un grave error que se haya comprometido a la entidad en su conjunto para hacer valer esa postura.

Como pudo constatar este medio, surgieron decenas de comentarios en grupos de WhatsApp que mantienen persecutores, reprochando la determinación y que Valencia intente “blindarse” utilizando el aparataje institucional.

Pese a ello, igualmente se expresaron voces en favor de la acción. Grupos minoritarios sostuvieron que era lo que correspondía, en atención a que el recurso de la defensa era en contra del Ministerio Público, pese a que se apuntó a actuaciones personales.

Pero aunque los representantes que apoyaron a Valencia fueron escuchados, la postura institucional de la Asociación Nacional de Fiscales, que representa al 90% de los persecutores, optó por desligarse de la fórmula y cuestionó derechamente la estrategia planteada por el fiscal nacional.

A través de un comunicado, plantearon: “Consideramos que lo que pueda sostener un abogado respecto de cualquier fiscal puede ser perfectamente falso o impreciso, motivado por diversos intereses. Sin embargo, ello no habilita a que la institución, como ente corporativo, salga en defensa de ese fiscal, más cuando las imputaciones que pueda hacer tal o cual abogado se hacen respecto de una determinada persona”.

Así, el directorio nacional de la Asociación Nacional de Fiscales rechazó el comunicado a nombre de la Fiscalía Nacional, acotando que se trata de “un ente corporativo que jurídicamente no existe, pues la máxima autoridad del Ministerio Público es un órgano unipersonal”.

“El fiscal nacional tiene todo el derecho a defenderse de imputaciones que le parecen agraviantes, pero no puede comprometer a toda la institución. Defensas corporativas, en este ámbito, no nos parecen adecuadas”, aseguraron.

Según transmiten desde el organismo, el hecho de que como Fiscalía se haya dicho que lo señalado por Hermosilla “es falso”, deja inmediatamente inhabilitados a todos los fiscales para eventualmente indagar los hechos planteados, cerrando la puerta a que eventualmente se persigan ilícitos ahí.

En privado, además, integrantes de la asociación deslizaron que parece una suerte de “chiste” que se anunciara una denuncia ante el Colegio de Abogados. “Para eso iba a los Boy Scouts a denunciar”, sostuvieron desde la instancia en relación a la legitimidad de ese espacio y por los efectos que podría tener.

En el mismo sentido, durante la tarde, ocho asociaciones de funcionarios se sumaron a los cuestionamientos y también optaron por desmarcarse de la fórmula seguida por el persecutor.

“Aclaramos que no avalamos el comunicado emitido el día de ayer por la Fiscalía Nacional a través de sus redes sociales y en donde se hace una defensa corporativa respecto del Fiscal Nacional. Creemos que fue un error, pues el Ministerio Público debe velar por la institucionalidad y no por personas en particular”, manifestaron desde ANFUMIP, AFFREMCEN, AFUNSUR, AFFREMSUR, AFFREMOR, AFRA, ASFRO Y AMPRO.

Igualmente, hicieron hincapié en que se mantendrán “fieles al mandato de nuestras bases para seguir defendiendo a la Fiscalía de Chile de todo aquel -no importa su cargo- que se aleje del rol constitucional que nos exige rectitud, probidad e integridad en el ejercicio de la función pública”.

Si bien las afirmaciones esbozadas respecto al tenor del encuentro entre Valencia, Chadwick y Hermosilla siguen contrapuestas, lo cierto es que ya se anunció una denuncia administrativa por presunto abuso de poder.

Así lo confirmó el abogado Luis Mariano Rendón, quien señaló que el abuso en cuestión lo habría cometido Valencia con la emisión de una declaración pública de la Fiscalía Nacional para desmentir imputaciones del abogado. Según el abogado “es absolutamente inaceptable que la Fiscalía, como institución, expresándose como cuerpo y en plural, aparezca defendiendo a Valencia, calificando las imputaciones en su contra como ‘mentiras’ y ‘amenazas’ sin mediar ninguna investigación que permita calificarlas como tales, calificación que además, en última instancia, solo corresponde hacerla a tribunales”.

“Valencia tiene el derecho y el deber de defenderse, pero en términos personales, no usando a la institución que dirige como escudo. En particular, soy quizás uno de los más interesados en que se defienda en tribunales y se establezca si fue verdadero o falso que se involucró de alguna forma en las causas contra Sebastián Piñera, pues fui querellante en varias de ellas, como Dominga, y ahí podría estar la explicación de la poca energía puesta en tales investigaciones por los fiscales a cargo”, complementó.

Sobre el fondo de las declaraciones, en todo caso, el exfiscal Carlos Gajardo planteó: “Las acusaciones que ha hecho el abogado Juan Pablo Hermosilla en contra del fiscal nacional son especialmente graves y constitutivas del delito de revelación de secretos y exigen pruebas de esa misma magnitud para probarlo. Sin embargo, tanto el fiscal nacional como el otro partícipe de la conversación, el imputado Andrés Chadwick, han desmentido lo dicho por el abogado Hermosilla, por lo que de no presentar pruebas concluyentes de lo dicho, solo quedará como un intento fallido de involucrar al fiscal nacional en un acto delictivo”.

Al margen de la discusión planteada, durante la jornada de ayer martes la Corte de Apelaciones de Santiago ya declaró admisible el recurso de protección de la defensa de Hermosilla.

Junto con ello, se dio un plazo de cinco días para que el Ministerio Público emita informe al respecto.

“Se ordena informe al recurrido Ministerio Público, el que deberá ser evacuado en el término de cinco días, remitiendo a esta Iltma. Corte, conjuntamente con su informe, todos los antecedentes que existan en su poder sobre el asunto que ha motivado el recurso, bajo apercibimiento de aplicar alguna de las sanciones que establece el N° 15 del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales”, se lee en la resolución de la Primera Sala del tribunal de alzada.

Se hizo presente, igualmente, que los ministros Antonio Ulloa y Lilian Leyton se inhabilitaron para conocer de la causa.