Cencosud Shopping Centers lanzó una nueva arremetida en el marco del arbitraje que mantiene con Ripley. El 19 de octubre, el holding de la familia Paulmann presentó una demanda ante el 3º Juzgado Civil de Santiago en contra del juez árbitro Guillermo Mackenna Echaurren, quien está a cargo de zanjar la disputa entre ambos grupos por diferencias en el arriendo en tres centros comerciales.

En la acción, Cencosud acusó al jurista de “carecer de imparcialidad”, ya que -a su parecer- se habría pronunciado sobre los asuntos de fondo en la demanda arbitral que presentó Ripley a través de dos de sus sociedades (Eccsa S.A. y Comercial Eccsa Chile S.A.) el pasado 17 de junio de 2021. Frente a la acción, el martes 23 de noviembre el árbitro se defendió y desestimó haber vulnerado el debido proceso, por lo que rechazó inhabilitarse.

La Tercera PM accedió al expediente del juicio que se tramita en el Centro de Arbitraje y Mediación (CAM) de la Cámara de Comercio de Santiago (CCS). Esto, luego de que Cencosud al presentar su demanda contra el árbitro, adjuntó una serie de documentos, entre los cuales figuran la demanda arbitral de Ripley y la contestación de Cencosud. El caso destapado por Pulso-LT a inicios de septiembre, viene a reflotar antiguas diferencias entre ambos conglomerados y sus detalles hasta ahora eran desconocidos.

El asunto central del arbitraje es que, según Ripley, Cencosud se ha negado a cambiar el destinatario de las facturas que se emiten por el contrato de arrendamiento de los centros comerciales Alto Las Condes, Costanera Center y Portal Temuco. El retailer de la familia Calderón (Ripley) ha pedido en más de 18 cartas al conglomerado de minorista que emita las facturas a Eccsa Chile, luego que traspasara los contratos de arriendo a esta sociedad.

Según la demanda de Ripley, “Eccsa Chile se ha visto obligada a efectuar el pago de la renta, incluido el Impuesto al Valor Agregado (IVA), demás gastos asociados al arrendamiento de las tiendas por la vía del depósito bancario o transferencia, sin contar con un documento tributario de respaldo que justifique dicho desembolso”. Esta circunstancia no sólo la ha expuesto a una importante contingencia tributaria, sino que, además, le ha impedido utilizar el crédito fiscal del IVA que grava esta actividad y que precisamente debe reflejarse en la correspondiente factura.

Para Ripley, Cencosud al no emitir las facturas a nombre de Eccsa Chile, ha hecho que esta última no cuente con documentación de respaldo que “acredite o justifique de forma fehaciente ante el servicio el gasto realizado por el pago de la renta de arrendamiento, cuestión que le genera una contingencia tributaria en caso de ser fiscalizada por el Servicio de Impuestos Internos (SII). Ello, pues al no tener Eccsa Chile cómo acreditar el gasto en arriendo, el SII podría reliquidar la base imponible utilizada en la determinación del impuesto de primera categoría”.

Desde agosto de 2019 hasta mayo de 2021, Eccsa Chile ha pagado a Cencosud por concepto de IVA, que no ha podido aprovechar como crédito, la suma de $ 1.182.808.364, y en su demanda Ripley exige al conglomerado la restitución de este monto.

“Lo grave es que esta actitud de desidia grave e inexplicable de Cencosud continúa hasta el día de hoy, pese a las numerosas comunicaciones que se le han enviado. La contraria simplemente guarda silencio. Esa no es la forma de comportarse en los negocios. Menos entre empresas que tienen relaciones comerciales desde hace tantos años”, sostiene la demanda arbitral de Ripley. Según este mismo escrito, el grupo presente en Perú y Chile ha pagado a Cencosud durante los últimos 20 años rentas de arrendamiento que suman en total más de US$ 135.000.000.

“La actitud de la demandada (Cencosud) lleva a intuir que ella oculta uno o más objetivos detrás de su silencio. Uno de esos objetivos sería obligar a Ripley a renunciar anticipadamente al arriendo del sexto piso del local del Costanera Center, pretensión que ha sido manifestada por Cencosud en diversas oportunidades”, remató la acción patrocinada por Pedro Pablo Gutiérrez y Cristóbal Jimeno, socios de GWJA Abogados.

Ante la demanda arbitral, Cencosud contestó en duros términos a Ripley. En su presentación el holding representado por Ricardo Reveco y Ricardo Padilla, socio y asociado de Carey, respectivamente, advirtió que Eccsa tenía prohibido traspasar los contratos a una sociedad distinta a la que originalmente había firmado. Los acuerdos datan del año 2000 y 2004, y mantenían estrictas cláusulas de cumplimiento. Entre ellas, que cualquier modificación debía ser consultada por ambas partes.

“Sus múltiples cartas sólo son un mecanismo de coacción para que se valide una actuación absolutamente reprochable e improcedente”, sostuvo en su contestación.

“Cencosud ha actuado en todo momento de buena fe, siguiendo lo pactado expresamente en los contratos y exigiendo que se respeten sus derechos, tal como Eccsa lo ha hecho anteriormente durante esta larga relación comercial”, destacó.

En paralelo, el conglomerado de la familia Paulmann presentó una demanda reconvencional y acusó una serie de incumplimientos por parte de Eccsa. Uno de ellos es que los contratos contenían la obligación de que la familia Calderón se mantuviera como dueña directa o indirecta de al menos un 51% de la sociedad.

Sin embargo, las partes no definieron en los contratos qué se entiende por familia y, por lo mismo, la defensa de Cencosud decidió remitirse a las inscripciones en registros notariales e información pública de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF). ¿El resultado? Según Cencosud, la familia Calderón perdió el control del retailer y su participación accionaria en distintas sociedades no alcanza el porcentaje comprometido.

Asimismo, Cencosud manifestó que Eccsa presentó tres incumplimientos a los contratos de arriendo, solicitando el pago de multas e indemnizaciones por un total de $ 29.337.173.853.

En su demanda, el grupo sostuvo que la sociedad debe pagar una indemnización por haber traspasado sin autorización los contratos de arriendo por UF 552.759,35 ($ 16.967.877.195).

Además, Ripley -según Cencosud- debe pagar una indemnización por incumplir la cláusula que establecía que la familia Calderón se mantenía como controladora de Eccsa. La cifra debe ser calculada por el juez árbitro.

Igualmente, acusó a Eccsa de incumplir la “la obligación de aceptar las facturas válidamente emitidas”, lo que ha provocado un perjuicio a Cencosud de UF 402.952,55 ($ 12.369.296.658).