Se busca defensor: Vivanco contacta a abogado de Jadue y a experto en derecho administrativo para enfrentar investigaciones

Pasadas las 23 horas del sábado 7 de septiembre los teléfonos de los integrantes del Poder Judicial comenzaron a registrar intensos intercambios. Y es que a esa hora comenzaba a circular el reportaje de Ciper que daba cuenta de la serie de conversaciones que, por años, mantuvieron la ministra suprema Ángela Vivanco y el abogado Luis Hermosilla, hoy en prisión preventiva en medio del caso Audio.

Los registros, como dio cuenta el mencionado medio, dejaban al descubierto que el profesional no solo la habría ayudado a llegar al cargo en el máximo tribunal, sino que también se habrían coordinado en función de otros nombramientos y respecto de la vista de algunas causas. Los hechos fueron catalogados rápidamente como de máxima gravedad, por lo que el presidente Ricardo Blanco comunicó que la situación sería analizada en el pleno de este lunes.

Dada la preocupación que reinaba en los pasillos del Palacio de Tribunales, eso sí, todo se adelantó y se citó a un pleno extraordinario, que comenzó a eso de las 8.50 horas. Cuatro horas más tarde ya se había dictado la suspensión de la magistrada. Esto, como explicaron del organismo, como “medida cautelar”, pues los titulares presentes acordaron abrir un cuaderno de remoción a la jueza.

Vivanco ya enfrentaba un proceso al interior de la Corte, específicamente en la Comisión de Ética, y por conversaciones que habría sostenido su pareja, Gonzalo Migueles, con el fiscal regional de Aysén, Carlos Palma. Por lo mismo, ya estaba siendo asesorada por un abogado, Cristóbal Osorio, quien de acuerdo con información recabada por La Tercera seguiría representándola.

El abogado es licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Chile, magíster en Derecho con mención en Derecho Público de la Universidad de Chile, diplomado de Derecho Público Económico y Derecho y Política de la Competencia, ambos de la Facultad de Derecho de la U. de Chile.

Entre sus causas más conocidas, Osorio ha representado a Iván Aróstica, expresidente del TC, en la causa contra María Luisa Brahm, y también al exfiscal Emiliano Arias, quien enfrentó una infructuosa solicitud de remoción ante la Suprema por parte del entonces fiscal nacional Jorge Abbott.

Más allá de que hoy los ojos están puestos en la determinación de la Suprema sobre la magistrada, hay otras dos aristas que la mantienen complicada. Por un lado, la eventual acusación constitucional que presentarían en su contra parlamentarios oficialistas y, por otra, la investigación penal.

Esa arista del caso está a cargo de la fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Wittwer, quien lleva adelante la investigación por soborno en contra de su pareja. Es en el marco de esa indagación, como pudo conocer este medio, que la jueza también aparece como indagada.

Y ahí Vivanco ya desplegó sus redes para fichar a un conocido abogado de la plaza. Se trata del penalista Juan Carlos Manríquez, quien mantiene entre sus clientes al exdirector de la PDI Sergio Muñoz, al exalcalde de Recoleta Daniel Jadue y a la excandidata a gobernadora Karina Oliva, entre otros.

Bajo esa causa, como comenta el abogado y exfiscal Carlos Gajardo, se debe despajar si la ministra incurrió o no en delito de revelación de secreto, y desde ya adelantó que enfrenta un escenario complejo.

“Los hechos que se han conocido son gravísimos y podrían ser constitutivos de delito. La mantención de Vivanco en la Corte era insostenible y por ello es una buena decisión que se le haya suspendido”, sostuvo el profesional.

Por su parte, la abogada Catherine Lathrop manifestó que “las comunicaciones sostenidas con el abogado Hermosilla, al menos, son indiciarias de que hay conductas alejadas de la probidad. De esta forma, aparecen como relevantes ciertas figuras penales, las que por cierto deben ser previamente investigadas, pues pese a lo evidente de las comunicaciones incautadas, sigue rigiendo la presunción de inocencia. Así, el Código Penal sanciona con una pena de hasta 3 años al juez que revele los secretos del juicio o dé auxilio o consejo a cualquiera de las partes interesadas en él. A su turno, las figuras de cohecho –dependiendo de cuál sea la hipótesis– podrían llegar a penas de hasta 10 años, siempre y cuando se den los requisitos que el legislador establece para la configuración de estos delitos, propios e inherentes a los funcionarios públicos”

“De esta forma, una cosa es la acusación constitucional que se ha esbozado y otra una investigación penal, pues ambas tienen distinta naturaleza, siendo esta última la más grave, pues puede acarrear penas de cárcel efectivas. Como usuaria del sistema procesal penal, estimo que debe hacerse todo lo necesario para erradicar de las resoluciones judiciales los amiguismos, influencias, etc., pues en un Estado democrático de derecho la igualdad ante la ley es clave, y por ello se debe indagar cueste lo que cueste para devolver la legitimidad del sistema judicial”, complementó la penalista.

Como comunicó el presidente Ricardo Blanco, lo hechos por los que se investigará administrativamente a la ministra son seis, los cuales, además de graves, afectarían “los principios de independencia, imparcialidad, probidad, integridad y transparencia que rigen al Poder Judicial”.

1. Interferencia en el último procedimiento de designación del cargo de fiscal nacional y en los nombramientos de conservador de bienes raíces de Viña del Mar y de Concón.
2. Irregularidades cometidas en la tramitación y conocimiento de la causa de consorcio Belaz Movitec Spa con Codelco.
3. Intervención en nombramiento de ministros y ministras de cortes en coordinación con el abogado Luis Hermosilla Osorio.
4. Intromisión en causas en tramitación y en la integración de salas de la Corte Suprema con el abogado Luis Hermosilla Osorio.
5. Entrega de información acerca de causas relacionadas con miembros de Carabineros de Chile y de las Fuerzas Armadas de conocimiento de la Tercera Sala de esta corte antes de la firma de la sentencia y su notificación, y efectuar recomendaciones procesales al abogado antes mencionado.
6. Concertación con el abogado ya referido para obtener el nombramiento de miembros de este tribunal afines a sus intereses.