Un total de cinco denuncias ha presentado la Contraloría General de La República ante el Ministerio Público en el marco de la labor fiscalizadora por irregularidades en el proceso de arriendo de hoteles y residencias sanitarias en la pandemia.

Al 5 de octubre de 2021, la Contraloría ha ejecutado 130 actividades de fiscalización, de las cuales 117 han concluido y 13 indagaciones se encuentran en curso por parte de las Unidades de Control Externo.

Los principales hallazgos en sus auditorias están vinculados con la falta de concordancia entre la nómina de usuarios informados en los pagos y los registros de usuarios mantenidos por estos. Por lo mismo, en 44 ocasiones ha llevado adelante procedimientos disciplinarios.

La última denuncia presentada por la Contraloría al Ministerio Público ocurrió en abril de 2021. Esto luego de una auditoría al Servicio de Salud Viña del Mar - Quillota (SSVQ), cuyos resultados se plasman en el Informe Final N° 664. La revisión apuntó a verificar si el proceso de contratación del Hotel Queen Royal B había cumplido con la normativa legal, velando por el debido resguardo de los recursos financieros.

En la inspección “se comprobó el desembolso de $41.116.880, por habitaciones destinadas a staff, áreas limpias y sucias de enfermería, sin que tales conceptos estuvieran incluidos en el contrato suscrito para el uso de Hotel Queen Royal B como residencia sanitaria”. Además, se detectó una diferencia entre los pacientes que pernoctaron en el respectivo día y los datos proporcionados por la Jefa del Departamento de Planificación y Gestión del SSVQ, derivando en un pago en exceso de $3.931.760.

Al detectar estos antecedentes, la entidad contralora remitió copia de este informe a la Fiscalía Local de Valparaíso. En paralelo, instruyó un procedimiento disciplinario para determinar las eventuales responsabilidades administrativas.

Por otro lado, la indagatoria concluyó que el contrato suscrito con la empresa Sociedad Hotelera Queen Royal Ltda., en lugar de singularizar al Hotel Queen Royal B como el establecimiento del acuerdo, indica erróneamente que está referido al Hotel O’Higgins.

Según el mismo documento la SSVQ destinó fondos por $822.827.240 para arrendar cinco residencias sanitarias en la Región de Valparaíso: Hotel Gala, Hotel O´Higgins, Hotel Queen Royal A, Hotel Queen Royal B y Hotel Open de Quillota. Se trata de la segunda ocasión en que la Contraloría por medio de una auditoría detecta irregularidades en el proceso de arriendo y contratación de residencias sanitarias en el Servicio de Salud Viña del Mar - Quillota, presentando reparos a la gestión de dicha repartición.

“Se comprobó que los servicios prestados por la empresa Sociedad Hotelera Gran Pacífico SpA por el uso de la RS Hotel Queen Royal A, mediante las facturas N° 1, 2 y 3, por las sumas de $76.077.890, $80.941.420 y $17.251.430, fueron pagados dos veces a la referida empresa”, consignó el Informe Final 644/2020 del 28 de diciembre de 2020.

La Contraloría “verificó que el desembolso de $30.920.960, por habitaciones destinadas a staff, áreas limpias y sucias de enfermería, sin que tales conceptos estuvieran incluidos en el contrato suscrito para el uso de Hotel Queen Royal A como residencia sanitaria y se determinó una diferencia entre los pacientes que pernoctaron en el respectivo día y los datos proporcionados por la Jefa del Departamento de Planificación y Gestión del SSVQ, derivando en un pago en exceso de $3.431.960″.

Ambos informes fueron remitidos a la Fiscalía Local de Valparaíso.

Otro de los casos que también terminó siendo denunciado ante el Ministerio Público es el contrato que le permitió al Servicio de Salud Metropolitano Sur (SSMS), el arriendo como residencia sanitaria del Hotel Torremayor, ubicado en Lyon N°s. 25 y 322, comuna de Providencia en la Región Metropolitana.

“No consta que el servicio público fiscalizado haya analizado y evaluado, sobre la base de criterios técnicos, la selección y contratación de los hoteles que funcionaron como residencias sanitarias; la definición de las condiciones pactadas y el resguardo del patrimonio público; y la determinación de otros aspectos”, consignó el Informe Final 375/2020 del 11 de diciembre de 2020.

