Salud, Educación y Obras Públicas: los ministerios que menos responden a fiscalizaciones de la Cámara

Un plazo máximo de 30 días para que los ministerios respondan a oficios de fiscalización de la Cámara promueve un proyecto de ley que está en tabla para votar el próximo 6 de enero.

La iniciativa, impulsada por la diputada Paula Labra (independiente RN), busca regularizar un vacío que hoy tiene a los ministerios de Salud (Minsal), Educación (Mineduc) y Obras Públicas (MOP) como los que registran más requerimientos pendientes de diputados, en el período legislativo 2022-2026, según las estadísticas oficiales de la propia Cámara.

Si bien el Ministerio del Interior es la cartera que más demanda tiene de estos oficios, su tasa de respuesta es mayor. En el mencionado período, la secretaría de Estado, que dirige Carolina Tohá (PPD), ha respondido 2.500 solicitudes y solo tiene pendientes 445.

En comparación, el Minsal, que encabeza la ministra Ximena Aguilera (ind.), tiene 1.010 oficios sin respuestas y 1.060 respondidos. El Mineduc, a cargo del ministro Nicolás Cataldo (PC), tiene 724 requerimientos pendientes y 1.230 respondidos. El MOP, por su parte, bajo la responsabilidad de la ministra Jéssica López (PS), tiene 677 sin respuestas y 1.150 contestados.

Ante la presión para apurar las respuestas de oficios, desde Salud señalan que los oficios pendientes “se encuentran actualmente en proceso de confección de respuesta”.

Junto con ello, en la cartera se defienden por la tasa de respuesta. “Los oficios que recibe el Minsal requieren, en la mayoría de los casos, un levantamiento de información y un análisis complejo de datos, lo que implica una considerable inversión de tiempo y coordinación entre diversos actores, como las Seremis, Servicios de Salud, divisiones y departamentos, entre otros, para la elaboración de una respuesta adecuada”.

Desde el Ministerio de Educación, por su parte, aseguraron que “el número de oficios pendientes, de acuerdo a nuestros registros, la cifra refiere a 574, los que se encuentran en proceso de respuesta y/o despacho, a la oficina de partes de ambas cámaras”.

En el Mineduc, de igual manera, se escudan detallando que “las respuestas a todos los requerimientos que refieran al sector educación se canalizan de manera centralizada, considerando las respuestas de: Subsecretaría de Educación, Subsecretaría de Educación Parvularia, Subsecretaría de Educación Superior, Superintendencia de Educación, Agencia de la Calidad de la Educación, Dirección de Educación Pública, Servicios Locales de Educación Pública, Secretarías Regionales Ministeriales de Educación, Junaeb, Junji, Integra y Comisión Ingresa”.

Obras Públicas, en tanto, hasta el cierre de esta edición no había respondido a la consulta de este medio.

A juicio de la diputada Labra, “los oficios parlamentarios son la herramienta fiscalizadora más utilizada por los diputados, pero lamentablemente no se le da la seriedad necesaria”.

Por tal razón, la iniciativa busca fijarles a los ministerios de gobierno un plazo máximo de respuesta de 30 días hábiles a los oficios que pida la Cámara a través de sus distintos instrumentos.

“Debido a la ausencia de regulación concreta en materia de plazos para responder los oficios se han elaborado interpretaciones en base al artículo 52 N° 1 letra a) de la Constitución Política de la República, para concluir que el plazo máximo de respuesta a los oficios es de 30 días. Sin embargo, en la práctica ello no se cumple, por lo que actualmente transcurren meses, e incluso años, sin que se reciban los antecedentes requeridos”, dice la moción de la legisladora, firmada también por sus pares de bancada Andrés Longton (RN), Hugo Rey (RN), además de Benjamín Moreno (republicano), entre otros.

“Nos parecería muy raro que haya diputados que no estén de acuerdo con aprobar este proyecto de ley, no tiene sentido alguno, los plazos son bastante prudentes”, añade Labra.

Y agrega que, junto al diputado Johannes Kaiser, han presionado tanto al secretario de la Cámara, Miguel Landeros, como a los comités parlamentarios para que pusieran en tabla el proyecto para que se alcance a votar.

La iniciativa, en todo caso, fue refundida con otra iniciativa de similares características de los diputados Víctor Pino (Demócratas), Yovana Ahumada (socialcristiana) y Andrés Jouannett (Amarillos).

El texto que se votaría el lunes 6, de no haber algún percance, pretende modificar la Ley Orgánica de Constitucional del Congreso Nacional para obligar a los organismos del Estado, incluyendo instituciones de participación estatal, a dar tratamiento en un plazo fijo a cualquier solicitud particular o colectiva de la Cámara, por ejemplo, de comisiones o resoluciones de sala.