Ayer, la comisión de Sistema Político llevó a cabo las votaciones en general de las primeras normas constitucionales. En total, fueron 13 las aprobadas por mayoría. En primer lugar, la comisión aprobó en general la iniciativa sobre régimen de gobierno presentada por convencionales del Partido Comunista, como Bárbara Sepúlveda (Chile Digno). Esta consiguió 13 votos y fue aprobada en general dentro de la comisión. La norma impulsada por el PC propone establecer la composición y atribuciones del Poder Ejecutivo, crear una vicepresidencia paritaria, mantener el presidencialismo y mantener una reelección inmediata del presidente luego de su mandato de cuatro años.

Otra iniciativa aprobada por 13 votos fue la presentada por la convencional Alondra Carrillo (MSC) para crear un Congreso u órgano legislativo plurinacional de una sola cámara, pues incluye la eliminación del Senado. Junto a la iniciativa, también se aprobó (con 13 votos a favor, 10 en contra y 2 abstenciones) la propuesta por Rosa Catrileo (Pueblo Mapuche) que establece escaños reservados para representantes indígenas en el parlamento plurinacional unicameral.

Del mismo modo, la iniciativa presentada por Rosa Catrileo (Pueblo Mapuche), que busca el reconocimiento constitucional de los pueblos originarios fue aprobada y propone el derecho al pleno ejercicio de los derechos colectivos e individuales de los pueblos y naciones indígenas preexistentes y sus miembros. También fue aprobada la iniciativa de Tiare Aguilera (Pueblo Rapa Nui), que busca reconocer e implementar “tratados y acuerdos históricos”.

Por último, la iniciativa presentada por Jaime Bassa (FA) que propone establecer la inscripción automática y el voto obligatorio para mayores de 18 años, además de permitir el voto voluntario para mayores de 16, tanto chilenos como residentes en el extranjero fue aprobada por 18 votos a favor.

La Comisión de Principios Constitucionales terminó su votación en general el miércoles 26. En la instancia se revisaron 65 iniciativas entre propuestas de normas, artículos o incisos. Se aprobaron 24, y 41 fueron rechazados.

En tanto, en una sesión extraordinaria el lunes 24, la Comisión de Justicia aprobó sus primeras iniciativas constituyentes. Se revisaron 24 iniciativas, de las cuales 20 fueron aprobadas, entre ellas, la Nº232, que crea el Consejo Nacional de Justicia.

Por su parte, la Comisión de Sistemas de Conocimientos votó el martes 29 iniciativas, de las cuales 24 fueron aprobadas. Además, durante el jueves 27, presentó, debatió y votó otras seis normas constitucionales. En total, se aprobaron cuatro de las normas y dos fueron rechazadas.

Finalmente, la Comisión de Medio Ambiente, la primera en comenzar la etapa de votaciones, aprobó un total de ocho iniciativas esta semana. Entre ellas, la “Relativa al derecho de los pueblos y naciones preexistentes a la tierra, territorio, recursos y bienes naturales”.

El miércoles 26 de enero se dió inicio a la Consulta Indígena, mecanismo que pretende fomentar la participación de los pueblos originarios en la redacción de normas constitucionales. “Es un momento histórico para los pueblos originarios, es un momento que estábamos esperando con muchas ansias”, dijo la convencional por el Pueblo Kawéskar, Margarita Vargas para dar inicio a la actividad.

El proceso de Consulta Indígena estará dividido en tres etapas: las primeras dos semanas serán para la difusión y educación respecto del proceso constituyente a través de visitas territoriales a las comunidades indígenas; la segunda parte será de deliberación, donde podrán participar autoridades ancestrales, comunidades y asociaciones indígenas; finalmente, habrá una sistematización de la información recolectada que se traducirá en propuestas, recomendaciones y acuerdos de los pueblos indígenas.

Pero la consulta no estuvo exenta de polémicas, esto debido al aumento del que hubo un atraso en la implementación del mecanismo, que inicialmente estaba presupuestado para diciembre del año pasado. Además de la renuncia del anterior coordinador de la comisión de Derechos de los Pueblo Indígenas, Víctor Antilef (Pueblo Mapuche) que fue reemplazado por Isabella Mamani (Aymara). Finalmente, el aumento de mil millones del presupuesto inicial de $1.400 millones también causó polémica.

Luego de la aprobación en la Convención Constitucional de la norma que busca reducir la duración de los jueces, entre 10 a 15 años para los supremos y de ocho años para los ministros de corte y de tribunales inferiores, los magistrados enviaron un correo a todos los convencionales defendiendo la independencia de los jueces y el principio de inamovilidad de los magistrados.

Esto no cayó bien a los convencionales, incluso algunos catalogaron el acto como “uno de los peores ataques” a la autonomía del órgano. Sin embargo, la presidenta de la Convención, María Elisa Quinteros (INN) aseguró que esto no ponía en peligro su autonomía “no creo que esté en riesgo, todos los poderes del Estado han reafirmado la autonomía de esta Convención Constituyente. Así como nosotros respetamos la autonomía también de los demás poderes”, aseguró.

Sin embargo, la mayor preocupación apunta al mecanismo de reclamaciones por vicios formales que la reforma al capítulo XV le asignó de forma exclusiva al máximo tribunal. Para algunos convencionales, esto significa que los supremos al manifestar su opinión sobre un tema de fondo estarían perdiendo imparcialidad y, que si más adelante se activa el mecanismo de las reclamaciones, serán ellos mismos quienes tengan que resolverlo.