Reformas políticas y electorales quedan en suspenso tras magros resultados electorales del oficialismo

“Hay resistencia. Había resistencia antes y habrá después. Eso lo sabíamos”, comentó el senador y presidente del PPD, Jaime Quintana, quien dijo que independiente de los resultados de las elecciones regionales y municipales del fin de semana, sigue pujando para que se avance “con prontitud” en reformas políticas y electorales antes de los próximos comicios parlamentarios y presidenciales.

El ánimo de Quintana es compartido por los senadores del Socialismo Democrático, por los parlamentarios de oposición y por las autoridades de gobierno, donde admiten que las dudas para embarcarse en una seguidilla de ajustes políticos, están concentradas en los diputados del oficialismo.

Estos temores, incluso, se acrecentaron ante el avance que Chile Vamos en el plano de alcaldes, concejales, gobernadores regionales y consejeros regionales, y que dejaron en una situación disminuida a los principales partidos de la alianza gubernamental.

La luz roja fue encendida por algunos expertos del oficialismo que analizaron los resultados de la elección de concejales, que son el primer dato objetivo de cuánto pesan los partidos, con un modelo de voto obligatorio.

De acuerdo a ese análisis, solo cuatro tiendas lograrían pasar con tranquilidad el umbral de un 5% de la votación que se pretende imponer para que un partido pueda seguir existiendo. Entre estos, figuraban: RN con el 15%, Republicanos con 14%, la UDI con 10% y el Frente Amplio con 7%.

Sin embargo, otras tres colectividades tradicionales, el PR, el PC y el PS, apenas llegarían al 6%; mientras que la DC (con 4,64%), el PPD (con un 4,32%) y Demócratas (con un 3,22%) quedarían al borde de su disolución.

Esta problemática solo se agrava con la variable del tiempo, ya que quedan ocho meses, tal vez menos si se descuenta el receso de febrero, para tramitar estas reformas que deben estar resueltas antes de que se inscriban las candidaturas parlamentarias y presidenciales en agosto de 2025.

Este paquete de reformas está separado en, al menos, dos proyectos que correrán por carriles distintos.

Una de esas reformas -que podría dividirse en dos iniciativas en la medida que se requiera un cambio constitucional adicional- pretende ajustar el sistema de partidos políticos y la representación parlamentaria.

En primer lugar, se busca fijar el mencionado umbral del 5% de la votación o de un piso de ocho legisladores electos para que un partido pueda seguir existiendo ante el Servicio Electoral. La norma también establecería la pérdida del escaño del legislador que renuncie o sea expulsado de su colectividad.

El problema es que aparte de las declaraciones del ministro secretario general de la Presidencia, Álvaro Elizalde (PS), quien ha dicho que impulsará esta reforma “acotada”, el texto ni siquiera ha entrado a tramitación.

La demora del gobierno ya está generando suspicacias entre parlamentarios de oposición, que creen que a la luz de los últimos resultados electorales, el oficialismo no colaborará para darle celeridad a la discusión de estas reformas.

De hecho, la última reforma electoral, que fijaba la multa, incluso a ciudadanos extranjeros habilitados para votar, fue resistida por algunos diputados del Frente Amplio, el PS, el PC y el PPD. Por lo tanto, es altamente probable que esa misma resistencia se repita.

En las bancadas de izquierda también admiten que no hay ánimo de avanzar hacia un modelo político, que en la práctica consagre las órdenes de partido. Incluso, a pesar de que Elizalde y los senadores socialistas apoyan esta reforma para fortalecer a los partidos, entre los diputados del PS ese sistema no convence.

La jefa de bancada de los senadores UDI, Luz Ebensperger, señaló que “es importante sacar esta reforma luego y no encima de las próximas elecciones. Esperamos presentarla prontamente, si no, nosotros como Chile Vamos la vamos a iniciar”, advirtió.

A juicio de Quintana (PPD), “estamos claros que este tema no es el más ciudadano de todos, pero en esto hay que avanzar”.

El senador Matías Walker (Demócratas), por su parte, es escéptico de los efectos de la iniciativa. “La reforma al sistema político es insuficiente si no va de la mano de una reforma al Estado, de una modernización y de una profesionalización del Estado. El que crea que se van a solucionar todos los problemas del país poniendo un umbral del 5% a los partidos está muy equivocado”, dijo.

“Hay que generar un acuerdo previo de los partidos. Pero veo que el Congreso recién está analizando los resultados de las elecciones. Veo poca disposición. No hay capacidad ni posibilidad de tener una posición de consenso sobre el sistema político, por ende, veo poca viabilidad para la reforma”, comentó el diputado y presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara, Miguel Ángel Calisto (independiente Demócratas).

“Se ha abierto una pequeña ventana de oportunidad para avanzar en las necesarias reformas a nuestro sistema político disfuncional. Sin embargo, no veo voluntad de hacer estos cambios, especialmente, en los partidos políticos más pequeños que se verían afectados con estas reformas”, dijo el diputado y vicepresidente del PS, Leonardo Soto.

La otra reforma que está en el limbo legislativo es la iniciativa, que perfecciona el sistema electoral y consagra el voto obligatorio a través de una multa que se aplicará en forma permanente. Este proyecto ingresó al Congreso en noviembre del año pasado.

Sin embargo, a pesar de que el Ejecutivo le mantiene una urgencia simple (30 días para ser despachada), esas urgencias han vencido y el proyecto en cuestión ni siquiera ha sido discutido por la Comisión de Gobierno del Senado, que hoy preside el senador Manuel José Ossandón (RN).

Consultado por la demora, el senador Ossandón señaló que “el proyecto está en espera, porque necesitamos que termine el actual ciclo electoral de gobernadores (el 24 de noviembre). Después de eso haremos las evaluaciones respectivas. El proyecto hoy tiene urgencia simple y esperamos comenzar el debate en diciembre y más tardar enero”.

El presidente de la Comisión de Gobierno de la Cámara, Rubén Oyarzo (Ind.), dijo que hoy están de manos atadas, esperando lo que resuelva el Senado. “Sabemos que es lento el proceso, es una reforma larga”, sostuvo.

Recientemente el Congreso debió tramitar una reforma similar -precisamente la que permitió desarrollar en dos días las elecciones de alcaldes, concejales, consejeros regionales y gobernadores-, pero su alcance era transitorio. Por lo tanto, para que la multa se aplique a futuro es necesario que el Congreso tramite una nueva ley.

Esa última reforma incluyó, además, una rebaja al financiamiento fiscal a las campañas, lo que fue resistido especialmente por el PS, el PPD y la UDI. En vista de que este factor dificultó la tramitación, en el Ejecutivo tiene dudas de volver a incluirlo en el texto legal.

Otro factor de tensión era la situación de los ciudadanos extranjero residente en el país, que están habilitados para votar. Desde el oficialismo exigen que si se aplica la multa para hacer efectivo el voto obligatorio, se excluya a los migrantes que posiblemente fueron incidentes en comunas como Santiago.

Sin embargo, ahora, a la reforma electoral se le agregó una nueva demanda: la posibilidad de extender las elecciones a dos días en forma permanente, dada la buena experiencia de los últimos comicios en que pudieron votar más de 13 millones de personas.

Esa medida está en evaluación en el gobierno, que además, está barajando alternativas para no sobrecargar el trabajo de los vocales de mesa. Una posibilidad es que se mantenga el régimen de dos días de elecciones, pero que el día domingo el cierre de mesas sea más temprano.