Además, consta que tanto en la contratación analizada, como en aquellas referidas a los hoteles Dacarlo y Los Leones, en los términos de referencia y en los contratos suscritos, se estableció una ocupación mínima garantizada por día de un 60%, la que no se cumplió algunos días, lo que generó que el servicio solventara la suma de $ 17.790.500, IVA incluido, por habitaciones que no fueron efectivamente utilizadas.

Sobre la materia, la Contraloría inició un procedimiento disciplinario, a fin de determinar las eventuales responsabilidades administrativas derivadas de los hechos.

“El SSMS no llevó un control eficaz y certero de los gastos de las residencias contratadas, por cuanto se detectaron errores en el control y contabilización de los pacientes que hicieron uso de ellas, lo que implicó pagos en exceso por parte del servicio. Para su corrección, la entidad auditada indicó y documentó la suscripción de un contrato de transacción con el proveedor, en el cual este último se comprometió a efectuar el reintegro de los montos pagados de más, lo que será verificado en una futura acción de seguimiento que realice esta Contraloría Regional”, concluyó.

El cuarto caso que han sido denunciados ante la Fiscalía es el contrato que firmó el Servicio de Salud Metropolitano Sur para el arriendo del Hotel Imperio Classic, ubicado en Estación Central, Región Metropolitana.

Al igual que en el caso anterior, la entidad contralora detectó “pagos en exceso”, ya que en vez de pagar $40.000 por habitación terminó pagando $50.000, lo cual se aleja de los lineamientos establecidos por el Subsecretario de Redes Asistenciales en orden a que se debía contratar a aquellas de menor valor.

En el Informe Final N° 367-2020 la autoridad detalló que para su corrección, el servicio indicó que la Subdirección de Administración y Finanzas contactó a la administración del hotel para regularizar los pagos.

Otra de las auditorías derivadas al Ministerio Público es la realizada al Servicio de Salud Aysén y en particular a la habilitación de una residencia sanitaria en Lodge Cerro Negro, ubicado en el sector denominado “Cerro Negro” en la ciudad de Coyhaique. La autoridad sanitaria arrendó dicho inmueble entre el 1 de enero de 2020 al 30 de junio de 2020 para afrontar los efectos de la pandemia.

Para ello, la autoridad sanitaria contrató los servicios de la empresa Turismo Aysén SpA, bajo la modalidad de trato directo, a través de 3 órdenes de compra, lo que ascendió al monto de $18.754.400.

“Se verificó que el Servicio de Salud Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo pagó menores valores y desembolsó sumas en exceso por los montos de $ 19.833 y $ 1.398.250, respectivamente, por concepto de los servicios de alojamiento, entre otros, producto de la emergencia sanitaria COVID-19, por lo que esa entidad deberá por una parte, acreditar el ingreso en arcas fiscales de las diferencias detectadas por exceso; y, por otra, acreditar el pago de las diferencias adeudadas a la empresa Turismo Aysén SpA, considerando el plazo de prescripción previsto en el artículo 2.515 y siguientes del Código Civil”, detalló el Informe Final N° 347-2020.

Desde la Subsecretaría de Redes Asistenciales del Ministerio de Salud, que dirige Alberto Dougnac, declinaron efectuar comentarios sobre este artículo. Su antecesor en el cargo, Arturo Zúñiga al ser consultado sobre estos antecedentes respondió:

“Como Subsecretario del Minsal siempre actué con el objetivo de resguardar el buen uso de los recursos públicos. Cuando se detectaron irregularidades, inicié un sumario que luego tomó la CGR y denuncié a la Fiscalía a los funcionarios del Minsal comprometidos. Di la orden de no pago y la desvinculación de los involucrados. Ni un peso fue a parar a las manos de los involucrados”.

“La Contraloría siempre debe investigar todos los casos en donde se sospechen irregularidades, además de revisar los contratos que se hicieron producto de la Pandemia. La Contraloría está actuando correctamente si es que percibe que puede haber un delito”, añadió.